La Secretaría de Energía, que conduce Gustavo Lopetegui, decidió dividir en tres el aumento del 29 por ciento en las tarifas de gas para atenuar el impacto inflacionario y no alimentar el malhumor social en plena etapa electoral, aunque la jugada tendrá un costo de 4.500 millones de las arcas nacionales que irán directo a las empresas.
El aumento empezará a regir el próximo lunes y, según adelantó el sitio especializado EconoJournal, se aplicará en tres cuotas: 10 por ciento en abril, otro 10 por ciento en mayo y 9 por ciento en junio. Pero las empresas cobrarán el 29% desde el principio y será el Estado el que se haga cargo de la diferencia hasta que el ajuste se aplique de manera plena. Esto es así porque el marco regulatorio no contempla la posibilidad de aplicar en cuotas el ajuste semestral.
La idea del Gobierno es tratar de atenuar el impacto inflacionario en los meses de campaña electoral. En ese sentido, Energía ya había anunciado que en los meses de junio, julio, agosto y septiembre los usuarios recibirán la tarifa con un descuento de 22%, que luego deberán abonar en el verano cuando el consumo de gas disminuye.
La novedad es que el Gobierno deberá desembolsar 4.500 millones para compensar a las empresas con estas medidas de carácter netamente electoral. Se trata de una cifra importante en el contexto del fuerte ajuste de las arcas públicas para tratar de llegar al déficit cero acordado con el FMI. En Hacienda y Energía no tenían claro todavía de saldrán esos 4.500 millones de pesos.
De esa cifra, 2.000 millones corresponden a la decisión de aplicar la suba en cuotas, en contra de lo que sostiene la resolución de Enargas. Es decir, que por una boleta que hoy es de $1000, las empresas deberían empezar a cobrar $1.290 en abril. Pero los usuarios pagarían $1.100 el mes próximo y $1.200 en mayo. Esa parte que no percibirán las compañías, la pondrá el Estado.
Los 2.500 millones restantes corresponden al descuento de 22% que se aplicará en los meses de invierno, y que según la Secretaría de Energía servirá para que los usuarios tengan un "aumento cero" en el período de mayor consumo. En rigor no es un descuento si no una postergación, ya que ese "descuento" se pagará desde noviembre, es decir después de las elecciones.
El Gobierno pondrá esos 2.500 millones de pesos en concepto de intereses (que no traspasa a los usuarios como en algún momento propuso el ex secretario Iguacel) para resarcir a las empresas de lo que cobren menos durante el período invernal. Todo sea por no agrandar el malhumor electoral.
Fuente: La Política Online
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