Doble moral en el ejecutivo provincial

Jujuy, energía viva, un slogan del gobierno de la provincia. ¡Y sí! Es energía viva de sus funcionarios, esa viveza criolla que tanto se crítica, y es nada más que la hipocresía, la violencia y la desigualdad constante en este gobierno.

La situación en el ministerio de Trabajo, es insostenible y la sociedad espera que la justicia se expida, ya que el poder ejecutivo lo único que ha logrado es mayor provocación respecto a la denuncia penal por violencia sexual y laboral al ministro de Trabajo Jorge Cabana Fusz.

Si bien, fue denunciado el ministro por el delito de coacción con el propósito de abuso sexual, también debe tenerse en cuenta las denuncias que pesan sobre sus familiares, que también ocupan un cargo dentro de la cartera ministerial, como por ejemplo, Agustina Mulqui (nuera) que fue imputada junto a Gabriela Aletti (conocida puntera política que es cómplice de la violencia en ese ministerio). 

Si fuera poco ese marco de violencia, el gobernador Gerardo Morales ratifica en su segundo mandato no solo al ministro Cabana Fusz acusado de abuso, sino también al hijo Fabricio Cabana Fusz en un cargo de Coordinador de Capacitación y Recursos Humanos con una remuneración de Director Provincial.

Según los trabajadores del mismo ministerio, resaltaron que Cabana Fusz Jr. no es más que una señal del nepotismo en ese organismo, sino que se replica en el ejecutivo provincial.

El nepotismo es la preferencia que tienen algunos funcionarios públicos para dar empleos a familiares o amigos, sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad o alianza. Según Murídicas, en países donde se ejerce la meritocracia, el nepotismo es generalmente negativo y se considera corrupción

Otro ejemplo, es que en la designación del hijo del ministro, en el listado de privilegiados, se encuentra el ex intendente de Perico Pascual Rolando Ficoseco ahora con el cargo de Coordinador de Planeamiento Estratégico con una remuneración equivalente a la de director provincial.

El escenario en ese ministerio será investigado por la justicia, por un lado Cabana Fusz se “aparta” tras un licencia extraordinaria del organismo, aunque advirtió que seguirá en funciones desde otro lugar y que en un mes volverá.

La familia y los amigos continúan ocupando cargos, fueron denunciados, son cómplices de la violencia en ese ministerio y son premiados con “cargos “sin recibir sanción alguna”. Morales redobla su apuesta y protege a los funcionarios acusados por hechos de violencia, que van engrosando la lista:

*En abril de 2017, Raúl García Goyena, dejó la Secretaria de Comunicación cuando se conocieron grabaciones donde el funcionario expresaba que no le daba pauta oficial a un medio que él consideraba opositor. “Estoy haciendo que se arrodillen”, alardeó. Cuando se divulgó esa grabación, Morales le pidió la renuncia, García Goyena, pasó a descansar un par de meses y regresó luego a ocupar un alto cargo en el Ejecutivo. No hubo un delito, pero si graves amenazas a la prensa y la libertad de expresión.

*Gustavo Aguirre (apartado del cargo de Director del Patronato de Liberados y Menores Encausados, se presentó en la Fiscalía especializada en Violencia Familiar, de Género y de Delitos Contra la Integridad Sexual, a cargo de Alejandro Bossatti, el hecho fue el 25 de febrero de 2019). Aguirre continúa trabajando en el Ministerio de Seguridad.

*En agosto de 2019 el ex Secretario de Relaciones con la Comunidad Néstor Navarro, quien además es primo de Morales, renunció "para ponerse a derecho" acusado por abuso sexual agravado por el vínculo. Pero las sanciones y condenas aún brillan por su ausencia.

*El muy cuestionado Fiscal General del Ministerio Público de Acusación Sergio Lello Sánchez está denunciado por violencia laboral, tener una ñoqui en el organismo, entregar autos de primera gama secuestrados para el uso de otros funcionarios, ¿Qué sanción tuvo? Ninguna. Hay una causa en el Superior Tribunal de Justicia cuyos avances son nulos. Sabedor de la impunidad con que cuenta el funcionario no titubeó en violentar la oficina de la Fiscal Montiel –madre de uno de sus acusadores- por medio de un cerrajero y desalojarla extrayendo expedientes que la letrada tenía a su cargo.

La condena social a los funcionarios nombrados fue contundente, pero no efectiva aun por la justicia.