Un decreto que perjudica de lleno a todas las comunidades indígenas del país que, desde ahora, están el peligro de ser desalojadas de las tierras que ocupan ancestralmente, hecho que ya fue repudiado en Jujuy por el Parlamento de Naciones, Pueblos y Comunidades Narciso López.
Con une “enérgico repudio”, la organización criticó la decisión que tomó el gobierno de Javier Milei de derogar la ley 26.160 que prohibía los desalojos de las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales.
“Las comunidades de pueblos originarios habitamos estos territorios mucho antes de la conformación de los Estados modernos, por lo tanto, nos corresponde el derecho ancestral de posesión y propiedad comunitaria de los territorios indígenas, que los gobiernos deben respetar”, indicaron en un comunicado.
En esa misma dirección, el parlamento indígena subrayó que “el Estado argentino posee una deuda territorial con las naciones y pueblos indígenas y se ha comprometido en dar cumplimiento con la reparación histórica de los territorios, según el art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional; sin embargo, hoy pretende negar esos compromisos dando de baja la ley 26.160 mediante el decreto 1083/2024”.
Frente a esta situación, las comunidades indicaron que naciones indígenas siempre protegieron los territorios ante el avance del “extractivismo, la usurpación, el saqueo y todo tipo de acción que destruye a la madre tierra, en tiempos que tanta falta hace tomar conciencia y acciones de cuidar el planeta para las futuras generaciones”.
Así, consideraron que la derogación de la ley es una “nueva acción de genocidio, etnocidio, ecocidio, que se constituye como un delito de lesa humanidad, violentando y avasallando los derechos de la madre tierra, el territorio y las naciones indígenas que habitamos en estos territorios desde tiempos inmemoriales”.
Con esta violación, las comunidades preexistentes al Estado argentino instaron a todos los organismos competentes a “expedirse y a actuar frente a este delito, tomando las medidas correspondientes; haciendo respetar los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, los Convenios y acuerdos internacionales y las leyes nacionales que el Estado argentino asumió garantizar en su momento”.
Por último, advirtieron que harán responsable al gobierno “por cualquier situación que se pueda dar a la hora de evitar los desalojos de nuestros territorios”.