Tristeza y angustia en familias del barrio Radio Estación Tilcara, tras su resistencia a la reubicación del Gobierno de la provincia lograron frenar el desalojo que está previsto para hoy, tras la presentación de medidas judiciales por la abogada Alejandra Cejas.
Susana Gutiérrez vive con sus hijos, se encadenó ayer en su vivienda que colinda con la parrillada del actual intendente Ricardo Romero, a quien no lo desalojan del predio. Ante esa situación las familias solicitan que las dejen en el lugar, además trabajan vendiendo comida a los camioneros que pasan. Efectivos policiales le dejaron la notificación de desalojo clavada en uno de los postes.
“Prohibido rendirse, hay alguien que siguen mis pasos y me dicen mamá”, escribió en sus redes Susana y aclaró “peleando por mis derechos, por los derechos de mis hijos, yo no robé, yo no usurpé, construí mi casa con sudor para darle un hogar digno a mis hijos. Que está vez la injusticia no triunfe... basta, basta de tanto atropello. 32 años viviendo aquí, toda una vida, mis niños nacieron y están creciendo aquí en Tilcara, Radio Estación... arriba los derechos, abajo la reforma...”.
Son tres las familias la más afectadas y que vienen siendo perseguidas y hostigadas por la justicia provincial ante una denuncia falsa propiciada por Emiliano Rodríguez, coordinador del tren solar y que acusó a las familias como usurpadores del predio.
Ayer el barrio se encontraba sitiado por un fuerte operativo policial más de 250 efectivos, fuerzas de infantería de la provincia de Jujuy. El sector estuvo vallado para desalojar a las familias ante la inminente obra del Tren Solar ya que en la zona se construirá un polo comercial.
Notificación de desalojo
El predio lo requiere el gobierno provincial y a través de la justicia provincial, realizó las denuncias a las familias tilcareñas acusándolas de “ocupar el predio” con el fin de desalojarlas. Hoy vencía la orden de desalojo del juez de Control, Gustavo Ortiz.
En total, eran 19 familias que residían en el barrio, algunas aceptaron firmar un convenio y ser reubicados por el Ejecutivo provincial ante las presiones y persecuciones. Para el ministro de Seguridad, Guillermo Corro, este acuerdo con las familias fue producto del diálogo “hace una semana, conversando con la gente y coordinando el traslado” y señaló que el 95% de las vías ya fueron recuperadas.
Por el contrario, otras familias resisten en sus viviendas porque no tienen dónde ir. Hay casas en el predio del ferrocarril que no están cerca las vías, pero el gobierno provincial busca el lugar para negocios comerciales.
En el pueblo de Maimará vecinos en la misma situación cedieron el fondo de sus casas para que pase el tren, a pocos metros de las vías si bien es peligroso, pero los dejaron quedarse.
En tanto, en la tarde de ayer fueron demolidas por las maquinarias de Vialidad provincial cuatro viviendas en el predio de Radio Estación Tilcara que estaban cercanas a las vías. Los vecinos ante la presión se fueron a los módulos.
La situación social es muy crítica, tensa, la mayoría de las familias encabezadas por mujeres, niños, que cuentan con la documentación de adquisición de las tierras y otros con permisos precarios, ya que eran familiares de ex ferroviarios. Ante el operativo policial los vecinos quedaron sitiados en sus casas, la policía no permitía el ingreso ni egreso del predio, a familiares les pedían el DNI a los que intentaban. En el operativo estuvo presente el ministro de Seguridad, Guillermo Corro y el fiscal Fernando Alancay.
