El presidente del STJ, Pablo Baca anunció que se tomará una licencia tras la presentación de una denuncia que realizó el PJ esta mañana en la justicia por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo de justicia, amenazas agravadas y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Según indicó el funcionario judicial, la decisión de alejarse de su cargo, se extenderá mientras dure la investigación. De esta manera, Baca, utilizará la misma estrategia del ahora ex ministro de Trabajo, Jorge Cabana Fusz, quien ante las acusaciones por el delito de coacción con el propósito de abuso sexual, había decidido tomarse una licencia extraordinaria y apartarse provisorariamente para poder armar su defensa ante la justicia.
Baca señaló a un medio local “no voy a renunciar porque sería aceptar toda esta infamia. Lo que sí voy a hacer es pedir una licencia porque como se va a llevar adelante una investigación en mi contra no quiero admitir ningún tipo de sospecha”.
Asimismo, señaló que “los audios forman parte de una campaña para desacreditar al Poder Judicial de Jujuy en las causas que se tramitaron contra Milagro Sala. Yo me excusé en esas causas y no tuve ningún tipo de intervención”.
De esta manera, es la primera vez, que el funcionario del STJ brinda explicaciones a los medios, luego de que se conocieran audios dónde el juez admitió que Milagro Sala está detenida por razones políticas.
Sobre los mismos, Baca señaló “provienen de diálogos en la intimidad con la diputada Débora Juárez de Bracamonte y su hermana Ana Juárez Orieta (ex titular de la DIPEC). Ella hoy aparece entre las denunciantes”.
Además, agregó “se trató de una conversación privada y en el fondo fue una emboscada. Me plantean temas para que yo emita comentarios y luego los editan, los adulteran. Los audios son armados, de modo que son falsos y después los transcriben de otra manera.
La denuncia, presentada esta mañana por la diputada Alejandra Cejas, junto a Débora Juárez Orieta, Emanuel Palmieri, Mariela Ferreyra y Leila Chaher, con el patrocinio del abogado Juan Enrique Giusti, señalaron que tanto Pablo Baca, como el titular del MPA, Sergio Lello Sánchez, incurrieron en incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo de justicia, amenazas agravadas y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, delitos cometidos desde el 2016 hasta la actualidad.
Fuente: Todo Jujuy