Se reanudó la sesión en la comisión municipal de Caspalá, la vocal Rosa Apaza fue destituída por sus pares la consideran responsable de haber movilizado al pueblo de Caspalá el viernes 18 de noviembre. La vocala presentó su defensa por escrito y no le dieron la palabra. Una sesión a puertas cerradas cuando son actos públicos.
La primera sesión de la comisión municipal fue el martes para denunciar a una vocal por ser opositora a la gestión, esa sesión convocó a los 4 integrantes: Natividad Apaza, Adelina Coronel y Pedro Balcarce, oficialistas, pasaron a un cuarto intermedio y al reanudarse la vocal denunciada presentó su defensa por escrito y no le dieron la palabra, el acto fue a puertas cerradas, cuando son actos públicos y no le dieron copia del acta, nada escrito.
“El escrito lo leyeron, pero no querían firmar (los vocales) y quedaron con el duplicado, yo no firme el libro de actas. Esta es la primera sesión desde que asumí, no hay respeto. Unos cuantos vecinos me acompañaron, estaban afuera no dejaban entrar ni al abogado. Escuche algo de 180 dias sin goce de haberes”, comentó la vocal Rosa Apaza, tras la sesión celebrada ayer pasado el mediodía.
En ese marco de violencia institucional destituyen a la mujer caspaleña que defiende junto a la comunidad aborigen la cancha lugar de encuentro, y también solicitan los vecinos que se busque al trabajador desaparecido Sixto Balcarce desaparecido desde hace 14 dias.
“La sesión fue bastante violenta en el sentido que no permitieron el ingreso de las personas que acompañamos a la vocal. Presentamos la documentación respaldatoria para su defensa de la situación por la cual era injustamente acusada la vocal. Ellos leyeron íntegramente la amplia defensa que planteamos, se negaron a firmar la recepción de la documentación e inmediatamente le dijeron que estaba destituida. O sea, violaron todos sus derechos constitucionales, no permitieron que ella sea asesorada por su abogado”, expresó Plaza.
En ese contexto el abogado acentuó que “son situaciones que violan las garantías judiciales que tiene cualquier ciudadano y en particular son una clara demostración de la violencia política hacia una mujer, y fundamentalmente la estigmatización de todo un pueblo”.
La nota que presentaron los vocales donde acusan a Rosa Apaza tiene la firma de 18 personas de las cuales 10 son empleados municipales que dependen directamente del comisionado y familiares.
“No tienen los asideros legales que corresponden, no tienen los elementos que formalmente existe tanto en la Constitución como la ley orgánica de municipios. Así que básicamente es un atropello lo que se ha cometido hoy. Es una falta de respeto a las instituciones y esto genera la apertura de reclamos judiciales”, adelantó el abogado.
Los vocales oficialistas encabezados por el comisionado Natividad Apaza decidieron destituir a la vocal tomaron la decisión de destituir con varias irregularidades, la medida será judicializada, ya que es una medida disciplinatoria a los opositores políticos.
Documentación del titular del terreno a expropiar en Caspala que no fue consultado
Expropiación
Paralelamente mientras avanzaba la suspensión propuesta por los vocales de la Comisión de Caspalá de sancionar a la vocal opositora, en la capital los legisladores provinciales aprobaban la expropiación del inmueble identificado catastralmente como “Padrón G-565, Parcela 365, Circunscripción 3 Sección 1 Matricula G-476 ubicado en la localidad de Caspalá, Departamento Valle Grande, de titularidad dominial de Moyoja, Daniela o Daniela Genoveva o Genoveva Daniela y/o de quién o quiénes resulte/n ser su/s legítimo/s propietarios, con superficie aproximada de 3 hectáreas 3.792,53 metros cuadrados, o bien, la que surja de la mensura de fracción a realizarse, que se afectará al desarrollo o construcción de espacios deportivos, recreativos y/o culturales”.
El proyecto de ley es del ejecutivo provincial, y en el recinto el miembro informante fue el diputado Gustavo Arias , hombre de la zona de los Valles, oficialista y que impulso un proyecto que no está consensuado con el pueblo.
