El intendente Chuli Jorge autorizó un nuevo incremento del boleto de colectivos que viola una ordenanza

Mientras que el malestar entre usuarios y usuarias del transporte pública crece por el mal servicio que brindan las empresas con frecuencias cada vez más espaciadas y unidades en mal estado, el intendente concedió un nuevo incremento en el boleto de las líneas urbanas violando una ordenanza municipal de 2019.

Será a partir de las 00 del martes que las líneas de colectivos del ejido capitalino actualicen la tarifa, presentando los nuevos valores:

S. de Jujuy – S. S. de Jujuy $141,06

S. de Jujuy -Reyes $141,06

S. de Jujuy – Guerrero $162,23

S. de Jujuy – San Pablo de Reyes $162,23

S. de Jujuy – Termas de Reyes $183,41

S. de Jujuy – Yala $183,41

S. de Jujuy – Los Nogales $204,54

S. de Jujuy – Lozano $204,54

S. de Jujuy – León $225,64

El incremento se estableció por decreto de Raúl ‘Chuli’ Jorge valiéndose de la denominada tabla polinómica que aprobó el Concejo Deliberante bajo la ordenanza 7402/19 y que permite al Ejecutivo municipal determinar nuevas tarifas sin tener que discutirse en el parlamento capitalino.

Asimismo, la normativa permite 4 actualizaciones del costo del pasaje: enero, abril, agosto y diciembre. Es decir, el nuevo incremento apenas iniciado noviembre viola lo dispuesto por el Concejo Deliberante.

“Otro aumento del boleto por decreto. El intendente pasa por alto la ordenanza 7402/19 que fija un último aumento en diciembre. Gobiernan para los dueños de los colectivos. Hay que frenarlos. Empresa única estatal bajo control de trabajadores y pasajeros”, sentenció el edil del FIT U, Gastón Remy, quien sigue de cerca el tema de las ganancias de las empresas prestadoras y la inversión que realizan para ofrecer el servicio.

Sobre este punto, el economista apuntó “ya demostramos en el Concejo Deliberante usan un esquema de actualización del boleto que incluye ganancia para el empresario. Pero no incluye los subsidios que le entran a la empresa como ganancia limpia extra. Un robo”.

Por último, el dirigente de la izquierda cuestionó “todo esto es por decreto, sin derecho a audiencia pública, ni estudio de costos alternativo. Los servicios públicos no pueden ser un medio para el lucro privado”.