JUJUY

También actuó contra la comunidad de Guerrero

Desalojos a comunidades indígenas y una jueza cuestionada

Lis Valdecantos Bernal fue denunciada por la orden de despojo en Cueva del Inca, comunidad reconocida por el Estado Nacional y con carpeta del RETECI que establece la posesión territorial

Foto: Originarios.ar
Foto: Originarios.ar

 

Un operativo desmedido, represión y el accionar reiterado de una jueza que responde a intereses privados: Lis Valdecantos Bernal fue denunciada por lo ocurrido este martes en Tilcara, donde ordenó el desalojo de integrantes de la comunidad indígena de Cueva del Inca.

Todo comenzó durante la mañana de ayer, cuando el centro de Tilcara se notó el movimiento incesante de al menos 200 efectivos de la Policía de la provincia, además del Cuerpo de Infantería. El despliegue correspondía a la orden de desalojo que dictó la jueza en lo Civil y Comercial contra el comunero Javier Mamani y su familia.

Sin importar la presencia de menores, el operativo se inició alrededor de las 11 y reprimió a las familias. Dos horas después, gracias a la presencia de gendarmería, la comunidad fue resguardada. Ello, debido a la denuncia que realizó la abogada Silvana Llanés ante la Fiscalía Federal.

Sin embargo, no fue la única denuncia que se hizo en la jornada, el antropólogo Gustavo Ontiveros también apuntó a la ilegalidad del procedimiento y apuntó contra la jueza.

Las presentaciones ante la justicia en defensa de la comunidad indígena se basan en el reconocimiento que tienen desde 2014 por parte del Estado Nacional y que, mediante el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas -ReTeCI- obtienen una carpeta del expediente respecto a la posesión ancestral territorial. A pesar de ello, Valdecantos igual impartió la orden de despojo.

Asimismo, el denunciante apuntó a la destrucción de patrimonio arqueológico y cultural, teniendo en cuenta que en lugar se encuentra el sitio arqueológico Sarahuaico, por lo que también se violaría la ley Nacional de Patrimonio.

Pero no es el único punto sobre el cual Ontiveros puso el foco, el principal cuestionamiento se debe a que el lugar del desalojo no se correspondería con la nomenclatura catastral. Según señala la notificación de desalojo, el terreno en disputa se encuentra dentro de la Finca Cortaderas, Distrito La Banda, Departamento de Tilcara. El antropólogo indica que dicha finca se encuentra en otro lado de la banda del pueblo, por lo que tampoco se corresponde el desalojo de las familias de la comunidad de Cueva del Inca.

La violación sistemática de leyes nacionales hizo que se apuntara contra la jueza Valdecantos, quien ya tiene un historial de desalojos en contra de comunidades y favoreciendo a privados.

En noviembre de 2024, la magistrada dictó una orden similar contra la comunidad de Tilián. El conflicto es por unas 5 hectáreas de las cuales Carlos Bárcena manifiesta ser dueño. El caso es similar a lo que ocurre en Tilcara: la comunidad también posee la carpeta del ReTeCI que demuestra la ocupación territorial ancestral.

Un mes antes lo mismo ocurría con la comunidad de Guerrero. Allí la familia del ex vicegobernador Guillermo Jenefes pidió desalojar a las familias que vivían en Finca Quevedo. Dichas tierras pertenecían a Susana Carillo de Quevedo Cornejo, esposa del empresario y dirigente político. Heredero de esas tierras, la familia Jenefes que supo reconocer la ocupación por parte de las familias, cambió de parecer y denunció la usurpación de las tierras.

No obstante, en marzo de 2018 la Comunidad Aborigen de Guerrero había obtenido la personería jurídica tras el relevamiento técnico, jurídico, catastral reconocida bajo resolución INAI N° 485/08 del ReTeCI.

El accionar de la jueza Lis Valdecantos Bernal es sistemático, desconoce la ocupación ancestral y favorece a poderosos empresarios.



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