Desalojo arbitrario y desproporcional en territorio la Comunidad Indígena de Tilquiza

Violento desalojo en a la comunidad Tilquiza del Pueblo Ocloya, sin orden judicial y ante un desproporcionado operativo de las fuerzas de la Policía de la provincia, reprimieron y detuvieron a 9 personas que realizaban una protesta pacífica.

Más de 9 móviles policiales se desplegaron en el teritorio, policias de la Brigada, Infanteria ejecutaron la orden del fiscal Alejandro Maldonado y el fiscal Generla del MPA Sergio Lello Sánchez.

Fueron detenidas hombres, mujeres con niños, entre ellos Néstor Jerez cacique de la comunidad, y entre ellos un trabajador del INADI. Varios están golpeados y revisados en medicina legal. Los detenidos se encuentran en la Brigada de Investigaciones en barrio Chijra, y allí integrantes de la comunidad esperan la liberación de los integrantes de la comunidad.  

Un nuevo acto discriminatorio y violatorio a los derechos Constitucionales, DDHH, Ley 26160 y “Protocolo para el Abordaje en conflictividades de tierras en comunidades aborígenes” Resolución MPA Nº 2261/2021.

El conflicto es de años atrás y el camino ancestral en Tilquiza fue cerrado por el  empresario Verzzini . Hay una medida cautelar de Prohibición de Innovar en Expte. B-246580/2010 contra terrateniente Daniel Verzini quien intenta talar y sacar madera. La intimación omite reconocer que el lugar de conflicto es territorio comunitario reconocido por ley 26160; como así también se hace notar que los integrantes de la Comunidad realizaron desde el 15 de julio del corriente año múltiples denuncias registrado y acumulados en Exptes. Nº 327-CST/22 y 393-CST/22 por el mismo motivo, sin respuesta del fiscal interviniente.

Se trata del único camino de acceso a territorio de la comunidad Tilquiza del Pueblo Ocloya de Jujuy, a 17 kilómetros de San Salvador, fue obstaculizado tras el aval judicial de la Cámara Civil y Comercial de la provincia, a cargo de María del Huerto Sapag.

Producto de este fallo, tras el cual se instaló un portón con candado, la comunidad realizó una protesta pacífica en el lugar que terminó con al menos nueve personas detenidas, entre ellas el representante del área de Pueblos Indígenas del organismo, Néstor Jérez.

A través de un comunicado el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo expresa su profunda preocupación ante este nuevo atropello que sufre la comunidad Tilquiza. Recientemente, a través de la delegación de Jujuy, expresamos nuestro apoyo al reclamo de la comunidad en su acceso al territorio.

El territorio en disputa es parte de la ocupación actual, tradicional y pública que ejerce la comunidad sobre un territorio reconocido por el Estado argentino en el marco de la Ley 26.160 y el decreto presidencial 805/2021 que prorroga la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas hasta noviembre de 2025, e impide innovar.

El relevamiento de la superficie reclamada, de más de tres mil hectáreas, se encuentra en este sentido reconocido en la carpeta técnica extendida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

La decisión de la jueza a cargo de la vocalía 6 de la Cámara Civil y Comercial de Jujuy es, a su vez, contraria a la dictada el 22 de febrero de 2019 por el titular del Juzgado de Control Penal Nº 2, a cargo de Jorge Rodolfo Zurueta, quien entonces había ordenado “el desalojo de las personas y/o cosas que se encuentren obstruyendo el paso por el Camino ‘El Tilo y la Mecha’ sita sobre Ruta Provincial 35 de la Localidad de Tilquiza”.

Llamamos la atención ante el nuevo atropello que representan las detenciones de Norma Alancay, Macarena Gaspar, German Gaspar, Mercedes Galalan, Belén Arias, Yisela Gaspar, Ana María Cruz, Ramón Jérez y Néstor Jeréz -este último representante del área de Pueblos Indígenas de INADI- durante el ejercicio de defensa de sus derechos.

La obstaculización del acceso al territorio del Pueblo Ocloya expone a riesgos físicos a las personas de la comunidad Tilquiza, así como genera antecedentes legales negativos en el reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas. Las detenciones no hacen más que profundizar esta discriminación y desigualdad histórica.

Desde el INADI solicitamos la liberación inmediata de las personas detenidas y la restitución del paso libre a la comunidad para acceder a su territorio.