El Ministerio Público de la Persecución

“Si querés descubrir que hay detrás de estos ojos fríos
Solo tendrás que abrirte camino a través de mi disfraz”

“In the flesh”, Pink Floyd, The Wall.

Quienes lo conocieron de joven dicen que era fanático del Rock, coleccionaba, en vinilo, los mejores discos de doradas épocas del género: Led Zeppelin, The Beatles, Deep Purple, The Rolling Stones, Pink Floyd. Incluso dicen que llegó a tomar clases de bajo eléctrico para desarrollar su veta artística.

Pero al parecer la madurez llegó con el llamado del poder y el decidió tomar ese camino hasta el final, con la furia de los conversos. Y ya nada quedó del muchacho de flequillo y mirada melancólica ni de su espíritu bohemio.

Luego de ampliar la cantidad de miembros del Superior Tribunal de Justicia de cinco a nueve, nombrando a simpatizantes radicales para así tener a la Justicia bajo su control, Gerardo Morales decidió ampliar su influencia y creó el Ministerio Público de Acusación.

Lo hizo con el apoyo de la Legislatura por medio de la Ley 5895. Necesitaba un instrumento para acorralar a su jurada enemiga: Milagro Sala y la Tupac Amaru, y lo obtuvo. Quería al frente a un cruzado y así Sergio Lello Sánchez fue nombrado Fiscal General del Ministerio Público de Acusación.

Desde ese cargo haciendo uso de las atribuciones concedidas junto a otros jóvenes fiscales designados se convirtió en el brazo ejecutor de la obsesión de Morales , así obtuvo la detención de Milagro Sala y varios integrantes de la Tupac Amaru, en procesos judiciales discutidos por su parcialidad y que aún hoy no tienen sentencia definitiva.

El procesamiento y detención de Sala por el acampe protagonizado en 2016 fueron cuestionados por diversos organismos de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional, como El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas , la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Procuraduria de Violencia Institucional y el CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales.

Pero estos procesos ya son historia pasada para muchos jujeños que prefieren olvidar y evitarse la polémica. Aunque para Gerardo Morales, Sala se convirtió en chivo expiatorio y en un comodín que usa cada vez que necesita perseguir opositores.

Así el Ministerio Público de Acusación y sus integrantes acumularon poder, convirtiéndose en una instancia donde algunos jóvenes abogados lograron trascendencia, y Sergio Lello Sánchez se convirtió en su principal exponente.

Pero la creación misma del Ministerio Público de Acusación y sus facultades fueron puestas en tela de juicio y tildadas como excesivas desde el ámbito jurídico.

La Asociación de Abogados Jujeños en julio de este año señalaba que la “Ley N° 5895, es una réplica “casi” exacta, de la Ley N° 13013 de la Provincia de Santa Fe” pero “obviando u omitiendo la totalidad de las disposiciones que limitan el poder o las atribuciones del “Fiscal General”.”

Porque en esa provincia su mandato dura 6 años y no es renovable mientras que en Jujuy el Fiscal es designado de manera vitalicia como los jueces. Se objetó que “mediante una ley Provincial, de rango inferior a la Constitución Provincial, se ha creado un cargo que se ejerce de por vida y de forma ilimitada, ni siquiera el Art. 120° de la Constitución Nacional (…) que crea el Ministerio Público de la Nación se atrevió a tanto.”

Esa asociación de abogados cuestionó que al crear el MPA, se generó una suerte de “cuarto poder” que se superpone a otro pero tiene más facultades, ya que la Constitución de la Provincia prevé dentro del Superior Tribunal de Justicia la existencia de un “Ministerio Público”, el que actualmente es ejercido por el Fiscal General Alejandro Ficoseco, y que “ni por asomo tiene la cantidad de atribuciones y potestades” que el cargo ejercido por el Fiscal Lello Sanchez.

La ley 5895 creó así un “nuevo” cargo de Fiscal General, con el mismo rango que los Vocales del Superior Tribunal de Justicia, y con mayores facultades que las previstas por la Constitución para el cargo similar. En los hechos, señalaban “se ha producido la casi eliminación de hecho del cargo del Dr. Ficoseco” cargo que sí está previsto legítimamente en la Carta Magna local, “a través de una ley provincial”.

Es decir una ley provincial creó un cargo y lo dotó de facultades por encima del poder de la Constitución de Jujuy, algo insostenible “ya que la política no se encuentra, ni lo hará jamás, por encima del Estado de Derecho”.

