Durante la mañana de hoy, el gobierno provincial, a través del Ministerio de Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Sustentable, desarrollará una audiencia pública para consultar a la comunidad sobre el pedido de autorización de desmonte en la localidad de Palma Sola, en el departamento de Santa Bárbara, y zonas aledañas.
En total, habrá 3 audiencias, en las cuales el gobierno intentará darle un marco legal al desmonte masivo en zonas que son de suma importancia para la biodiversidad. Tal es así, que el mismo gobierno, días atrás, compartió una publicación, donde expresaba “26 de agosto: día de la reserva de la biósfera de las Yungas”, y donde se remarcaba que el área posee “importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad y la promoción del desarrollo sustentable en nuestra provincia, el país y el mundo”.
Sin embargo, esta medida, que deberá ser debatida en las audiencias, va en sentido totalmente opuesto.
La primera, estimada para las 8.30, es por el pedido de desmonte realizado por Falcón Juan Ignacio y otros, según consigna el comunicado del Ministerio de Ambiente, luego de la presentación de un estudio de impacto ambiental, en el cual se enmarca dentro del plan de cambio y uso de suelo.
La segunda audiencia, para las 10.30, responde a las mismas características (pedido de desmonte bajo el plan de cambio y uso de suelo) de la primera, aunque bajo la solicitud de Sergio Javier Gurrieri.
Por último, a las 12.30, la convocatoria es realizada por el pedido realizado por Marcelo Ricotti, quien presentó el pedido, también de desmonte, bajo este plan de cambio y uso de suelo, con fines agrícolas.
Las tres audiencias se llevarán a cabo en el Salón de Punto Digital, ubicado en la calle Jujuy y Formosa, en la localidad de El Piquete.
Por su parte, las familias campesinas de esa región, alertaron que los estudios de impacto ambiental presentaron “graves irregularidades” en el proceso de elaboración, de la misma manera, que la convocatoria de las audiencias públicas, por lo que exigen la paralizar los “futuros y actuales desmontes que aprobó el gobierno provincial y nacional”.
Además, reclaman que se respete y promueva sus derechos, como campesinos e indígenas, como así también se cumpla con el respeto por “su forma de vida con producción orgánica y autosustentable y Saberes Ancestrales”.
De esta manera, el gobierno de Gerardo Morales, con la ayuda de la ministra de Medio Ambiente, María Inés Zigarán, y el secretario de Desarrollo Sustentable, Antonio Alejo, ponen en peligro una zona que es vital para conservación de la biodiversidad.