La familia Chiriguay junto a sus niñas fue una de las señaladas para el desalojo, la vecina expresó ante el fiscal Alancay “soy madre soltera, con mi hija no puedo entender porque son tan inhumanos. Les dije que nos vamos, pero necesitamos tiempo”, suplicaba la mujer desesperada ante la amenaza de las fuerzas policiales. “Soy docente, tengo que hacer de albañil para sostener a mi hija porque a nadie le importa, no me digan de convenio, porque para eso había que pagar abogado. Mi hija no firmó, porque apenas tiene plata para solventar la enfermedad, no tenía para pagar abogado. Por no tener 15 mil pesos la dejaron afuera, esa es la impotencia que tengo. Sé que los que están en el poder no va a ser eterno, en algún momento van a caer y se van a acordar de las lágrimas que me han hecho derramar a mí, a mi hija a mi nieta que están encerradas en esa casa” le transmitió al fiscal. En la casa se encontraban las niñas de 4, 6 y 8 años. “No me voy a ir de acá señor fiscal, ármeme una causa como le hizo todos los demás. No me voy a ir hasta que me lleve la última piedra porque para mí eso fue un sacrificio. Usted tendrá casa, trabajo. Mi hija no tiene nada, la llevan a un lugar donde no tiene seguridad”, en referencia a los módulos “le llenaron los tanques y no hay agua” señaló la vecina que requiere tiempo para dejar el lugar.
Susana Gutiérrez encadenada para evitar el desalojo
Desalojos sin juicio
La abogada Alejandra Cejas patrocina a tres familias y relató que “las familias afectadas ante el desalojo han adquirido los bienes de la estación Tilcara después de la privatización de 1992. Tenían la opción de comprar la vivienda como trabajadores por la ley 24146 y autorizaba a la empresa Ferrocarriles Argentinos a realizar la venta”, la compra fue realizada con descuentos mensuales en sus salarios, ya que la empresa seguía operando a pesar que el troncal no estaba funcionando hasta el 1995. “Ellos quedaron como propietarios y el Estado provincial tenía la obligación de hacer un inventario de los bienes remanentes de los ferrocarriles, la ley prevé 30 años para ello, esa ley venció el año pasado y no hay nueva ley que haya aprobado que el Estado provincial que se haga cargo y quedo en manos de la Agencia de Bienes del Estado”, organismo que se hacía cargo de la administración de los recursos de las propiedades del Estado nacional ex ferrocarril. “Jujuy no tiene la titularidad de las tierras por donde pasa el tren, son del Estado nacional”, explicó la abogada.
En este sentido recordó que la denuncia penal que realizó Emiliano Rodríguez, Coordinador de la Unidad Ejecutora provincial del Tren Jujuy - La Quiaca, acusando a las familias de “ocupación del predio Radio Estación para lucrar” es “falsa”.
“Familias que viven desde principios de los 90, empezaron a sentir la presión por parte de funcionarios y la justicia provincial con denuncias falsas para sacarlos con amenazas y obligarlos a que firmen un convenio para reubicarlos. Sacaron una cautelar de desalojo cuando nunca hubo juicio para determinar si fueron usurpadores o no. De hecho, las viviendas están construidas de material y las familias tienen acreditado el domicilio en el DNI, documentación que dan cuenta que viven hace años en el barrio”.
Hay otras familias que ingresaron posterior a la ley mencionada, y obtuvieron permisos precarios otorgados por el ex intendente radical Félix Pérez, de manera que los vecinos tenían posesión vía acto administrativo del Estado municipal.
Ante la situación judicial que se desató, Cejas informó que “hemos interpuesto distintos recursos judiciales para frenar el desalojo y el perjuicio de esa cautelar que no es sentencia definitiva, porque jamás hubo juicio y vamos a avanzar con la imputación al agente fiscal Fernando Alancay y Emiliano Rodríguez como los responsables de la denuncia de usurpación cuando no existió y es causa generó el hostigamiento, amenazas a las familias y la persecución penal falsa” . Ante las presentaciones judiciales la justicia jujeña hizo lugar a una audiencia para el 4 de diciembre donde plantearán nulidades en el expediente.
Por otro lado, Cejas relató que son 4 las denuncias penales que pesan contra Alancay y Rodríguez realizadas por vecinos afectados. “Tengo instrucciones de seguir los casos porque los denunciados son los principales responsables de haber gestado los desalojos para avanzar con negocios en el predio”.
