Desde al menos 2 meses atrás, la comunidad que habita en La Quiaca Vieja viene denunciando que desde el gobierno de Gerardo Morales, intenta desalojarlos de sus terrenos, para iniciar la construcción del predio de la Zona Franca de esa localidad, y fue ayer que comenzaron a recibir las notificaciones para cobrar los montos indemnizatorios, los cuales, presentan montos irrisorios,
Una de las damnificadas, detalló a un medio local, que desde el gobierno recibió el documento donde se detalla que por la expropiación de su terreno de 3 hectáreas escrituradas, recibirá el pago de 2 mil pesos, monto que debe ser retirado en Casa de Gobierno o la Legislatura. La mujer, indicó que el monto, además lo absurdo, debe compartirlo con 2 hermanos.
Otra de las afectadas por el pedido de expropiación, subrayó que por su terreno de 30x50, también con escritura, le llegó el aviso oficial para cobrar 103 pesos correspondiente a la quita de dicho terreno. Asimismo, aclaró que se estima un plazo de 10 días para desalojar el lugar.
El malestar surge, no solo porque las indemnizaciones son incongruentes con el valor de los terrenos, sino porque además, allí desarrollan su actividad de siembra y ganadería, con la que se sustentan.
Otra de las víctimas de esta decisión gubernamental, señaló “al gobierno no les importa nada, nos quiere hacer desaparecer creen que es tierra de nadie y pueden hacer lo que se les da la gana, pero no es así”.
De esta manera, se repite la maniobra que viene implementando el gobierno de Morales sobre el avance de las tierras de pueblos indígenas para el desarrollo de actividades económicas, como lo es el litio, y en este caso la instalación de la zona franca.
Fue en el mes de agosto, cuando comenzaron a llegar las notificaciones de expropiación, la comunidad indígena que habita en La Quiaca Vieja se declaró en estado de alerta.
En aquel entonces, ante la aparición de la problemática en los medios de comunicación, la Secretaria de Pueblos Indígenas, Alejandra Liquín, junto con autoridades del JEMSE y una letrada, mantuvieron una reunión con la comunidad, que logró que se frenaran el envío de dichas notificaciones.
Asimismo, el titular del Ente de Administración de las Zonas Francas de Jujuy, Martín Luque, informó que los habitantes de esa zona no iban a ser desalojados, y al mismo tiempo, indicó que desde el gobierno se mantuvo varias reuniones con la comunidad en el mes de diciembre, donde se acordó los lugares donde se edificaría la zona franca. Según el funcionario, ese acuerdo fue ratificado en el mes de marzo de este año. Sin embargo, los propios comuneros y comuneras desmintieron al titular del ente de la Administración de las Zonas Francas.
Además, la comunidad de La Quiaca Vieja sostuvo que el gobierno no cumplió con la consulta libre, previa e informada, establecida por ley, en la que el estado debe pedir permiso a quienes habiten el territorio en cuestión para desarrollar algún tipo de actividad.
Fuente: Canal 6 de La Quiaca