El desalojo en la finca Guerreros o finca Quevedo se concretó despojando a cinco familias de sus pertenencias y seis integrantes de la comunidad aborigen de Guerrero fueron demorados por varias horas, aunque fueron liberados por la tarde noche.
Ellos fueron: Máxima Bustamante, Nélida Bustamante, Jorge Cruz, Santiago Cruz, Pablo Quipildor y una mujer de nombre Ivana fueron detenidos en el marco del desalojo dispuesto por la jueza Lis Valdecantos Bernal, jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Juzgado N°7, secretaria 13.
Los detenidos fueron llevados a la Brigada de Investigaciones al mediodía, en horas de la tarde continuaba el operativo en la finca, una muestra de poder de los Jenefes. Las fuerzas de seguridad arrasaron con las pertenencias de las familias, despojados, desarraigados de esas tierras donde residían de hace años.
El jefe de la Policía de la provincia, Javier Tejerina estuvo al frente del operativo con un centenar de efectivos que ingresaron a las viviendas, retirando las pertenencias de las familias. Niños y adolescentes entre 6 y 16 años fueron retirados, estuvo Tatiana Sánchez integrante de la Secretaria de Niñez. Asimismo, entre los que presenciaron el brutal desalojo, se encontraba una jueza de paz y agentes del Ministerio Público de la Acusación que estuvieron durante la ejecución de la orden judicial.
La comunidad aborigen de Guerrero fue desbordada ante el desalojo y las secuencias de violencia que se vieron. Las fuerzas de seguridad estuvieron desde la madrugada en el lugar, sin permitir el ingreso de algunas de las familias de la comunidad a sus viviendas. Efectivos, el CEOP, camionetas, móviles policiales, camionetas camufladas, caballos, fuerzas de seguridad de Infantería y otros.
Las pertenencias de las familias desalojadas, fueron llevadas en camiones a la seccional 34 de Los Nogales. La tormenta desatada durante la tarde mojó las pertenencias: colchones, abrigo, ropa, mercadería. Las familias quedaron en situación de calle.
Este nuevo desalojo a la comunidad aborigen se suma a otros casos similares, donde los que accionan judicialmente se apoyan en el poder político para llevar adelante el objetivo. Cabe mencionar el caso de la familia Velázquez que, con posesión veinteañal, fueron denunciados por los Haquim en Los Nogales. Otro en Palpalá la comunidad Tusca Pacha que fueron denunciados por Gronda y otros parientes. El común denominador de políticos denuncian por usurpadores a familias y atropellan derechos de ciudadanos a través del abuso de autoridad de personas vinculadas al poder político y judicial de la provincia.
La versión colonizada
Tras ejecutar la orden judicial puso fin al conflicto de 17 años, la jueza Valdecantos Bernal recibió el pedido del denunciante Juan Jenefes Quevedo (diputado provincial del PJ), Joaquín y Pablo, todos hermanos e hijos del ex vicegobernador Guillermo Jenefes, que reclaman las tierras heredas de Susana Carillo de Quevedo Cornejo, en un sector del predio en Guerrero ocupaban las familias de Cipriano Bustamante y Santiago Cruz.
Las familias desarrollaban su vida, reconocidos por los Jenefes hasta que hace 17 años decidieron retirar a las familias y discutir quien tiene más derechos sobre la tierra.
En marzo de 2018 le otorgan la personería jurídica a la Comunidad Aborigen de Guerrero tras el relevamiento técnico, jurídico, catastral reconocida bajo resolución INAI N° 485/08 del Registro Nacional de Comunidades Indígenas, perteneciente al pueblo KOLLA, asentada en el departamento Manuel Belgrano, provincia de Jujuy, en virtud de la Ley Nacional N° 26.160 y sus prórrogas N° 26.554 y N° 26.894, el Decreto Reglamentario N° 1.122/2007 y la Resolución N° 587/2007 del Registro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Ante varias presentaciones judiciales, los Jenefes demandan a Bustamante, Cruz, y a los abogados Carolina Pérez y Omar Cabrera, hacen alusión a una supuesta personería (denegada por el estado provincial) que posteriormente el INAI recomienda se le otorgue. Ellos fundamentan que es potestad exclusiva de la provincia otorgar la personería. Recuerdan que en el 2008 la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, desoyendo lo dispuesto en el expte 248-06/07, le otorga en el 2016 la personería a la comunidad sin que Fiscalía de Estado tome razón de ello y como tampoco se realizó la publicación en Boletin oficial. Hoy en día la personería está revocada por decreto 2696-G/2021.
A pesar de las carpetas técnicas de la zona de Guerrero, la personería fue revocada. En este expediente extenso hubo un pedido de desalojo en el 2016 y no se concretó, luego una intimación en 2019 a los demandados.
La cédula de notificación al abogado Carlos Mamaní Cruz que representa a la Comunidad aborigen de Guerrero, tenia fecha de 23 de septiembre, sobre el expediente B-181311/2007. Allí se señalan las actuaciones judiciales: la posesión veinteañal, la derogación de la personería jurídica de la Comunidad aborigen Guerrero, las denuncias e imputaciones a los abogados Carolina Pérez y Omar Cabrera en junio 2024.
