Los pedidos de juicio político que ingresaron la semana pasada en la Legislatura de la provincia contra la presidente del Tribunal de Cuentas y dos vocales, y también en contra del Fiscal General ante el Superior Tribunal de Justicia Alejandro Ficoseco, desató una cátara de denuncias ante el avance sobre la institucionalidad que viene llevando a cabo el gobierno de Gerardo Morales.
Justamente, esta mañana se reunió la Comisión Acusadora, que está presidida por el radical Ramiro Tizón, para dirimir cómo seguirá el tratamiento dentro del ámbito legislativo.
Consultado por Jujuy Dice, el Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Presidente del Consejo Federal de Política Criminal, Luis Cevasco, quien además fue uno de los firmantes de la declaración de repudio al pedido de juicio político al Dr. Ficoseco, al cual catalogaron como “carente de fundamentos” (Leer Fiscales de la Nación repudian el pedido de Juicio Político de Morales por "poner en riesgo la democracia") explicó que existe en nuestro país un antecedente de juicio político “mal utilizado”. “Fue el que intentó hacerse en época del gobierno anterior contra el fiscal Campagnoli porque había tomado algunas decisiones que no le habían gustado”, indicó el fiscal.
“En ese momento se frustró porque se demostró que también la acusación carecía de sustento”. Además, Cevasco hizo la comparación con el caso de Ficoseco, y detalló “tenemos en claro que 2 de los 3 motivos que fundamenta este pedido de juicio político fueron desestimados y ahora se los reflota sin ninguna otra prueba nueva”.
Además, explicó que “carece totalmente de sustento, porque no tiene fundamento, esos 2 pedidos desestimados son por hechos en los cuales se le imputa a Ficoseco no haber actuado cuando no tenía facultades para hacerlo en realidad”.
En lo referente a el tercer hecho dijo “es por un dictamen que no es vinculante ante al Tribunal Superior y tampoco es relevante, es un tema vinculado a la apertura o no de las DDJJ y donde el Dr Ficoseco termina aconsejando que se abran”.
Preguntado si desde el Consejo Federal de Política Criminal, en el cual están nucleados todos los procuradores de la nación, se tomará alguna medida al respecto, Cevasco adelantó “la semana que viene se reunirán todos los procuradores de la Argentina y ahí se decidirá que curso de acción se tomará”.
Repercusiones en Jujuy
Quienes también brindaron su opinión al respecto, fueron varias figuras del arco opositor. En todos los casos, manifestaron que se trata de una cuestión netamente política.
El diputado por el bloque FUyO, Juan Manuel Esquivel, explicó que “los pedidos de juicio político están solapando dos objetivos bien definidos. Por un lado, tiene un objetivo electoralista pues intentan instalar en la agenda social un tema de supuesta gravedad institucional (incumplimiento de deber de funcionario público), corriendo el eje de la pobreza, la desocupación, el hambre y el de un estado sobre-endeudado y con incapacidad de pago de esas deudas y cuestionado en la utilización de los fondos públicos y de sus MEGA Emprendimientos productivos hasta ahora inexistentes”.
“Por otro lado, estos pedidos de juicio político aparecen pretendiendo prolijar situaciones institucionales (la Fiscalía del STJ y el Tribunal de Cuentas), cuando durante 4 años los dejaron actuar bajo la misma conducción. Entonces cabe preguntarnos: ¿a quién beneficia todo este espectáculo institucional?. Bueno: el comunicado de los Fiscales Generales Nacionales es claro en este punto. La sorda disputa de poder entre Lello y Falcone y la necesidad de Morales de poner al MPA dentro de los márgenes de la Constitución Provincial” manifestó Esquivel.
El legislador también advirtió “tomar el control del Tribubal de Cuentas sólo nos puede sugerir la urgente necesidad de Morales, en vistas al cambio de rumbo del gobierno nacional, de prolijar todas las cuentas. Al fin y al cabo Morales es un contador y sabe cómo hacer que el Debe y el Haber sumen Cero”.
Por su parte, la diputada peronista Alejandra Cejas indicó que ambos pedidos de juicio político son “totalmente extemporáneos y que tienen por fin atacar a quienes deben ejercer la tarea de control de gestión a Gerardo Morales, como el caso del Tribunal de Cuentas, y necesita que haya militantes radicales para que le aprueben las cuentas”.
Además, Cejas agregó que “el tema de la Fiscalía es un tema viejo, quieren que el Fiscal de Estado, sea designado por Gerardo Morales”.
En tanto, Iñaki Aldasoro, del FIT, explicó que por principio, desde ese espacio rechazan tanto los juicios políticos como los pedidos de desafuero, a los cuales consideró como un mecanismo de “manipulación de la fuerza política del mismo régimen”.
El legislador de la izquierda, tomó como ejemplo en caso de Mabel Balconte: sostuvo que desde ese espacio estuvieron en contra del pedido de desafuero “no porque haya estado implicada o no en alguna actividad que después la justicia la haya encontrado culpable, sino por el propio mecanismo, donde hay todo un sector del aparato político que la ha sostenido y la ha mantenido como una aliada política, y después frente alguna eventualidad se lo puede utilizar como un elemento de disputa para ocupar esos lugares”. A lo que agregó (Balconte) “estuvo aliada a un sector mas vinculado al kirchnerismo en algún momento, y después pasó a ser del bloque oficialista, discutir su rol individual y no del bloque oficialista en su conjunto, que la cobijo en su seno y la integró como una de sus miembros es darle una lavada política a una decisión política más general”.
“Algo similar ocurre con los juicios políticos, particularmente en el caso de los jueces, donde nosotros por ejemplo (en referencia al FIT), yo he votado en contra de la designación de todos los jueces, no porque hubiera impugnado su probidad o su carácter probo, sino por el mecanismo por el cual se terminan eligiendo que siempre terminan siendo una acordada entre las fuerzas tradicionales y dejan afuera de la participación popular”.
“Nosotros somos partidarios del voto, de la elección y de la destitución de todos los cargos políticos, incluido los de la justicia, nos parece un mecanismo mucho más democrático que los acuerdos entre las 2 cúpulas y los falsos llamados concursos donde a dedo el gobierno termina imponiendo su voluntad”, exteriorizó el diputado.
“En ese sentido lo rechazamos como método, lo entendemos como un elemento de provocación política para poder seguir sosteniendo un régimen que es más o menos lo que está pasando ahora”.
Por último, Aldasoro expresó que “nos parece totalmente cuestionable esta operativa, que no sé si es del oficialismo pero que es funcional al oficialismo. Que personas civiles caigan de un día para el otro a la Legislatura a pedir un juicio político, 2 personas al mismo día, el día de una sesión, que entren por la mesa de entrada y que un diputado del oficialismo pida su tratamiento sobre tablas. Es muy raro ese mecanismo, por no decir que es sospechoso”.
También adelantó que si los pedidos avanzan en la Legislatura “vamos a tener que intervenir y fijar una posición tratando que se brinde los mayores elementos de los cuales se están denunciando. Y desde ya haciendo siempre esta denuncia mas general de que es un recurso de manipulación política que es un planteo de salvataje del régimen, que es un planteo que busca saldar cuentas para sostener un régimen que está totalmente en crisis”.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
