El gobierno pidió la elevación a juicio a dirigentes por las manifestaciones contra la reforma

A casi 6 meses de cumplirse el juramento de la Constitución reformada, la Fiscalía de Estado apura para que la justicia condene a quienes se manifestaron ese 20 de junio y solicitó que se eleve a juicio oral la imputación de 20 dirigentes.

Además de adherirse a la acusación realizada por el MPA, el órgano que dirige Miguel Ángel Rivas formuló de forma independiente una acción civil en contra de: Miguel Ángel Ramos, Santiago Zamora, Leonardo Alejandro Rosales, Walter Armando Puca, Gabriel Taboada, Martin Antonio Abad, Francisco Emilio Lyonnet, Luis Santiago Zalazar, José Ivan Blacutt, Gabino Cruz, José Darío Donaire, José Luis Leopoldo Vilca, Nelson Javier Mamani, Mayuk Nasib Mamani, Héctor Luis Gerónimo, Walter Damián Brizuela, Dan Leonel Liborio, Gonzalo José Marino Diaz, Nahuel Tomas Herrera y Lautaro Joaquín Rivero, a quienes se los acusa de perturbación del orden, incendios y estragos; sedición y motín.

La presentación de la Fiscalía, además de la cuestión penal -con penas que van de entre 6 meses hasta 10 años de prisión-, también apunta al resarcimiento económico por parte de los acusados.

“Deberán responder penal y civilmente por las devastadoras consecuencias que su accionar violento y deliberado ocasionó no solo al edificio de la Legislatura de la Provincia de Jujuy – inmueble y bienes muebles de su interior- sino también las lesiones causadas al personal policial, al erario público y a la paz social de toda la población jujeña, que tantos años nos llevó recuperar”, expresa la demanda, al cual le agrega la merma de los ingresos públicos por la retracción del turismo, el cual, según la Fiscalía de Estado fue producto de los hechos de “extrema violencia” que ocurrían en la provincia en el marco del rechazo de la reforma (in)constitucional.

El resarcimiento económico supera los 300 millones de pesos: por los daños materiales a la Legislatura el monto asciende a los 4.009.831, por las lesiones a personal policial 300 millones (en calidad de prestación médica y farmacéutica), más otros 4 millones más (4.283.849.924) por la caída del turismo.

La versión de la Fiscalía se reposa en su mayoría en las denuncias realizadas por propios agentes policiales, incluido su jefe, el Comisario General Horacio Herbas Mejías y material fílmico del sistema 911, lo que pone en duda la veracidad del relato, sabiendo que desde el gobierno de Morales -a través del Ministerio de Hacienda- pagó un bono de 50 mil pesos a todo personal que se presentó ese día a reprimir.

Asimismo, se suma la declaración del propio vicegobernador Carlos Haquim, quien negó que los daños a la Legislatura fueran de importancia, “simplemente rotura de vidrio, fruto del fuego, la afectación de algún mueble, alguna computadora”, detalló.

También se les endilga a manifestantes haber iniciado el enfrentamiento, la quema de vehículos, causar daños al ascensor urbano del barrio Mariano Moreno y locales comerciales. Fueron varios los registros fílmicos que dieron cuenta de la infiltración de policías de civil en la manifestación y que arrojaban piedras.

En ese sentido, la presentación de la Fiscalía de Estado señala que por “el gran tumulto de personas hacia caso omiso a las órdenes que se le imponía por parte de la policía de la provincia, motivo por el cual personal policial uniformado y personal policial civil con chaleco identificable procedieron a la demora de gran cantidad de personas entre ellos mujeres y hombres protagonistas de los hechos acaecidos en el día de la fecha”.

Otra falta a la verdad: también quedó registrado como personal de civil se llevada a personas detenidas, eso sin contar las camionetas particulares y vehículos sin patentes que oficiaron de móviles para el traslado de detenidos y detenidas.

Por otra parte, la presentación expone que los acusados “en forma violenta, se alzaron contra el orden constitucional, para impedir la vigencia de la Constitución recientemente sancionada y jurada, atribuyéndose la representación del pueblo, mediante la agresión al personal policial dispuesto en inmediaciones de la Legislatura”. Si de representación se trata, la Convención Constituyente se llevó a cabo a puertas cerradas de la sociedad, se impidió la participación de comunidades indígenas y organizaciones (que habían sido convocadas en las diferentes comisiones) para apurar su tratamiento y que terminó con la aprobación de una nueva Constitución en menos de 30 días.