Esos vicios de origen se mantuvieron y exacerbaron a lo largo del ejercicio de las funciones del Fiscal del MPA, no sólo en la prosecución de algunos casos que tomó a su cargo, especialmente los de significación política, sino también en la administración interna de ese ministerio público.

El Fiscal General llegó a creerse intocable, supremo, con autoridad ilimitada, incluso sobre otros abogados de ese Ministerio Público.

Lello Sanchez “Me contestó que no iba parar hasta hacerme mierda” declaró Agustina Aramayo, abogada integrante del Ministerio Público de Acusación luego de presentar una denuncia contra el Fiscal el pasado 4 de Julio por “violencia de género y maltrato laboral”. Sostuvo que Lello luego de amenazarla, hostigarla le pidió que renuncie a su puesto y la traslado de su lugar de trabajo 9 veces.

El hostigamiento hacia Aramayo, según relató, comenzó en marzo de 2016 cuando participó de la marcha del Día Internacional de la Mujer junto a integrantes de su familia. En esa ocasión Lello le mostró una foto de la marcha donde ella aparecía y luego de amenazarla con un sumario administrativo le dijo que “tenía prohibido como funcionaria participar de dicha marcha”.

La abogada también declaró que "El Dr. Sergio Lello Sánchez me hace una propuesta para que le haga 'una cama', hablando vulgarmente, al fiscal de Menores, Dr. Mario Ríos, porque querían echarlo, ante lo cual me negué. Entonces las medidas en mi contra se agudizaron".

No fue la única funcionaria que denunció a Lello, también lo acusó por Violencia laboral Mateo Montiel, quien oficiaba como Secretario del MPA. Según describió, ante su negativa a cumplir órdenes del Fiscal General, en una reunión del 19 de Junio Lello Sanchez le espetó "Pendejo de mierda, ¿quién te crees que sos? Te voy a hacer mierda. Tengo el poder de hacerlo. ¿Qué es lo que vas a contar de la fiscalía general? Te voy a cocinar a sumarios. Vos no sos nadie".

Esas denuncias se tramitan ante el Superior Tribunal de Justicia, único recurso al que pueden apelar los afectados ya que para juzgar a Lello Sanchez, dadas las facultades excesivas que tiene, se le debe iniciar un Juicio Político o Jury, dependiendo de cómo se interprete la Ley.

Una flor de persona el Fiscal, como se puede apreciar. Pero sigamos porque hay mucho más.

Ni siquiera los fueros legislativos impidieron que Lello Sanchez, con apoyo de Gerardo Morales ejerza una autoridad tiránica fuera de control y de cualquier límite democrático, similar a la de su jefe.

El 13 de Diciembre de 2018, estaba convocada una sesión de la Legislatura Provincial, donde se debatiría el Presupuesto 2019 para la provincia y también –cuándo no- la toma de Deuda Pública para Jujuy por encima del 20% de su coparticipación. La Diputada Débora Juárez Orieta de Bracamonte, de origen justicialista pero que actuaba aliada a Cambiemos, había ya manifestado su alejamiento del oficialismo y su oposición a ese proyecto. Esa misma mañana antes de la sesión  violando su inmunidad como diputada, fue allanada su vivienda en la localidad de Fraile Pintado. “La supuesta denuncia es por una venta de lotes, la cual no tiene ningún tipo fundamento”, y aclaró que no estaba imputada en ninguna causa.

Durante la sesión Juarez Orieta sostuvo a raíz de ese hecho que Lello Sánchez había iniciado una “persecución” en su contra, también cargó contra el juez Jorge Samán y el fiscal Liam Resúa, responsables directos del allanamiento. Además en esa ocasión solicitó un informe sobre la salud del Fiscal - habló concretamente de una rinoscopía- e indicó "que los que ocupan cargos públicos no tienen que tener vicios y vamos a enseñarles a ser buenos funcionarios, no corruptos”. Durísimo.

No pararon las denuncias contra el Fiscal del MPA en este año, el 19 de Agosto de este año se conoció una nueva presentación contra Lello Sanchez , esta vez con la firma del abogado José Elías y el patrocinio de la abogada Claudia González de la Asociación de Abogados Jujeños. Esta fue presentada ante la Oficina Anticorrupción por “trámites irregulares, afectación de recursos del estado.”

En ella los letrados acusan a Lello Sanchez de tener una empleada “ñoqui”, la profesional médica que reside en Córdoba María Ayelén Baraybar.

