Días atrás, el gobernador Gerardo Morales junto con una comitiva, estuvieron presentes en el yacimiento Caimancito, ubicado dentro del Parque Nacional Calilegua, para dar inicio al cierre de dos pozos petroleros. En dicha ocasión, desde el gobierno se resaltó la necesidad de cesar con toda explotación petrolera en la zona en pos de cuidar el medio ambiente.
El sábado 4 de agosto, Morales visitó el yacimiento Caimancito para iniciar el cierre de los pozos 1001 y 1002, dedicados a la actividad petrolera. Dicha acción quedó a cargo de la empresa estatal JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado).
En esa ocasión, el gobernador expresó “este proyecto significa un gran esfuerzo de la provincia, recordando que la empresa se retiró y dejó todo sin tomar ningún tipo de recaudo y cuidado. Por eso iniciamos esta tarea de cerrar definitivamente los pozos mencionados”.
Sin embargo, el miércoles 7, es decir, tres días después, el gobernador Gerardo Morales, junto con el Director de la Administración de Parque Nacionales, Eugenio Indalecio Bread, firmaron el “Convenio Específico Regulación de Facultades en el Yacimiento Caimancito” donde se indica “se dispuso la caducidad de la concesión a la empresa PETRO AP SA- TCL GROUP sobre el área CNO3 CAIMANCITO y la reversión del área a favor de la empresa estatal JUJUY ENERGIA Y MINERIA SOCIEDAD DEL ESTADO, la que toma a su cargo la administración en cuestión, a fin de llevar adelante lo dispuesto por la Ley N°5.889 (cese de la actividad petrolífera) y su decreto reglamentario”.
Tal como indica el documento, el área en cuestión es de aproximadamente de mil hectáreas. Esta medida fue rechazada por la Asamblea de Trabajadores del Parque Nacional Calilegua, pues sostienen que con este convenio, al cual lo catalogan de “ilegal”, la administración del JEMSE sobre el área, imposibilita las tareas de fiscalización, tarea que les fue asignada.
Además, sostienen que con esta disposición se están violando varias normativas, entre ellas, la Ley de Parque Nacionales, la Ley General de Ambiente y la Ley de Hidrocarburos.
Los trabajadores resaltaron que el sector que administrará el JEMSE está dentro de un área protegida, por lo cual, es necesario la fiscalización de las actividades que allí se realizan de manera continua.
Ante esta situación, la asamblea decidió reunirse esta mañana para determinar que acciones llevar a cabo ante la violación de las leyes nacionales, incluida la propia Constitución Nacional.
Fuente: Prensa Jujuy
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