Una audiencia que expuso cómo Gerardo Morales sigue operando en las sombras: a fines de febrero, el abogado de Lucía González comentaba a un medio que el jefe de su defendida había testimoniado haber recibido un llamado del ex gobernador, quien le preguntó por el contrato laboral que tenía la provincia con la arquitecta, contrato que fue dado de baja.
Lucía González es la tercera persona acusada de difundir rumores sobre la vida privada de Morales, amiga de la familia Morandini, pesa sobre la mujer un pedido de prisión preventiva que no se pudo cumplir hasta el momento dado que cuando se liberó la orden, la arquitecta se encontraba fuera del país tomando vacaciones. Ahora, la mujer no quiere volver, hasta tanto no se garantice un proceso ajustado a derecho.
Así lo hicieron saber familiares y amistades de González, que además advirtieron sobre la guardia que se realiza en la casa de la mujer con vehículos sin patentes y efectivos policiales de civil, tal como lo habían hecho con Nahuel Morandini, horas antes de ser detenido. Asimismo, dieron a conocer en un comunicado que la dependencia provincial en la cual se desempeñaba la arquitecta como inspectora le dio de baja a su contrato.
El temor de la arquitecta no es injustificado: tal como relató Morandini, durante su detención en el penal de Gorriti, sufrió malos tratos con la intención de “quebrarlo” y que se declarase culpable de algo que no cometió. Morandini y Villegas pasaron 53 días presos. El escándalo por la medida judicial llegó a la ONU, que se comprometió a dar seguimiento ante la preocupación de la persecución penal contra los acusados.
La acusación contra Morandini, Villegas y González es por lesiones psicológicas y supresión de la identidad, por lo que podrían llegar a tener una condena de 8 años de prisión. A diferencia de los 2 varones, Lucía González no realizó ninguna posteo en redes sociales sobre la supuesta infidelidad en la pareja Morales-Snopek, sino que se habló del tema en un grupo privado de WhatsApp. Dicha conversación fue conocida porque el MPA secuestró el teléfono de Morandini en el medio de la investigación y en la cual, la propia González destacaba que era un chisme que había escuchado mientras realizaba unas compras.