La comunidad de Caspalá, se enteró de la expropiación por los medios de comunicación, Pablo Cruz es secretario de la comunidad kolla Caspalá y es el que tiene las escrituras y los papeles del terreno que la legislatura busca expropiar por la sanción de la ley 6329.
Cruz relato que sobre ese terreno “la titular es mi madre, El comisionado nunca quiso hablar con ella. O sea, no hay formalidad de nada sobre la propuesta de expropiar y como ellos son institución tienen la obligación de hacer por escrito y consultar” empezó a explicar.
“Es un capricho y él quiere los terrenos sin consultar (gobernador y comisionado), ni decir la finalidad. En la cancha actual quiere hacer la escuela para decir que no tenemos un espacio publico deportivo por lo tanto tenemos que expropiar un terreno. Cuando en realidad tiene los terrenos donados por pobladores de Caspalá que yan o están en el centro del pueblo”, detalló.
Explicó que una parte de el terreno donado está en uso de la escuela y otra parte esta ocupada por gente a fines a Natividad Apaza y por eso no los quieren tocar. Choque (trabaja en la comisión municipal) ocupa un terreno y es parte de la escuela. Entonces para no tener problema con su gente, expropia”.
La gestión anterior de Apaza, adquirió un terreno, recibieron una donación y allí no quieren construir. “El comisionado está obsesionado de vengarse hacia mi persona porque no lo acompañe políticamente y por eso quiere hacerme daño”. En esa línea recordó que para la entrega de materiales a las familias afectadas por el cismo “a mi no me han dado nada y vino material de Nación solo entrego a sus familiares y amigos”, el cismo que sucedió hace dos años atrás.
El dip. Gustavo Arias de la UCR promoviendo el proyecto de expropiación
En la 12° sesión de la legislatura la defensa acérrima del proyecto del ejecutivo de expropiar el terreno de Caspalá fue del titular de la bancada oficialista Alberto Bernis y de la diputada del PRO Cinthia Alvarado. Argumentos que solo replican las expresiones autoritarias del Gobernador y buscan avanzar con proyectos inmobiliarios en el pueblo valle de altura.
Mientras que el legislador Alejandro Snopek del bloque Juntos por Jujuy Frente de Todos, expuso la situación grave que vivió el pueblo de Caspalá tras la represión del viernes 18, explicó que “se comunicaron con pobladores de Caspalá y que la construcción de la escuela debe ser con el consentimiento del pueblo y no hubo consenso. No nos oponemos a la construcción de la escuela, sino que se cumpla con el consentimiento del derecho de la consulta libre previa e informada de la OIT y que tiene rango constitucional” expreso en parte de su intervención.
Ese guante lo levanto Bernis recordando que: “El gobernador convocó al comisionado y vino con 50 personas que representan al pueblo y distintos sectores, y Apaza es uno de los integrantes de la comunidad y el gobernador envió este proyecto”, reunión que criticó la comunidad porque a esa reunión no fue el pueblo sino familiares del comisionado.
“Es muy difícil que una empresa vaya a Caspalá y nos encontramos con 3 o 4 familias que se oponen y quieren seguir con sus hospedajes y vender bebida”, expresiones básicas del legislador histórico, y sumo “se mandó la policía porque pidió el comisionado para poner orden, y hoy la cosa esta tranquila”. “Cuando se pone mano firme es democráticamente para hacer lo que dice la Constitución” expresó libremente en el recinto cuando la policía reprimió a una comunidad aborigen con balas de goma y gases lacrimógenos salvajemente.
Una intervención interesante realizo el diputado Juan Ortega (PJ) quien cuestionó el proyecto de expropiación como una medida severa a una propiedad privada y además detallo que en el proyecto no se aclara la propiedad que se quiere expropiar.
Argumentos que no se sostienen porque la comunidad aborigen de Caspalá no fue consultada, y la cancha comunitaria que hoy usurpa el gobierno de la provincia, si bien instaló el obrador. Los letrados que asesoran a la comunidad afectada por la represión, la expropiación la suspensión de la vocal de Caspalá judicializaran el conflicto por el abuso de poder por parte del estado provincial.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
