A horas de la primera represión del gobierno de Carlos Sadir a desocupados de la UOCRA delegación Libertador general San Martín, la respuesta del gobierno fue justificar la violencia. La repercusión mediática fue inmediata y el repudio generalizado ante la criminalización de la protesta. El hecho es continuidad a la gestión del ex gobernador Morales.
Los trabajadores reclaman la paralización de la obra pública, después de agotar los planteos administrativos y una deuda salarial. El reclamo es trabajo genuino que no garantiza el gobierno provincial.
Ante el desmedido operativo policial de la Unidad Regional IV, infantería, caballería y efectivos policiales en el acceso a la ciudad de Libertador General San Martín avanzaron contra los trabajadores con balas de goma, gases y justificaron la violencia con “garantizar el libre tránsito en Ruta Nacional 34”, activaron el protocolo represivo de Bullrich y Milei contra obreros que solo quieren trabajar.
Trabajador herido durante la represión
El saldo de la represión trabajadores heridos, la respuesta del conflicto aun no sucedió: es la reactivación de la obra del hospital de esa ciudad que hoy solo trabajan 25 personas, de los 350 trabajadores de la UOCRA. El ajuste del gobierno nacional de Milei y el gobierno provincial de Sadir se hacen sentir con la desocupación abrumadora de obras necesarias para la comunidad.
El gobierno provincial anunció en el 2023 que iba a finalizar el hospital regional, la refacciones de la Escuela Normal, construcción de las viviendas en el barrio 28 hectáreas de Calilegua, el edificio propio del IES n°10, la planta de tratamiento de líquidos cloacales y la nueva planta de agua potable, obras que no se están realizando.
Así, trabajadores de la UOCRA expresaron que la medida era un corte de media calzada en la RN 34, para visibilizar el reclamo y la policía de la provincia avanzó sin mediar el tiempo que habían acordado. La justicia provincial deberá responder a la violencia que desató la policía de la provincia a cargo del ministerio de Seguridad.
La solidaridad de los gremios ante el hecho de violencia fue inmediata en la jornada de ayer como el SOLEAIL CEDEMS, UATRE, organismos de derechos humanos que repudiaron la represión.
ANDHES repudia la represión a trabajadores agremiados en la UOCRA “el incremento en los índices de desocupación y pobreza sumados a un contexto violento y represivo a nivel nacional y provincial generan preocupación. Una vez más advertimos que el uso de la criminalización y represión de la protesta como contenedoras de las políticas de ajuste no son soluciones legítimas para enfrentar las crisis. Exigimos respuestas estatales que garanticen compromisos mínimos en materia de derechos humanos”.
También expresiones nacionales como Alejandro Vilca (PTS-FITU) repudió el accionar represivo y también Leila Chaher (UxP) escribió “El “equilibrio fiscal” en Jujuy es hambre y represión. En vez de ser el mejor alumno de Milei, ¿por qué no defiende al pueblo jujeño, gobernador?” escribió la legisladora ante el ajuste del gobierno nacional y el gobierno provincial.
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