"El estudio de impacto ambiental esta realizado por JEMSE, que es parte del proyecto", respondieron originarios de La Quiaca Vieja

Integrantes de la comunidad de La Quiaca Vieja contestaron y rechazaron la notificación intimidatoria del gobierno de la provincia recibida el pasado jueves 27, conminándolos a consensuar el estudio de impacto ambiental realizado por JEMSE, una empresa minera del estado jujeño, con intereses poco claros en la realización de la Zona Franca en la ciudad fronteriza. La cédula judicial les informaba que luego de 48 horas de entregada se daría por concluido el informe ambiental y completada la "etapa de particiación y solcialización del proyecto" y comenzaría la construcción de la Zona Franca concretando la expropiación de las tierras comunales, declaradas de útilidad pública por la ley provincial N° 6066 que los originarios cuestionan por violatoria del Derecho Indígena.

Es así que la comunidad  presentó una nota dirigida Pablo Bergese, Secretario de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y firmante de la cédula original, a quien le reiteran el “rechazo” a la notificación porque no cumple con  las normas Constitucionales  (art.75 inc. 17,19 y 22) y leyes nacionales N° 24071 (convenio 179 OIT) y N° 26160 que obligan a realizar una consulta previa, libre e informada a las Comunidades Indígenas antes de concretar cualquier acto o disponer de sus tierras.

En su respuesta por lo tanto explicitan que los pasos necesarios establecidos por la normativa legal para llevar adelante el proyecto de Zona Franca no fueron cumplidos y se debe realizar la consulta con el fin de contar con el consentimiento previo libre e informado a la comunidad de La Quiaca Vieja.

En la nota expresan que el Estado Provincial  ha procedido sin cumplir la ley, sin realizar dicha consulta y por lo tanto los trámites que han realizado carecen de legalidad,  ya que violan los derechos indígenas.

El  pueblo originario rechaza la construcción del emprendimiento gubernamental ya que supone la enajenación de 1200 hectáreas, gran parte de las cuales son tierras de propiedad ancestral comunitaria.

Además recuerdan que la ilegalidad se inicia desde la sanción de una ley que expropia las tierras de la Zona Franca en La Quiaca sin su acuerdo.

La comunidad está siendo hostigada para que cedan sus terrenos a precio vil desde hace tiempo por la policía y funcionarios del estado provincial que avanza con un proyecto que avasalla derechos indígenas, además utiliza al estado para lograr documentación que avale ese autoritarismo. Integrantes de ese pueblo originario denunciaron el año pasado amenazas y el ofrecimiento de dádivas por parte de empleados de JEMSE para que entreguen su tierras.

Así también, integrantes de la comunidad relacionaron el mismo procedimiento “ilegal” con las comunidades de Salinas Grandes, donde también los comuneros hicieron escuchar su voz y tuvieron que judicializar el conflicto, en ese caso por la extracción de litio y contaminación del agua.

La abogada Noemí Calizaya, vicepresidenta de la Comunidad Aborigen de La Quiaca Vieja explicó que “la gente está muy preocupada y requiere que el gobernador se presente. El estudio de impacto ambiental esta realizado por JEMSE, que es parte del proyecto. Nosotros pedimos un estudio de impacto ambiental que sea neutral entre las partes. Sentimos mucha presión del estado y queremos que se cumpla con los derechos que nos asisten y que se escuche a la gente de la comunidad ”.

El gobierno no ha informado cuál es la participación que tendrá JEMSE, una empresa dedicada a la minería en un proyecto como la Zona Franca, destinado en principio a fomentar la actividad comercial.