JUJUY

Más violencia contra comunidades

Desalojo: el fiscal le dio 24 horas a la comunidad Tusca Pacha para que se retire del lugar

El ayudante Fiscal, Ariel Chauque se presentó ayer en la comunidad por la denuncia de atropello por parte de la empresa Sucre. El ayudante tomo fotos y realizo un acta donde sugirió desalojar por propia voluntad en 24 horas el lugar.

foto ilustrativa
foto ilustrativa

La Comunidad Tusca Pacha de Los Alisos de Palpalá recibieron la visita del ayudante de fiscal Ariel Chauque acompañado por seis policías, y  Alfredo González, representante de la empresa inmobiliaria Sucre  con una nueva intimidación de desalojo. El conflicto lleva varios años, la violencia institucional es recurrente, ante la insistencia de instalar proyectos inmobiliarios  en esas tierras.

Otra vez, el desalojo a familias campesinas,indígenas amenazadas por empresarios y funcionarios provinciales acompañados por funcionarios judiciales y fuerzas de seguridad. Un caso similar a los que se conocieron en este año como el avance del ex gobernador, hoy diputado Carlos Haquim en Yala contra una familia rural. En otro sector de esa zona, donde el ex diputado nacional (MC) José Luis Martiarena, intendente de San Salvador de Jujuy que denuncia de usurpadores a  familias que residen desde 1944 y lograron que cuentan con un trámite civil y en todas las instancias, la justicia les dio la razón sobre la posesión de la finca Los Sauces. 

Solo como antecedentes similares de desalojos violentos, aparentemente con el acompañamiento de la justicia adicta al poder de turno. Lilia Maraz tiene 74 años y vive en ese lugar hace 50 años, años antes la detuvieron porque la acusan de usurpadora.

Por estas horas, el blanco es la comunidad Tusca Pacha que se defiende en la justicia, un expediente extenso y el empresario denunciante vuelve contra la comunidad.

El miércoles pasado, realizaron la denuncia por los destrozos que la Empresa Sucre hizo en el sembradío, arrasando  alambrados. “Nuestra plantación de maíz que esperaba ser cosechada para semilla y destrozando nuestra siembra de maní. A pesar de nuestra denuncia, la fiscalía recién apareció” señala una integrante de la comunidad que viene con un conflicto judicial desde el 2022.

En la semana que pasa, fueron días duros para la comunidad, y ayer dos días después de la denuncia se hizo presente el fiscal. “Su presencia era para hacer constataciones e informes socio ambientales cuando la empresa Sucre nos denunció de usurpadores. No contento con ello, el ayudante de Fiscal Ariel Chauque auspició de vocero de la empresa: nos informó de sus pretensiones para con nuestras tierras e hizo firmar un acta a nuestra presidenta, que firmó en disconformidad, donde nos sugería desalojar por propia voluntad en 24 horas, con la amenaza de desalojarnos por la fuerza si así no lo hiciéramos, arrogándose funciones de juez” relata una de lso integrantes de la comunidad, subrayando las amenazas del funcionario judicial y del empresario.

“Ante nuestros insistentes pedidos de que dejaran constancia de los destrozos y de las evidentes pruebas de posesión de más de 20 años, el ayudante de fiscal Ariel Chauque sólo tomó algunas fotos. No hizo ninguna mención en el acta. Ante nuestro insistente pedido de explicación con respecto a las leyes que intentan aplicar en un desalojo expreso sin ninguna evidencia de usurpación y sin derecho a defensa, no pudo más que balbucear artículos de la constitución en defensa de la propiedad privada. Sin dejar de presuponer que el sólo título que ostenta Sucre es prueba suficiente para que tenga derecho a pasar por encima de derechos posesorios de una Comunidad Indígena con más de 20 años de posesión. Repetía insistentemente que sólo cumplía órdenes del fiscal a cargo: Diego Cussel”.

La inmobiliaria  Sucre, tiene como socios a Alfredo González  empresario, y Javier Gronda funcionario del gobierno de la provincia en la gestión peronista, y escalo cargos en el gobierno de  Gerardo Morales,  actualmente es Secretario de Justicia de la provincia

González, es presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de Jujuy, dueño de estaciones de servicio en Palpalá.  

Ante este nuevo desalojo, las familias campesinas esperan que la justicia garantice la ley 26160, y en esta disputa que plantean los de la empresa Sucre  haya igualdad en la defensa de esas tierras y repudian el abuso de autoridad.  



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