Dirigentes rechazan la acusación y el Código Contravencional

El juicio contravencional que lleva adelante el ejecutivo provincial no es más que para disciplinar a dirigentes sociales, políticos, opositores al gobierno. Acusa a 15 dirigentes, el hecho que se investiga es el del 4 de abril de 2018 cuando hubo una gran movilización cerca de 2000 personas que fueron brutalmente reprimidas, mientras el gobernador Gerardo Morales daba su mensaje en la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura Provincial. El reclamo fue por la pobreza, la desocupación, la exclusión social, la falta de garantías en educación, salud y justicia que vive la provincia.

En ese marco el primer mandatario hablaba de “paz social” cuando en las inmediaciones de la casa de Piedra los manifestantes eran reprimidos, detenidos.

Ayer la movilización en el Instituto Superior de Seguridad Pública en Alto Comedero   fue contundente a pesar de la lluvia y la distancia. Las organizaciones, movimientos, sindicatos ATE, Luz y Fuerza, ATSA, CEDEMS, ADEP, la CCC, Tupac Amaru, PTS y PO, que acompañaron a los acusados a otra puesta en escena del Gobernador Morales.

Los abogados defensores de dirigentes, militantes acusados realizaron varias presentaciones antes que se inicie el proceso, rechazando el mismo, aunque el Juez Contravencional Matías Ustárez Carrillo descartó los mismos, y pidió que debiera dar inicio al proceso.

Es así que el jueves a las 16 horas, continuará este proceso contravencional, aun así las organizaciones y sindicatos convocan a una marcha para mañana rechazando el juicio contravencional y el código.

Las imputaciones que enfrentan los dirigentes, militantes son: ocupación del espacio público en el marco del artículo 113 del Código Contravencional y el uso y portación de elementos contundentes y explosivos. Las penas que se pueden aplicar para esos delitos ascienden a 150 unidades de multa.

El Código Contravencional es la herramienta que utilizó Morales a partir del 1 de enero de 2016 para perseguir a los opositores a su gobierno. Un código que fue redactado por el actual titular del Ministerio Público de la Acusación, y antes que sea aprobado, en aquel entonces diputado radical Pablo Baca cuestionó el código para que sea socializado por los diferentes sectores de la sociedad ya que criminalizaba la protesta.

El código fue aprobado, y empezó a implementarse 1 de enero de 2016, habilitando una y cientos de persecuciones a dirigentes que determinen movilizar, marchar, protestar. Las multas del código contravencional han llovido en la mínima protesta.

Es así que varios sectores sociales, gremiales solicitaron la derogación del Código Contravencional, así que desde la Organización Barrial Tupac Amaru repudiaron y rechazan el juicio iniciado ayer contra militantes, dirigentes sociales y gremiales por ejercer el derecho inalienable de protestar y reclamar a las autoridades del gobierno.

“Ya sabe la sociedad que este papelón de hoy no es más que otro capítulo del catecismo básico de Morales: perseguir a los opositores, encarcelados, disciplinarios. Tener presos políticos para gobernar sin que lo cuestiones, propios y opositores”.

“Una vez más el gobernador utiliza el Código Contravencional -inconstitucional- para judicializar la protesta social. No tiene otro sentido el montaje de semejante circo judicial en Jujuy”.

“Por este camino del disciplinamiento a militantes y organizaciones sociales y gremiales, el régimen de Morales pretende instalar la paz y la unión, cuando sabe muy bien que la gangrena institucional -desatada por su juez Pablo Baca y sus confesiones de tocador- están destruyendo a los jujeños y sólo salvando económicamente a sus amigos. Y su objetivo final: instalar un estado policíaco”, expresa un comunicado de la organización.

Además, recuerdan que “en diciembre de 2017, en medio un proceso absurdo, el mismo Juez Contravencional -de reconocida parcialidad radical- pretendió condenar a la compañera Milagro Sala hasta el punto de despojarla, a ella y a la Organización Tupac Amaru, de sus derechos y garantías constitucionales más básicos. Juicio en donde hasta nos rechazaron testigos y el derecho a defensa. Semejante escándalo institucional de Morales fue declarado nulo en una apelación posterior”.

“Son los mismos reclamos que el 4 abril de 2018, nos llevaron a las calles a protestar y por los que fuimos reprimidos fieramente y luego cazados y allanados para meternos presos. Está claro que la lucha popular no dará un solo paso atrás”.