Reprimieron, golpearon a integrantes de la comunidad Cueva del Inca de la localidad de Tilcara, más de 200 efectivos policiales de la provincia y cuerpo de infantería ingresaron a la comunidad intentaron desalojar a familias, abuelas, niños, mujeres y demoraron a dos hombres: Walter Condori y Sebastián Copello.
El desalojo estaría viciado, el comunero Javier Mamani recibió la notificación de despojo. La comunidad cuenta con la documentación y aun así la jueza Lis Valdecantos ordenó el desalojo. El juez de paz Pedro Apaza fue denunciado ante la fiscalía federal por violencia institucional y dañar el patrimonio arqueológico de la comunidad.
Desde horas tempranas la comunidad estuvo resistiendo en el lugar, la represión se inicio a las 11 de la mañana, y pasadas las 13 horas se retiraron las fuerzas policiales tras el ingreso de efectivos de gendarmería nacional para proteger a la comunidad.
La abogada Silvana Llanés realizo en la Fiscalía Federal la denuncia ante el violento desalojo en la comunidad indígena Cueva del Inca.
En Villa Florida, es la ubicación de la comunidad y es una zona de emprendimientos hoteleros de Tilcara y hace años empresarios hostigan a la comunidad para desalojarlos. Según hoteleros expresan que compraron a los terratenientes en 1917, pero la comunidad es pre existente.
La abogada Llanés explicó que “ la comunidad tiene personería jurídica y carpeta técnica o sea que tiene delimitado su territorio, acá están desalojando a don Javier Mamani, pero el RETECI no hay títulos individuales hay títulos comunitarios. Está resguardado por la ley, o sea los territorios comunitarios son inembargables, intransferibles, no están sujeto a comercio. Por lo tanto la policía se metió en territorio comunitario”, explico.
La orden de desalojo estaba dirigida a Mamani aunque las fuerzas policiales fueron contra la comunidad. “Ahí hay patrimonio arqueológico porque esa quebrada es patrimonio cultural de la humanidad y a 300 metros hay andenes de cultivos ancestrales. La policía se metió y ahora le pesa una infracción a la ley de Patrimonio y avasallamiento a los derechos de la comunidad conforme al art. 75 inc. 17. La denuncia en la justicia federal también abarca al municipio de Tilcara porque ellos tienen que verificar e involucraron al juez de paz”, relato la letrada.
Además detallo que “el municipio ofreció dos casas a la comunera, si están tan tranquilos porque hacen eso” señalo la abogada Llanés.
A pesar de tener el reconocimiento de la ocupación tradicional del territorio mediante el INAI -Instituto Nacional de Asuntos Indígenas- con carpetas aprobadas del RETECI, ley 26160 y con Resolución N°466 desde el año 2014. La jueza Valdecantos (la misma que ordenó el desalojo en la comunidad de Guerrero de la Finca Quevedo en diciembre 2024) dispuso que hoy se concretara otro desalojo.
Walter Méndez integrante de la comunidad comento que el conflicto es de hace años “el juzgado no hizo lugar a las presentaciones de la comunidad como parte del territorio relevado por RETECI y lo toma como conflicto particular y no hacen valer el derecho de la comunidad para proteger el territorio”
En el lugar estuvo la diputada por el PTS-FITU Natalia Morales acompañando a la comunidad indígena ubicada en la quebrada jujeña. “Denuncio la represión y desalojo en favor de capitales hoteleros. Responsabilizo a la jueza Valdecantos Bernal del maltrato que sufrieron los y las comuneras, también ella como diputada solidaria con la causa indígena. Por último denunció detenciones de un comunero y el militante de izquierda Sebastián Copello, y exigió su libertad inmediata”.