El acomodo de la casta jujeña: funcionario nombró a familiares en la Legislatura

Nombramientos en planta permanente por fuera de toda normativa y con los salarios más alto, un funcionario del gobierno de Carlos Sadir logró que dos familiares accedieran a un cargo dentro de la Legislatura.

Recientemente designado como Subsecretario de Relaciones Laborales, Luis Cabana logró lo que cientos de trabajadores de la administración pública jujeña esperan hace años: conseguir que el Ejecutivo realice el pase a planta permanente y así lograr la desprecarización laboral.

Obviamente que el acomodo generó el enojo de quienes cumpliendo con los años de antigüedad siguen sin poder acceder al reconocimiento, por lo que en redes sociales ya circula la versión que el funcionario logró “meter” a su novia como planta permanente dentro de la Legislatura y con la categoría 24, la más alta que se puede alcanzar y en la cual se encuadra al Personal Superior.

Lo cierto del rumor es que el funcionario y ex diputado del PJ -cumplió mandato en diciembre de 2023- sí logró “acomodar” a 2 familiares en la Legislatura en planta permanente.

Así, son los dos logros de Luis Cabana, el primero, su designación dentro de la Secretaría de Trabajo y el segundo, el nombramiento de dos familiares en el Poder Legislativo, aún cuando en la ley 6382 que aprobó el parlamento jujeño a pedido del Ejecutivo estableció la reducción de cargos de funcionarios, como así también el congelamiento de la planta permanente.

El desembarco al Ejecutivo por parte del reconocido sindicalista de UPCN tiene un correlato: antes de dejar su banca, presentó el proyecto en el cual se impuso el descuento compulsivo de un seguro a afiliados/as activos/as y pasivos/as del ISJ que representaba un incremento del 10% del costo de la obra social. Con el voto de la banca peronista, más el apoyo del oficialismo, el proyecto de Cabana logró ser aprobado.

La normativa tuvo entre sus beneficiarios al presidente del bloque del PJ, Rubén Rivarola, dueño de una de las clínicas que tiene convenio con la obra social de las y los trabajadores de la administración pública provincial. También acrecentó la recaudación del Ejecutivo que desde 2019 -luego que la Legislatura aprobara la ley 6139- con la cual se creó el Fondo Unificado de las Cuentas Provinciales, por lo que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, comenzó a administrar y disponer a través de una cuenta única fondos pertenecientes a las 294 cuentas que todas las reparticiones y los organismos públicos poseen, entre ellas el ISJ.

El desmanejo de las cuentas públicas durante los 8 años de gestión de Gerardo Morales no sólo se vio reflejado en el crecimiento de la deuda de la provincia en moneda extranjera, sino también en la calidad de la prestación de salud que brinda la obra social. Antes que se aprobara este descuento compulsivo, sindicatos cuestionaron la deficiente prestación que otorgaba el ISJ a sus afiliados y afiliadas, a quienes se le retaceaba la atención, por lo que solicitaron una audiencia a las autoridades de la obra social para que diera cuenta del destino de los fondos que se recaudaba por las afiliaciones, fondos que el Ejecutivo sigue manejando, aún cuando la ley de la cuenta única unificada tenía como finalidad ser una herramienta técnica para cubrir los desequilibrios transitorios de Tesorería, equilibrio que supuestamente se logró con el superávit, tal como supo decir Morales y ahora repite Sadir.