Diputados del PJ presentarán una acción de inconstitucionalidad contra el escaneo de DNI

En la sesión ordinaria de ayer de la Legislatura, se coló en la discusión el tema de la aplicación SIMMOV que permite el escaneo de DNI y según el gobierno provincial permitirá controlar el movimiento de la población para realizar un seguimiento de posibles casos positivos de COVID 19. Sin embargo, ante los vacíos legales, diputados del PJ adelantaron que presentarán una acción autónoma de inconstitucionalidad contra su utilización.

Fue el diputado Juan Cardozo quien comenzó con los cuestionamientos a esta aplicación y al decreto N°786 del COE. “El artículo quinto dispone que se establece los datos recolectados durante la vigencia del presente decreto, ya sea por el uso de aplicaciones o por intervención del personal autorizado, tendrán el carácter de confidencial en el marco de la ley nacional 25326 y con destinos exclusivos a fines investigativos y sanitarios para enfrentar la emergencia covid-19” y consideró “hasta ahí, no era tan grave la cosa, porque simplemente decía que los agentes sanitarios, los policías, los promotores del COE podían pedirle a los ciudadanos el DNI para saber si estaban en el día autorizado”.

Sin embargo, la preocupación del legislador devino de las expresiones del gobernador durante una de las conferencias del COE, en la cual presentó la app SIMMOV y que permite el escaneo de los documentos. En aquella oportunidad, Morales señaló a la ciudadanía que no se preocupara ante este requerimiento y que ya era ley.

Cardozo señaló “hasta los comercios que quieren  habilitar y los restaurantes que han pedido autorización para abrir a partir del día sábado, les obligan a bajarse la aplicación, es decir, no solamente los autorizados, la policía, los agentes sanitarios, los promotores del COE sino también el mozo que te recibe en el restaurante” y aseveró “la realidad es que no hay ninguna obligación legal de esto, la ley de datos personales, ley nacional, exige un consentimiento expreso para la obtención de los datos personales y para  armar un banco de datos como pretende armar la provincia de Jujuy”.

En el mismo sentido consideró “no solamente se registran los datos del DNI, sino también la geolocalización en tiempo real, se puede registrar hasta qué es lo que compró, a qué negocio fue, con quién fue, por qué fue, a qué hora fue; me parece que esto es una invasión a la intimidad y a los datos privados que no podemos permitirlo” además de indicar que ningún funcionario del gobierno brindó explicaciones sobre cómo es el resguardo de esos datos personales.

Por último, sostuvo “esto excede a la pandemia del coronavirus, hay una clara invasión a la intimidad de las personas, a los datos personales, además que hay una delegación de facultades propias del estado que no se puede delegar esta función a los comerciantes, tampoco a los agentes sanitarios” y subrayó “si fuera el único exceso que se ha cometido pasaría desapercibido, pero si a esto le sumamos el problema de las declaraciones de salir a marcar las casas que tuvo que retractarse el gobernador; el problema del colectivo con extranjeros que mandaron a Buenos Aires sin las autorizaciones y que generó un problema diplomático en todo el país, los corralitos del Ministerio de Seguridad en Palpalá, creo que son todos excesos que se vienen cometiendo en nombre de esta pandemia, que por el bien de todos los jujeños, por el resguardo la de la Constitución Provincial, debemos frenar”.

Otro de los diputados, también peronista, que hizo referencia durante el debate sobre este aspecto fue Emanuel Palmieri, quien expresó “en los artículos 4 y 5 claramente hay una vulneración de los derechos constitucionales, a los pilares que hacen a nuestro sistema jurídico argentino y provincial” al permitir “que un civil tenga la posibilidad de la facultad de exigirle a otro civil la identificación, escanearlo, incluso hasta aplicarle una multa”.

Y cuestionó “de repente el COE es un superpoder” que permite estos excesos y “nos olvidamos de los jueces, nos olvidamos del sistema judicial o del poder judicial, nos olvidamos del derecho de defensa, del debido proceso, del principio de legalidad, nos olvidamos el principio de supremacía constitucional, de todas las normas y garantías de la Constitución, que todos los que estamos acá, nos comprometimos y juramos defender a rajatabla”.

Además, Palmieri aclaró “desde que estoy sentado en esta banca, lo único que veo, son violaciones a la Constitución, lo único que veo, son vulneraciones a los derechos civiles y las libertades individuales de todos los ciudadanos jujeños y jujeñas, desde ya, adelanto que vamos a presentar vamos a interponer una acción autónoma de inconstitucionalidad en contra de este decreto acuerdo ratificado por ley, porque tenemos que estar a la defensa de los intereses de todos los jujeños”.

Y justificó esa decisión indicando “qué van a hacer con esos datos que recolecten,  van a saber quién está, en qué lugar, con quién se relaciona, que compra que no compra, parece que ya están de campaña, parece que ya están con una proyección al 2023, primero veamos el 2020, veamos cuáles son las necesidades, las discutamos, rindan cuentas, trabajemos en serio por la provincia, basta de imposiciones, de agravios, basta de manifestaciones  contrarias para todos los que pensamos  de manera distinta” finalizando su alocución.

Consultado por la implementación de esta aplicación, Juan Ángel Cabezas, abogado penalista señaló a Jujuy Dice “yo creo que es una exageración, me parece que es absolutamente innecesaria. No alcanzo a entender el motivo o en que puede servir o contribuir para que pongamos límites a los contagios”, apoyando la postura de los diputados del PJ.

Asimismo, el letrado indicó “una persona que exhibe su documento, que diferencia tiene con uno que no la exhibe si tiene algún problema de salud, me parece una exageración desde ese punto de vista” y agregó “también se contrapone todos los principios tanto de la Constitución Nacional como de la Constitución Provincial y las leyes que reglamentan el manejo de los datos públicos.”

Consultado por el artículo cuarto de la Ley 6168 sancionada la pasada por la Legislatura a instancias del Poder Ejecutivo, en el cual permite al COE delegar facultades a particulares como agentes sanitarios y promotores o cualquier persona que ese Comité establezca para efectuar tareas de inspección sobre las personas que circulan, verificando el cumplimiento de las restricciones y permisos de circulación de acuerdo a terminación de DNI e inclusive imponerles sanciones señaló qu8e esa normativa no está ajustada a derecho.

“No está ajustado a derecho de ninguna manera”, explicó. “En principio la Constitución de la Provincia dice que la delegación de las funciones está prohibida. Es decir, si yo delego funciones en alguien está prohibido. Y quien delega también incurre en un acto que también es una infracción.”