El gobierno podrá controlar la designación de cargos docentes de manera discrecional

Desde que asumió Gerardo Morales en la gobernación se produjeron cambios en salud, trabajo, justicia y educación. Algunos de esos cambios se hicieron de manera arbitraria y sin consultar a los sectores afectados. Este avance unilateral muchas veces no respeta siquiera los principios legales existentes. Es el caso de la creación de una nueva Junta Provincial de Calificación Docente.

Con el acuerdo de cinco ministros el gobernador Gerardo Morales, firmó un decreto por el que crea la Junta Provincial de Calificación Docente constituida por cinco salas: Inicial, Primaria, Secundaria, Técnico Profesional y Superior.

Cada sala de la junta está integrada por tres vocales designados por el Ministerio de Educación y un representante de los docentes. Su función consiste en actualizar, fiscalizar, custodiar, ordenar y digitalizar los legajos docentes; estudiar y calificar los antecedentes; elaborar un orden de mérito y dictaminar los pedidos de traslados transitorios o definitivos.

El modo de designación y el número de los vocales que puede controlar el gobierno fue lo que levantó suspicacias a todo el arco docente, ya que en cada sala los representantes del poder ejecutivo están en relación de 3 a 1 con los docentes.

Esto significa que en última instancia y en casos de diferendos el control del nombramiento de los cargos docentes dependerá de las necesidades e intereses políticos del gobierno de turno, restando importancia al mérito, antecedentes, la opinión y el parecer de los propios educadores concursantes.

En disconformidad con el procedimiento la diputada provincial Alejandra Cejas presentó el último 26 de febrero ante la Legislatura un proyecto de ley para dejar sin efecto el decreto que crea esta nueva Junta Provincial de Calificación Docente. La iniciativa sostiene que el decreto es inconstitucional, ya que excede las facultades del poder ejecutivo e incumple con el principio de participación establecido por la Ley de Educación Provincial N° 5807 donde se exige la intervención democrática de docentes, personal técnico administrativo, alumnos/as y la comunidad en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades.

Por su parte los gremios docentes, principales afectados también expresaron su disconformidad y presentaron severas objeciones a la medida. Gabriela Giagante, Secretaria Adjunta de CEDEMS expresó que “por tratarse de una instancia que regula el ingreso a la docencia, el gremio debió haber sido invitado a formar parte de una negociación colectiva”.

“Morales decretó la creación de esta junta de forma arbitraria, donde en cada sala existirá hay un solo representante elegido por los docentes y tres nombrados por el gobierno”.

También destacó que esta nueva junta de calificación “permitirá que las designaciones docentes dependan de la voluntad y conveniencia del gobierno de turno, y no de los méritos propios de los educadores”.

“Para nosotros es inconstitucional ya que el decreto de creación deroga una Ley existente. En este sentido hicimos una presentación en la justicia denunciando la inconstitucionalidad y solicitando, que no se innove en la forma en que se designan los cargos docentes y que se llame a elecciones para conformar la Junta de Clasificación y Junta de Disciplina, lo que no se cumple desde hace 8 años” resaltó.