Ayer, en la Legislatura, con los votos del oficialismo, pero con el rechazo de todo el sector opositor, se aprobó una modificación al convenio de adhesión a la Ley de Creación de las Zonas Francas, proyecto enviado por el ejecutivo de Gerardo Morales, dejando en claro la intención de que sus designios se concreten, aún cuando no cumplan con las leyes establecidas.
Es que durante la sesión, el bloque del PJ advirtió la falta de los permisos firmados por parte de la comunidad indígena de La Quica Vieja, lugar donde el gobierno intenta expropiar terrenos, para desarrollar la obra. Pese a que el presidente de la UCR, Alberto Bernis expresó que no existía ningun problema acerca de las tierras, y que eran temas “superados, debatidos y aprobados en la Legislatura”, lo cierto, es que no presentaron ningún documento, por lo que el presidente de la bancada del justicialismo, Pedro Belizán, pidió una reunión para la próxima semana para que sean remitidas las actas firmadas por parte de la comunidad.
Pero ¿cuál es conflicto en la creación de la zona franca en La Quiaca?
La Zona Franca de La Quiaca ocupará unas 1200 hectáreas, entre las cuales tomará 75 de las comunidades indígenas. Tendrá una inversión de 400 millones de pesos para la infraestructura y el objetivo del gobernador es que sea la zona más grande de América Latina.
En este ambicioso proyecto quedan entrampadas las comunidades originarias, que no fueron consultadas y son subestimadas por el gobernador Gerardo Morales y sus funcionarios que, tras una decisión política del momento, atropellan a los ciudadanos. El convenio 169 de la OIT, obliga a los estados a realizar una consulta previa y buscar el consentimiento de los pueblos originarios, antes de afectar de cualquier modo su propiedad ancestral.
El engaño a las comunidades y el no cumplimiento de los derechos indígenas es una constante en el estado provincial. Una situación similar sucedió en las Salinas y hoy el tema esta judicializado, similar situación en el Angosto El Perchel, Querusiyal.
Sería interesante, que, así como el gobierno provincial se apropió del término “pachamama” para profundizar raíces originarias, llamó así al programa de gestión, a diferentes actividades públicas solo como marketing político y no con el sentido identitario.
Este gobierno en su estructura orgánica cuenta con la Secretaría de Pueblos Indígenas, que no logró resultados positivos, si miramos la gran cantidad de conflictos y el rechazo a los funcionarios que han dividido a las comunidades.
Volviendo a la comunidad de La Quiaca Vieja, sus integrantes entre la documentación que expusieron a los legisladores esta la resolución 2018-423-APN-INAI#MJ Ciudad de Buenos Aires con fecha de 26 de diciembre de 2018.
Las Leyes N° 26.160, N° 26.554, N° 26.894; N° 27.400, el Decreto Reglamentario N° 1.122/07; la Resolución INAI N° 587/07 y el EX- 2017-27060760-APN-INAI#MJ, es decir que por el expediente tramitó el relevamiento técnico, jurídico, catastral de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional N° 26.160, en la Comunidad Aborígen de La Quiaca Vieja, perteneciente al pueblo Kolla, asentada en el Depto. Yavi, provincia de Jujuy, Personería Jurídica 846-BS-2011 del Ministerio de Bienestar Social de la provincia de Jujuy.
Establece que la Ley Nº 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas cuyo plazo fue prorrogado mediante Leyes N° 26.554, 26.894 y 27.400.
El Decreto Nº 1.122/07 designó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas como autoridad de aplicación de la mencionada Ley. Por Resolución INAI Nº 587/07 se crea el Programa Nacional de “Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas – Ejecución de la Ley Nº 26.160”, con el objeto de determinar los mecanismos para demarcar y relevar el territorio que ocupan las Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública. Que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha tomado la intervención que le compete. Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades previstas en la Ley Nº 23.302, su Decreto Reglamentario Nº 155/89 y normativa concordante. Por ello, la Presidente del instituto Nacional de Asuntos lndígenas resuelve por cumplido el relevamiento técnico, jurídico, catastral en la COMUNIDAD ABORIGEN DE LA QUIACA VIEJA, perteneciente al pueblo KOLLA, asentada en el Depto. Yavi, provincia de Jujuy.
La documentación que sostiene el oficialismo sobre las tierras de Zona Franca, las comunidades desconocen porque no se realizaron las reuniones que establece la consulta libre previa e informada. Reconocen que fueron funcionarios pero que ninguno planteó con detalles la información de la zona Franca.
“No queremos nada, queremos que vaya el gobernador a La Quiaca, no vamos a permitir que nos traten mal. Tenemos derechos y ellos deben garantizar. Vamos a seguir defendiendo nuestros territorios” resaltó Oscar Castillo integrante de la comunidad.
Fuente: El Tribuno