El disciplinamiento a dirigentes sociales, continúan los juicios contravencionales por protestar

Pese a las evidencias que dejó el armado de causas con la caída del juicio contra el dirigente de OLA, la justicia contravencional jujeña continúa citando a referentes de organizaciones sociales que participaron de las manifestaciones del 20 de junio y que plantean sanciones millonarias.

La avanzada del gobierno de Gerardo Morales con estas causas solo puede ser entendida como un intento de desmovilizar las protestas que vienen ocurriendo desde junio en contra de la reforma parcial de la Constitución. El malestar generalizado de la ciudadanía logró lo que no ocurría desde hace tiempo: multitudinarias movilizaciones de trabajadores formales, informales, docentes, personas autoconvocadas, organizaciones sociales, barriales, políticas y de derechos humanos inundaron las calles de Jujuy.

En un año electoral, donde Morales se juega por el sueño de ocupar el cargo de vicepresidente, las protestas, que llegaron a los medios nacionales, no dejan bien parado al gobernador, quien sostiene que encabeza una gestión modelo en la provincia.

Así, para deslegitimar las manifestaciones por la reforma (in)constitucional, la justicia contravencional inició cientos de causas contra manifestantes, especialmente contra dirigentes.

Es el caso de Ivone Aparicio, referente del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos), que este miércoles deberá presentarse en audiencia.

“Vamos a juicio contravencional por la violenta represión del 20 de junio en San Salvador de Jujuy, ¡Increíble!, el Estado de Jujuy te reprime y a vos te someten a juicio”, expresó en redes sociales el abogado Luis Paz, quien defiende a la dirigente social.

Asimismo, el letrado detalló las irregularidades del proceso: “a Ivo no la intimaron para desalojar la calle, la notificaron fuera de término y no le respetaron los plazos procesales. Si la condenan debe pagar una multa millonaria por protestar. Es decir, una multa por ejercer el derecho constitucional de protestar”.

Y agregó “y si Ivo sino puede pagar, debe hacer trabajos forzados, es decir, someterse a un ciclo de esclavitud para satisfacer los deseos del gobernador de Jujuy, hoy candidato a vicepresidente”.

Sobre este punto, Paz apuntaba sobre la labor del MTE “donde se nuclean muchos trabajadores y trabajadoras que, excluidos del mercado laboral formal se inventaron su propio trabajo en la economía popular. Fundaron cooperativas y unidades productivas para mejorar sus condiciones de vida en Jujuy”.

Por último, el abogado reflexionó “lo que ocurre en Jujuy, puede pasar en argentina si ganan la derecha o la extrema derecha, es decir, si ganan, Larreta/Morales o Bullrich/ Petri. Mañana (por hoy) es un día de inflexión. ¡Abajo la reforma, arriba los derechos!”.

Un segundo juicio “al coya”

Si hay organización que sabe de la persecución, el hostigamiento y el inicio de causas es la ATD. Entre sus integrantes, Ana Julia Ramos y Marisol Velázquez (ex candidatas a diputadas) fueron señaladas con pobrísimas pruebas de ser las autoras de pintadas con amenazas al gobernador. Finalmente, la justicia tuvo que ordenar el sobreseimiento de ambas. Eso ocurría un año atrás.

Por su parte, Miguel ‘Coya’ Ramos, en marzo de este año, se le iniciaba un juicio contravencional, por haber participado de una protesta en la cual se reclamaba al gobierno provincial trabajo genuino, programas de mejoras habitacionales en barrios populares, asistencia a comedores y merenderos, además del rechazo del mismo Código Contravencional y que dispuso, en aquella oportunidad, una multa de 654 mil pesos al dirigente.

En ese mismo juicio también fue sancionada otra integrante de la ATD, Gabriela Garzón, quien no había participado de la manifestación. El caso se emparenta con lo ocurrido este lunes con Alí Peralta, quien convocado por el Departamento Contravencional exhibió las pruebas que no se encontraba en Jujuy durante las manifestaciones del 20 de junio, puesto que estaba acompañando a su padre -recientemente fallecido- en Mar del Plata. En el expediente, la justicia señalaba que tenía testigos y registros fílmicos y fotográficos del referente de OLA durante las protestas.

Retomando el caso de Ramos, este jueves deberá presentarse en audiencia señalado de participar de las manifestaciones del 20 de junio en la capital jujeña. El hecho de volver a ser señalado implica un agravante en la multa contravencional, que se espera que sea millonaria.