El servicio del transporte público está en crisis en varias provincias del país, y como no podía ser menos, Jujuy una de ellas, víctimas de la quita del subsidio nacional a este servicio. El gobierno nacional quito estos subsidios y las consecuencias eran inevitables. Los empresarios se declaran quebrados, el municipio aumenta la tarifa y el BEGU será reducido a los beneficiarios impactando en el bolsillo de los usuarios.
Los anuncios del gobierno sobre los boletos gratuitos como el BEGU (boleto estudiantil gratuito universal), BEGUP (provincial) que serían reducidos. Sí, el BEGU que fue el mensaje de la campaña electoral del Intendente hoy está empezando a desaparecer.
Finalizan las vacaciones invernales, en la oficina municipal del BEGU, renuevan el servicio para el segundo semestre, pero aún no se informa que “se entregan menos boletos”. Se entregaban 60 boletos y ahora se reduce a 46.
Por otra parte, hoy al medio día definen en Buenos Aires, referentes de la Secretaría de Trabajo de la Nación, de la Federación de Empresarios de Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP), integrantes de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) entre ellos Jujuy, si surge alguna propuesta o determinan medidas de fuerza para la semana próxima.
Seis días de paro, hace unas semanas apenas hizo reaccionar a los funcionarios del gobierno de la provincia. Reacciones tardías, ya que el servicio del transporte público es un derecho esencial. La medida afecto directamente a los usuarios, el problema fue por la falta de pago de salarios, aguinaldo y obra social a los trabajadores del volante. Incumplimiento de las empresas.
Es decir, el gobierno desembolso por anticipado 22 millones de pesos para responder al reclamo de trabajadores y empresarios. En este conflicto los trabajadores tuvieron que traccionar con el mensaje de los empresarios que si bien habían realizado planteos sobre los costos altísimos del servicio, en esa cadena los más afectados eran los trabajadores y usuarios. Empresarios fueron escuchados, pero no hubo respuesta. Es por ello que los trabajadores tuvieron que determinar medidas duras para que el estado se haga cargo.
Con la quita de subsidios colapsaron empresas, el gobierno debía hacerse cargo del 50% como se firmó convenio, 25% Nación y el otro 25% los empresarios. Más allá de la inflación y la crisis, los usuarios no pueden pagar una tarifa mayor que buscan los empresarios y el municipio o el estado.