El Concejo Deliberante tratará hoy el proyecto de licencia por violencia de género y se aprobaría

En la tarde de hoy, en el Concejo Deliberante de San Salvador, se tratará el proyecto Licencia por Violencia de Género, iniciativa realizada por la Comisión de Género de APUAP y la Secretaría de Igualdad de Género y Oportunidades de la CTA Autónoma que integran la Multisectorial de Mujeres de Jujuy.

El encuentro, estimado para las 15 horas, deberá definir si se aprueba la ordenanza que otorga una licencia especial a víctimas de violencia de género. Según se estima, el proyecto tiene grandes posibilidades de ser aprobado.

Según detalla la propuesta de las comisiones de género de los gremios estatales, lo que se busca es que el “Estado pueda asegurar y garantizar que las trabajadoras estatales de la provincia de Jujuy, que están viviendo una situación de violencia doméstica o laboral, dispongan del tiempo necesario para ausentarse de su trabajo y adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física y psicológica y la de su grupo familiar”.

Además, esta licencia estará destinada a trabajadores estatales, ya sean “personal permanente, contratado, jornalizado, transitorio y reemplazante o regímenes similares” y que se encuentren en situaciones de violencia de género, como las que indican la Ley nacional N°26.485 “de protección integral para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales”.

“La finalidad de esta licencia es asegurar que las mujeres que están viviendo una situación de violencia, no pongan en peligro su fuente laboral, cuando buscan protegerse de la violencia. Se pretende dotar a las mujeres del tiempo necesario para ausentarse de su trabajo y adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su integridad física y psicológica y las de su grupo familiar”, argumentaron desde las comisiones de género.

Asimismo, los sindicatos como SADOP, UPCN, ATE La Verde, UTEDyC, SIEOM Perico vienen acompañando desde hace tiempo a aquellas trabajadoras estatales que sufrían violencia y acoso en su lugar de trabajo, interviniendo desde las áreas de género, para que el Estado tome medidas concretas.