En cuanto a los desalojos en el barrio Radio Estación, entre las casas, comercios, hay una planta reductora de gas por donde pasa el tranvía y el proyecto no cuenta con estudio de impacto ambiental y no tuvo autorización de la comunidad para funcionar. “Hay un desapego de las normas por parte de las autoridades municipales en todas las estaciones” en referencia a las estaciones en cada pueblo quebradeño, agregó la abogada.
También señaló que “se violenta la normativa internacional en materia de protección cuando se otorgan créditos de la envergadura que se le dio a Jujuy una suma cercana a los 475 millones de dólares que tenían que servir para un tren de carga, no un tranvía como el que están instalando” referenció respecto al financiamiento del BID y la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Una de las vecinas, Estela relató que la intendenta electa, Sonia Pérez, se acercó al barrio, y les dijo “los que no firmaron el convenio no tienen posibilidad de arreglo y ubicación. Mientras que los que firmaron y al ver que los módulos son pequeños dijeron que no van a ir, no tiene servicios de agua y luz”, a pesar de ello y el miedo que se instaló en el barrio, esos vecinos se fueron.
Los 11 módulos están ubicados en un terreno expropiado cerca del centro de jubilados en Tilcara y son los que entregan a las familias relocalizadas. “Los módulos son de 3 x 3 metros, un baño y sin servicio. El gobierno lo que hizo fue instalar agua a una sola casa, el personal de Agua Potable nos dijo que es para la foto. A las otras casas les llenaron el tanque y no están conectadas a la red. Algunos se fueron a vivir y tienen sus cosas a la intemperie porque son diminutas”, describió la vecina.
Por otra parte, Pablo Civetta, titular del Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana de la provincia ante los desalojos en declaraciones a Radio Nacional relato: “son 16 entre familias y negocios que deben salir de la Estación, algunos firmaron y otros no. Los que firmaron tienen un lote del plan Mejor Vivir y los que no firmaron siguieron con la opción de la justicia. Porque en realidad la resolución de la Suprema Corte no sale de un día para el otro. Venimos hace dos años trabajando con este tema, cuando pusimos ante la fiscalía la denuncia empieza el trámite, en primera instancia perdieron, en segunda instancia pasa a la Suprema Corte y salió favorable al Estado. Las personas que no firmaron convenio no tenían ninguna opción donde ir, pero bueno, son las decisiones de las personas” expresó el funcionario.
Promesa del tren
Morales desde el 2015 anunció el regreso del tren, apelando al sentimiento y el recuerdo que dejó el ferrocarril en los pueblos de la quebrada. Después de años de la privatización, el gobierno jujeño apostó a una de las obras faraónicas, el proyecto que fue celebrado sufrió modificaciones. Hoy, el regreso del tren solo será turístico con la fuerte impronta de “solar, con baterías de litio”, no es de carga, solo de paseo de Volcán a Humahuaca cuando funcione.
Los vagones del tranvía llegaron la semana pasada, adquiridos en China y llegaron a la terminal portuaria de Zárate, de ahí transportados por tierra hasta la localidad de Volcán. Ya están los operarios trabajando para instalar un primer tramo Volcán-Purmamarca y luego se realizarán las otras etapas.
El valor del pasaje del tren solar sería de un estimativo de 40 mil pesos para turistas, en marzo sería probable que inauguren el primer tramo. El tren recorrerá: Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara y Humahuaca.
La obra de instalación del tranvía recibió aportes de Vialidad Nacional debido al terraplén bajo en algunos sectores que en épocas de lluvia se inundaría y sobre todo en los desagües, entre otros planteos informales. En tanto que el tramo de la traza que cruza la Ruta Nacional 9 aún está siendo evaluada para su aprobación. La obra se montará sobre la traza antigua, no cuenta con estudio de impacto ambiental y social.
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