Favores y gauchadas
Los Jenefes en 2016 solicitaron al Gobernador Gerardo Morales a través del Fiscal de Estado, Mariano Miranda que intervenga en el expte 261-2016 y 248-06/07 comunidad aborigen Guerreros, Secretaría de Pueblos Indígenas, exponiendo acto irregulares e ilegales que merecen ser atendidos, “en clara violación a derechos constitucionales de particulares y en violación de la ética profesional y la comisión de delitos penales” expresan en una nota que lleva la firma de Juan Jenefes.
Los Jenefes habían solicitado años antes el desalojo a la jueza y no lo había concretado. En este proceso la jueza Valdecantos Bernal fue recusada y ella rechazó y, si esta vez (por ayer) no hacia cumplir la orden judicial, sabía que le seguía un Jury si no ejecutaba la orden. Ademas, Valdecantos fue designada como jueza en el gobierno de Fellner-Jenefes.
En este proceso, el recurso de Queja presentada en la Corte suprema de Justicia de Nación no tiene efecto suspensivo expresa el proveido.
Esta causa que se inicia en el 2007, resulta que la familia que iniciaba la posesión veinteñal en unas hectáreas de Finca Guerrero, recibió por esos años el concejo de la actual diputada nacional Natalia Sarapura de conformar una “comunidad aborigen”. Por aquellos años, Sarapura presidia el Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (Coaj) y envió a la abogada Carolina Pérez a organizar a la comunidad para que obtengan la personería jurídica. Es así, que Pérez representó a la comunidad y ocupaba el cargo de Secretaria de Pueblos Indígenas. Situación similar el abogado Cabrera, a la fecha ambos imputados.
Todo el conflicto deja ver el tejido de poder entre el bipartidismo del peronismo y el radicalismo y las irregularidades en la administración de Morales. Lo lamentable es que cinco familias fueron dejadas sin techo sean comunidad aborigen, sean campesinos rurales.
Solidaridad con la comunidad de Guerrero
Ante el desalojo de la comunidad aborigen Guerreros, recibieron apoyo de referentes sociales, políticos, indígenas, y es un tema que también se planteo en el 37 Encuentro Plurinaconal de Mujeres y disidencias celebrado el fin de semana pasado.
La organización Alerta Campesina, difundieron un comunicado en el que denuncian la complicidad del ex vicegobernador Guillermo Jenefes, propietario del Canal 7 de Jujuy -la única emisora de televisión por aire de la provincia-, con el gobierno radical de Carlos Sadir.
La Comunidad Aborigen de Guerrero tiene Relevamiento Territorial técnico, jurídico y catastral, según la Ley 26.160, aprobado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2018.
La personería jurídica de la comunidad había sido aprobada por el Gobierno provincial, aunque luego fue desestimada.
Muchas organizaciones ya han expresado su solidaridad con la familia Bustamante Cruz de la Comunidad Aborigen de Guerrero. Los vivillos durante años han aprovechado sus posiciones de poder en la estructura institucional del peronismo jujeño para tejer su poder personal y familiar, agrandar sus bolsillos y terminar obrando siempre contra el pueblo. El abrazo con Gerardo Morales en junio de 2023 para celebrar la Reforma, muestra un pacto que va más allá de ese hecho. De hecho, Guillermo Jenefes fue uno de los convencionales constituyentes por el peronismo.
Comunicado de la Asamblea de Comunidades de Jujuy
Estado jujeño-argentino, una vez más, reafirma la Encomienda en la Comunidad de Guerreros.
El abrazo de la Reforma -20 de junio de 2023- entre el exfuncionario peronista (Jenefes) y el exfuncionario radical (Morales) condenó a la Comunidad de Guerreros al despojo y desalojo de sus tierras. Condenó a todas las Comunidades de Jujuy.
El Estado jujeño y argentino han generado un sistema de normas paralelas y contrarias al derecho constitucional y a tratados internacionales que protegen Pueblos Indígenas en Argentina. En otras palabras, los intereses foráneos en tierras indígenas ya tienen instrumentos legales (injustos e inconstitucionales) para tomar lo ajeno. Se trata de un robo usual y acostumbrado de quienes llegaron hace 500 años a conquistar y colonizar.
La Comunidad de Guerreros heredó sus tierras de los Inkas, de allí su pertenencia Kolla. A la fundación de Jujuy, Francisco de Argañaraz y Murguía tomó esas tierras en Encomienda, con los abuelos indígenas de los actuales habitantes, que fueron su servidumbre hasta casi la actualidad. Luego se pasaron la encomienda entre todos los familiares del conquistador y genocida de indios. En la República consolidaron su Encomienda mediante artilugios poco claros, más bien oscuros, y se transformaron en finqueros o terratenientes. NUNCA COMPRARON ESA PROPIEDAD. ¡LA ADQUIRIERON POR ENCOMIENDA! La consolidaron con el uso del Estado jujeño/argentino.
Hoy el abrazo de la Reforma y una juez colocada por Jenefes consolida nuevamente la Encomienda de Francisco de Argañaraz y Murguía y su parentela en tierras indígenas de la Comunidad de Guerreros, del Pueblo Nación Kolla.
Repudiamos totalmente la operación de despojo y desalojo de familias indígenas. ¡El orden colonial debe cesar en nuestras tierras!
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