Se realizó ayer la audiencia por el amparo ambiental presentado por la comunidad de Rinconadillas que integran la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc solicitando información por el otorgamiento de permisos mineros “individuales” para explorar. También una medida cautelar para que se suspenda el procedimiento administrativo a la minera del grupo Pan American Energy (PAE).
El nuevo conflicto ambiental se inicia cuando la comunidad de Rinconadillas, el 21 de junio pasado, autoriza un pedido de exploración de litio en tres minas: la Guayatayoc 1, Guayatayoc 2 y Yoc, que abarca varias comunidades que forman parte de la Cuenca de Salinas Grandes. Tras ese avance, la abogada Alicia Chalabe, representa de las comunidades de Salinas presentó el pedido de información ambiental porque hay un expediente judicial vigente. Además solicitaron una medida cautelar antes de la feria judicial, no le dieron lugar, pero acompañaron la documentación.
Ante el avance de las mineras, el gobierno de la provincia alimenta la división de las comunidades de Salinas buscando aprobar individualmente los permisos, cuando debe realizarse la consulta a todas las comunidades de Salinas.
La abogada explicó que “el estado en la documentación que presenta reconoce que en la mina Guayatayoc los superficiarios son tres comunidades: Rinconadillas, Quebraleña y San Miguel de Colorado”.
Es por ello que en el expediente se presentó el presidente de la comunidad de San Miguel de Colorado, Eloy Quispe, acompañado por otras comunidades afectadas de Salinas. El juez Diego Puca, del Juzgado Civil y Comercial celebró la audiencia, la misma fue grabada como lo dispone el nuevo código, la abogada solicitó una medida cautelar para que participen todas las comunidades presentes. La medida presentada tiene cinco días para ser respondida.
La jueza Laura Flores, del Juzgado Ambiental en estas denuncias sobre pedimentos mineros, pedido de información, amparos ambientales se excusa. Vale señalar que los juzgados ambientales especializados en derecho ambiental, fueron creados como hitos del ex gobernador Morales para dar respuesta a los conflictos ambientales.
En estos conflictos ambientales en Salinas, la abogada recordó que las provincias de Jujuy y Salta firmaron un convenio para armar un Comité Interprovincial de manejo de agua para hacer otro tipo de exploración, una exploración acumulativa, pero no se está cumpliendo. Es una propuesta de regulación por parte del Estado. En este sentido señalo que se presento en la Corte Suprema en septiembre del año pasado en Salta y es ley en el mes de marzo de este año, y en el caso de Jujuy entró al proyecto el 15 de mayo pasado a la legislatura de la provincia.
Sobre la conformación del Comité Interprovincial Salta - Jujuy de manejo de agua señalo que “esto va a ser muy importante de discutir en el futuro, porque vemos que están en tratamiento de esta ley RIGI. Pero bueno, esto fue en oportunidad anterior, en octubre del año pasado. Así que en el caso de la Cuenca de Salinas Grandes está protegida”.
Imagen del informe geológico
Autorizan exploración en Lipán pero perforan en El Angosto
En estos conflictos ambientales hay que recordar que la comunidad de Lipán, en mayo pasado determinó autorizar la exploración de litio, desobedeciendo la decisión judicial que plantea: los proyectos a desarrollar en las Salinas deben ser consultado por todas las comunidades de Jujuy y Salta, zona que integra el triángulo del litio. La comunidad de Lipán tenía como presidenta de la comunidad a Angélica Castillo, hoy diputada provincial por la UCR.
Lipán habilitó a la minera Lithos (actualmente denominada Lition Energy), del grupo Pan American Energy (PAE), propiedad de la familia Bulgheroni, la británica BP y la china CNOOC. En esta empresa minera se encuentra el abogado Fernando Eleit, esposo de la jueza Ambiental Laura Flores.
Ante la falta de información, las comunidades afectadas tuvieron que buscar especialistas para certificar que las mineras avanzan sobre los territorios. En este sentido Clemente Flores, presidente de la comunidad El Angosto, del Moreno que se encuentra dentro de la Cuenca de Salinas Grandes y la comunidad de Guallatayoc, explico que: “Sí, ya son más de tres meses y comenzaron distintas clases de actividades en el territorio” en referencia a la instalación de la minera.
“Hemos pedido siempre la información, pero eso no pasó. Tuvimos que concurrir a otras instituciones nacionales, como la Universidad Nacional, para poder contactar lo que la empresa estaba haciendo y dónde, y hacer este informe. Creo que nos llevó bastante tiempo conseguir la información y que venga Marcelo Sticco ( Especialista en hidrología e hidrogeología, de la universidad y contactar que los trabajos y las máquinas que están trabajando no están en el territorio de Lipán, sino en el territorio de Angosto” afirmó.
Resaltando que “en ningún momento se hizo el trabajo de la consulta libre, previa e informada, de acuerdo al convenio 169 y de acuerdo a nuestro protocolo de consulta que se llama Kachi Yupi. Primero Huellas de Sal. En cuanto a los trabajos de la minera dijo que “hay dos, tres huellas, hay un campamento y una máquina perforando a 90 grados” enumeró y desconocen el mineral que se extrae.
En este sentido la abogada Chalabe señaló que solicitaron a un equipo de geólogos de la Universidad de Buenos Aires realizar estudios. “Hemos hecho un acta de constatación con un escribano que: las instalaciones, el campamento, el pozo de perforación y la construcción de las aguadas están en el territorio del Angosto. Así que se autoriza en un lado y se construye en otro” explicó la abogada.
“En primer lugar es una cosa inédita, uno compra un terreno y construye en la casa del vecino” graficó. “Además hay un artículo del Código de Minería que establece que no se puede comenzar ninguna actividad de exploración o explotación sin el consentimiento de los superficiarios. En este caso, ¿quién designa a los superficiarios? La Secretaría de Pueblos Indígenas” señaló ante la habilitación aparentemente directa del Ejecutivo provincial.
Además, presentaron un informe complementario a la ubicación de la mina, instalaciones “se está haciendo un terraplén, se está modificando la entrada de agua a la cuenca. Es una cuenca endorreica”, ante ese informe el comité Interprovincial Salta-Jujuy debería intervenir.
Registro fotográfico del informe
Verónica Chavéz, Clemente Flores y Alicia chalabe
División social
Por otro lado, Verónica Chávez de la comunidad Santuario de Tres Pozos, territorio que pertenece a la Cuenca de Salinas Grande y Laguna Guayatayoc manifestó “todos estos permisos que se están haciendo individuales no pueden ser, porque la Corte Suprema ya dijo que es una cuenca única” recordó.
“Queremos un ambiente sano, estamos muy preocupados, no sabemos qué va a pasar con nuestras futuras generaciones que vienen. No sabemos qué va a pasar con aquellas familias que hoy están en comunidades teniendo discusiones por estos motivos” señaló en cuanto a la consecuencia social y división de comunidades.
Ante el panorama social la dirigenta subrayó “el gobierno se está corriendo. Las empresas no pueden hacer la consulta previa y libre y informada a las comunidades. Aquí quienes tienen que estar es el gobierno, porque las empresas no nos van a garantizar nada. Porque ellos se van a llenar los bolsillos y se van a ir”.
En este sentido, ante el desamparo del gobierno dijo “se tiene que hacer cargo, porque él es el que aprueba el impacto ambiental. El gobierno tiene que estar en las comunidades, no las empresas. Aquí están haciendo todo al revés”. Respecto al estudio de impacto ambiental dijo que “lo tiene que estar haciendo llegar el gobierno, como lo marca la ley, el Convenio 169, la Constitución Nacional”.
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