“El gobernador tiene que vetar esta ley y garantizar el acceso a la salud pública”

Organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y sindicales se convocaron esta mañana en las puertas de la Legislatura provincial, lugar donde gran parte de diputados y diputadas dio su apoyo al proyecto del radicalismo que convirtió en ley el cobro de un seguro de salud obligatorio, privatizando de hecho el sistema sanitario que se contrapone con lo establecido en la Constitución Nacional, por lo que el pedido fue contundente: que Carlos Sadir vete la ley.

Señalando el absoluto rechazo a la nueva normativa, Nicolás Fernández, secretario general de APUAP contó que el SEPROSA -Seguro Provincial de Salud- es la concreción de la segunda etapa del Plan Estratégico que inauguró en 2017 Gustavo Bouhid cuando Gerardo Morales lo designa como titular de la cartera sanitaria. “Es un proceso que tiene más de 7 años” y detalló que este plan estratégico en una primera etapa provocó el “desmantelamiento, el vaciamiento, la desestructuración del sistema público de la provincia y cuando reasumió en 2023, dijo que venía a hacer la segunda etapa del Plan Estratégico de Salud y la segunda etapa es, claramente, su privatización”.

Sobre este seguro, el dirigente expuso “todo aquello en materia sanitaria, todo aquello que recibía por derecho ciudadano, a partir de esta ley, lo va a tener que comenzar a pagar, si tenes obras social o no pagas el seguro de salud que ha habilitado la Legislatura de la provincia, se terminó tu atención gratuita en todos los puestos de salud y en todos los hospitales de la provincia, solamente el Ejecutivo va a tener la obligación de atender a un ciudadano que no cuente con obra social ni con el seguro de salud si tiene en riesgo su vida, este es en el único caso que va a atender gratuidad en el sistema de salud”.

El secretario general de APUAP, además señaló que esto “tuvo una cuestión previa que fue el seguro de cobro contra los extranjeros, contra los no residentes, empezaron por ahí, en aquel momento advertimos que el gobierno introducía el concepto de seguro de salud en esa ley, avanzaron por ahí, tuvieron consenso social para hacerlo y ahora avanzan con toda la ciudadanía jujeña”.

Y agregó “Jujuy en los hechos, es la primera provincia que privatiza la salud pública y esto es gravísimo porque echa por tierra un derecho humano fundamental como es el acceso de la salud pública oportuna y de calidad y es uno de los pilares de la sociedad argentina: la salud pública y la educación pública la tenemos que defender”.

No obstante, Fernández apuntó sobre el SEPROSA “es inconstitucional, porque la Constitución Argentina establece la gratuidad del sistema de salud y el educativo y Jujuy no es una provincia separatista, formamos parte de un país federal, por lo tanto, entendemos que se tiene que dar marcha atrás con esta ley, el gobernador tiene la obligación de vetar esta ley y de garantizar el acceso a la salud de todos los jujeños y jujeñas”.

Respecto a la posibilidad de judicializar la implementación de este seguro, el gremialista primero destacó “la altura del año no es azaroso, haberlo aprobado un 19 de diciembre y de la forma en que lo aprobaron, porque esta ley tomó estado parlamentario el día lunes, no tuvo tratamiento en comisión y tuvo tratamiento exprés el día miércoles, en dos días privatizaron y echaron por tierra 200 años de historia la salud pública jujeña, hay mucha confusión en la sociedad, el Ejecutivo ha vendido perversamente esto como beneficioso para los sectores populares y los más empobrecidos, cuando es todo lo contrario, es negarle el acceso a la salud a esos sectores, a los más empobrecidos y a los más castigados que no cuentan con cobertura social y que a partir de ahora van a tener que pagar un seguro para ser atendido en el sistema público, seguro con el cual también va a comercializar y va a hacer negocio la salud privada que tiene 2 o 3 representantes (en referencia a Rubén Rivarola y Manuel Quintar) esto es claramente es un negocio que se ha montado alrededor de los intereses de los privados”.

Por su parte, Daniela Jaled, referente de Patria Grande-Argentina Humana destacó la confusión sobre los fondos que recibirá la provincia por el seguro se traslade a los salarios de trabajadores de la salud, aclarando “totalmente lo contrario, venimos viendo como se ha desfinanciado la salud pública y en eso los sueldos y eso ha ido deteriorando también la calidad de atención de la salud”.

Asimismo, destacó que al ser el ISJ el órgano que tendrá el manejo de los fondos el seguro obligatorio, irán a parar a la caja única que administra la provincia y que el Ejecutivo maneja discrecionalmente.