“No es casual que el juicio comience el próximo 18 de junio”, manifestó Sebastián Copello, dirigente del Polo Obrero que, junto a Juan Chorolque y Verónica Urzagasti fueron imputados por haber cortado calles exigiendo alimentos.
En la conferencia que brindaron esta mañana en Plaza Belgrano, los tres dirigentes recibieron un amplio apoyo de organizaciones sociales, de derechos humanos, políticas y sindicales, tal como expresó Copello, todos entienden que esto no se trata de una cuestión individual, sino que se trata de una política de persecución a quienes luchan, “tenemos decenas y decenas de imputados, de luchadores y luchadoras imputadas por distintas causas”, sostuvo el dirigente.
En ese sentido, el referente del PO apuntó que el inicio del juicio debe entenderse “en un contexto de persecución política a las organizaciones sociales y estamos viendo un avasallamiento de las libertades democráticas políticas con el allanamiento de un local partidario” señalando lo ocurrido con el Polo Obrero y sostuvo “estamos viendo una escalada represiva y de persecución en todo el país”.
Respecto a la causa judicial, que catalogó como “trucha” y que consideró que sólo intenta “disciplinar” a quienes se organizan, Copello relató “en 2022, en Jujuy hubo muchísimas movilizaciones de los sectores más empobrecidos de la provincia que reclamaban lo mismo que reclaman hoy, que es alimentos para comedores y merenderos” y comparó la situación en la cual se vio envuelta la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello con la entrega de alimentos: “nos armaron a Juan, a Verónica y a mí por manifestaciones que pedían justamente lo mismo que hoy, que haya una asistencia integral ante el crecimiento de la pobreza y en ese momento la respuesta del gobernador Gerardo Morales, que decía que había una paz social, fue el encarcelamiento de nosotros dos y la apertura de estas causas”.
Así, el dirigente recordó “lo que quería hacer Morales no era una paz social donde todos podamos convivir en fraternidad, sino la paz social de los cementerios, donde el que tiene un reclamo no lo puede ejercer y una necesidad no pueda ser escuchada y por eso se armó esta causa”.
No obstante, Copello advirtió “Sadir continúa con la persecución de Gerardo Morales”, detallando que el MPA, que inició la causa, es un órgano que depende del Ejecutivo.
Por su parte, Juan Chorolque indicó “son muchas las razones las que nos movilizan y nos mantiene en la calle, el gobierno junto a sus cómplices siempre va a reprimir las organizaciones, porque son las que mostramos la realidad, presentamos los reclamos principales que afectan a la sociedad” y advirtió “independientemente de todos estos procesos legales a los que nos enfrentamos, vamos a permanecer en la calle”.
Oscar Alfaro, ex preso político durante la dictadura no dudó en señalar que lo que se vive en Jujuy es un plan sistemático de represión: “si recorremos desde La Quiaca, pasamos por Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, en cada una de esas localidades va a haber gente que ha sido sometida a este plan sistemático de represión” y continuó “en San Pedro, Ledesma y hasta Yuto hay gente con causas que han sido y siguen siendo reprimidas y terminamos recorriendo la provincia en Caspalá, donde no solamente hubo represión con causas, sino también físicas con encarcelamientos, detenciones, esto no se trata de algo individual”.
Frente a esto, el referente de DDHH apuntó que no es solo con causas y detenciones sino que va más allá: “si te movilizas te descontamos el día, si te movilizas no tenes el presente, si te movilizas te echamos del trabajo, este plan de represión está pergeñado desde arriba, pero que tiene en cada uno de los demás estamentos en lo judicial, en lo policial aquellos que lo cumplen a rajatabla”.
Por último, Alfaro consideró “cuando denunciamos en 2015 que Jujuy era laboratorio de la represión no nos equivocamos y cuando denunciamos el año pasado, tampoco nos equivocamos cuando decíamos que Jujuy era el laboratorio para la represión que se venía en todo el país”.
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