Celeste Coelho y Mariela Ocampo, han denunciado penalmente a su tío, el abogado Sebastián Soria por hechos de abuso sexual cuando eran niñas hasta su adolescencia. La justicia no avanza en la investigación y el fiscal Emilio Gurrieri argumenta que “las denuncias se realizaron luego de varios años de transcurridas las violaciones, por lo que ya habrían prescrito para investigar a su colega”.
En 2011, se sancionó la Ley Piazza (impulsada por el diseñador de modas Roberto Piazza quien fuera víctima de abuso sexual cuando era niño) que dispuso que el plazo de prescripción de estos delitos empieza a correr desde la medianoche del día en que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad. En 2015, la Ley Piazza fue reemplazada por la ley de “respeto al tiempo de las víctimas”. Ahora el plazo empieza a correr cuando la víctima llega a la mayoría de edad y efectúa la denuncia (los dos requisitos). Entonces, si la víctima decide denunciar a los 30 años en ese instante empezará a correr el plazo de la prescripción. |
En búsqueda de justicia, las víctimas solicitaron la revisión de su caso al Procurador General Dr. Sergio Lello Sánchez. Ante la impunidad del abusador, las mujeres decidieron realizar la publicación en redes y además advertir la situación de Soria.
El denunciado es Sebastián Soria, abogado del foro local y funcionario del municipio de Palpalá. Asimismo, es familiar de las denunciantes.
En las publicaciones en redes sociales, las mujeres señalan que “los abusos sexuales ocurrieron cuando tenían 5 y 6 años de edad y se extendieron hasta la adolescencia, siempre con la misma modalidad: abusar de ellas cuando se encontraban solas y luego de cometer las violaciones amenazarlas para silenciarlas”.
Las víctimas relataron en sus declaraciones que el letrado se aprovechaba de la confianza que le daban sus familiares, debido al parentesco sanguíneo con ellas, para cometer los abusos, algunos de los cuales fueron con penetración cuando tenían 9, 10 años de edad.
Lo que aún indigna a las mujeres es que el abogado se desempeñó años atrás en la Secretaría de la Niñez y Adolescencia de la provincia y en otros organismos gubernamentales, donde tenía acceso directo a potenciales víctimas. Hoy se encuentra trabajando en la Municipalidad de Palpalá en una secretaria con contacto directo con menores de edad con problemas psicológicos o de adaptación.
A pesar de las pruebas que presentaron las víctimas, el fiscal Gurrieri “respondió que las denuncias se realizaron luego de varios años de transcurridas las violaciones, por lo que ya habrían prescrito para investigar a su colega”.