Mientras que Gerardo Morales se prepara para la “marcha de la paz”, su política hacia las comunidades indígenas dista mucho del slogan que difunde. En este caso, los afectados pertenecen a la comunidad indígena de La Quiaca Vieja, quienes reportaron que funcionarios de su gestión los amenazaron con el desalojo por Gendarmería Nacional si no ponen a disposición del gobierno sus tierras.
El conflicto con la comunidad indígena de La Quiaca vieja se origina en el proyecto de instaurar el predio de una Zona Franca de acuerdo a una Ley que sancionó la legislatura jujeña a instancias de Gerardo Morales. En estos últimos días, una funcionaria se acercó a la casa de una de las mujeres de la comunidad, según denunció y le manifestó que debía firmar a toda costa el acuerdo para que comiencen a trabajar en la obra.
La residente originaria denunció que una ingeniera de nombre Anabel, se acercó de manera sorpresiva para expresarle que si firmaban el acuerdo de cesión de sus territorios, iban a comenzar los trabajos de la obra sin perjudicar a las familias, y que por 20 años, no los iban a sacar.
Pero luego la funcionaria le indicó que en caso de negarse a firmar, Gendarmería los iba a desalojar.
No es la primera vez que los residentes de esa comunidad denuncian los aprietes de funcionarios gubernamentales. El 2 de diciembre pasado también se reportaron amenazas, de parte de la misma persona, quien “en horas de la mañana del día 26 de noviembre de 2019 se introduce en nuestro territorio sin el debido permiso, intentan ofrecer dádivas a cambio de la firma de un acuerdo, amenazan e intimidan a miembros de nuestra comunidad”,sostuvieron. La funcionaria en cuestión sería la ingeniera Anabel Rivero Freire quien trabaja para JEMSE ,Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado.
En esa oportunidad Marcial Trejo, presidente de esa comunidad originaria denunció a JEMSE por “intromisión ilegal en territorio comunitario, intento de cohecho, amenaza e intimidación por parte de miembros a su cargo de la empresa”.
Pero el conflicto se remonta a octubre. El 31 de ese mes, Trejo junto a otros integrantes de la comunidad de La Quiaca Vieja se apersonaron en la Casa de Gobierno de Jujuy y terminaron dando una conferencia en la Legislatura ya que no fueron recibidos por Gerardo Morales. Allí manifestaron su disconformidad con el tratamiento de una adenda anexa a la Ley de Creación de Zonas Francas, que permite la compra de terrenos comunitarios a precios viles por parte del estado jujeño. Los comuneros dieron a conocer que una de las damnificadas, había recibido una notificación para expropiar su terreno de 3 hectáreas recibiendo 2 mil pesos en carácter indemnizatorio. Otra integrante de la comunida, manifestó que por su propiedad de 30x50 metros, el gobierno de Morales le ofreció pagar 103 pesos.
En el caso sucedido este fin de semana, según detalla la ciudadana, a cambio de esta firma del acuerdo,se les ofreció mejoras en sus casas (como el baño), mejoras para los animales, comida, medicamentos, incluso, un departamento en San Salvador.
La señora, ante este ofrecimiento le pidió si no podía darle el departamento a su hijo que vive en la capital jujeña, a lo que la ingeniera le dijo que sólo era para las personas de viven en La Quiaca Vieja.
Incluso, cuando la residente indicó que debía operarse, la representante del gobierno le ofreció pagar todos los servicios médicos que necesitara, pero bajo la condición de firmar el acuerdo. De caso contrario, volvió a reiterar que serán despojados de su territorio por las fuerzas de seguridad fronterizas.
Frente a esta situación, varias comunidades indígenas, dispusieron movilizar el próximo 16 de diciembre hacia San Salvador, para reclamar que se respeten las normas y pactos vigentes donde se indica que cualquier actividad a realizar por terceros dentro de territorio indígena debe ser consultada de manera previa con las comunidades.
La movilización, en la cual participarán la comunidad de La Quiaca vieja, Querusiyal, Colianvoy y Negramuerta, se iniciará a las 8 de la mañana y partirá desde la rotonda de Ciudad Nieva hasta la Casa de Gobierno en San Salvador de Jujuy.