En el sexto día de paro, el transporte público de pasajeros se “normalizó” y a la media tarde volvieron a circular las distintas unidades de colectivos reanudando el servicio en la provincia.
Para que se levante el paro el gobierno de la provincia adelantó en concepto de pago de subsidios el desembolso de 22 millones de pesos.
El gobierno provincial realiza el pago de 45 millones de pesos en concepto del BEGU, BEGUP, abonos docentes, y otros boletos gratuitos que representarían el 55% de la cantidad de pasajeros por mes. El pago de ese gran monto se realiza en dos partes mensualmente, uno es al 10 del mes y el otro al 20, es decir que ahora anticiparon los 22 millones y adelantaron el pago a los empresarios para que puedan cancelar los sueldos y aguinaldo. A estos montos, debe considerarse la demanda del boleto docente sería de 135 millones de pesos y 62 millones en BEGU, de manera anual.
Es decir, si bien se pagarán los salarios y aguinaldo, el tema de fondo, es el subsidio con que la provincia debe sostener el servicio y además la situación de las empresas que no pueden contener los gastos que demanda el servicio público de pasajeros.
Además este conflicto de larga data evidenció la falta de supervisión por parte del estado provincial de un servicio público cuyo cumplimiento y regularidad deben ser verificados por el gobierno, como señalaron entidades de Defensa del Consumidor.
El ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz dijo que “tuvimos que adelantar el pago de los subsidios que antes pagaba Nación y ahora provincia, nosotros veníamos abonando en dos partes una al 10 y otra al 20 de cada mes”, esto en referencia que los subsidios eliminados por Nación afectan directamente a las provincias.
En estas últimas horas, el conflicto se tensó por la imputación del Secretario Gremial de la UTA, Nicolás Abett, por sus declaraciones acerca de que iban a cortar puentes, el descontrol de los servicios alternativos momentáneos que surgieron, y el enojo de los usuarios por redes sociales. Factores que influyeron para que el gobierno adelante dinero financiando a las empresas del transporte que prestan servicio en San Salvador de Jujuy. Habrá que esperar la sanción a las empresas que han incumplido con el servicio de transporte público esencial. Ya que son las empresas del transporte las que deben cumplir con la concesión del servicio.
Los concejales oficialistas capitalinos aprobaron la “emergencia del transporte”, sin acompañamiento de la oposición, y el intendente Raúl Jorge debería brindarnos alguna explicación como responsable de la falta de servicio del transporte durante seis días consecutivos, dejando al desamparo a los usuarios. También debería responder por este grave percance a los ciudadanos jujeños el Gobernador Gerardo Morales, claro que se encuentra de viaje y quizás este problema de los ciudadanos comunes interrumpe las gestiones que realiza en su constante periplo por el globo.