Denuncian también al MPA por “el uso, la entrega y manipulación arbitraria de los vehículos secuestrados”. Se refieren a que por distintas resoluciones, Lello Sanchez entrega a funcionarios del Poder Ejecutivo o de ese Ministerio, autos que han sido secuestrados en diversos procedimientos, pero que no han sido incaautados de manera definitiva. Siempre se trata de vehículos de alta gama: Camionetas Toyota Land Cruiser, Corolla o Pick Ups Hilux entre otros. Acusan a también al funcionario por no presentar su Declaración Jurada ante la Oficina Anticorrupción.

Un verdadero rosario de buenas obras y correctas actitudes democráticas el chango.

Claro, cuando alguien confía en que su autoridad no tiene límites, se cree capaz de cualquier cosa. Así llegamos a la frutilla de la torta.

En el último programa de “Jujuy Investiga”, por Canal 7 de Jujuy, se expusieron los avances de los Juicios Políticos que el gobierno de Gerardo Morales inició contra integrantes opositores del Superior Tribunal de Justicia y nada menos que contra el Fiscal General ante el Superior Tribunal de Justicia Alejandro Ficoseco, les suena?

El es precisamente quien debe conducir las acusaciones contra Lello Sanchez ante el Superior Tribunal.

Al parecer molesto porque los ciudadanos jujeños puedan informarse y tener una opinión sobre esos juicios cuestionados por “poner en riesgo la democracia” por Fiscales de todo el país, por dar un ejemplo, Lello Sanchez no tuvo mejor idea que a través del Fiscal de Investigaciones Complejas, Marcelo Cuellar, un área dependiente del MPA, conminar “bajo apercibimiento” a Canal 7 a que entregue una nómina completa con “el nombre del personal que realiza el programa Jujuy Investiga”. También exigió informes referentes a la realización del programa, como detalles de producción y edición y los nombres de los conductores.

El argumento empleado para semejante intimidación a la prensa es que se habían divulgado datos sobre las mujeres que en una artimaña burda, ingresaron pedidos de Juicio Político, con obsesivos detalles jurídicos a pesar de no saber nada de derecho, que fueron tratados sobre tablas en la Legislatura. 

Pero esas denuncias, tienen estado público y en ellas, difundidas profusamente , figuran los datos del domicilio y otros de las acusadoras, por lo que el argumento no tiene sustento legal.

Por lo demás, el autor intelectual de las misteriosas denuncias reveló su signatura y propósito por sí mismo. Fue en su encuentro con el Obispo, cuando Gerardo Morales les pidió a los acusados, el Fiscal Ficoseco y miembros del Tribunal de Cuentas que renuncien a sus cargos, realizando un apriete público a otros poderes del estado pocas veces visto.

Pero los rechazos al otro apriete, el realizado contra la prensa y la libertad de expresión no tardaron en aparecer. En repudio a la intimidación contra periodistas y realizadores se manifestaron los Periodistas Unidos y Autoconvocados de Jujuy, PUAJ, la Asociación de Abogados de Jujujuy, AAJ, el Consejo Federal de Política Criminal del País, que nuclea a los Fiscales y Procuradores de toda la Argentina (que vienen alzando su voz contra los Juicios Políticos de Morales).

También repudiaron el ataque a la libertad de expresión Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales ANDHES y la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas ATA, eso hasta ahora.

Y saben quién mas? ... El Gobierno de la Provincia de Jujuy, aunque usted no lo crea.

En un comunicado de ayer la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto de la Provincia, expresó que “repudia enérgicamente el accionar del Ministerio Público de la Acusación contra la libertad de expresión sufrida por el programa “Jujuy Investiga” que se emite por Canal 7 de Jujuy. Asimismo, aboga por el libre ejercicio de prensa, al tiempo que se solidariza con los periodistas del medio referido.”

Chan!... Habría que pensar entonces que esta vez, ante el repudio generalizado por la actuación, una vez más, autoritaria y antidemocrática del Fiscal Sergio Lello Sánchez, el gobierno reculó y decidió marcar la distancia.

O que Lello Sánchez actuó, esta vez, con desconocimiento de Morales y éste optó por ponerle los puntos sobre las íes.

En cualquier caso, no alcanza con un comunicado empático con los medios del “Gobierno Abierto”. Los sucesivos actos y atropellos de este Fiscal General, alentados desde el gobierno deben cesar en los hechos y no alcanza con declaraciones de buena voluntad. Su ataque a la libertad de prensa afecta a todos los ciudadanos pues vulnera nuestro derecho a informarnos para conocer los actos de gobierno y formarnos una opinión en base a la cual decidir y actuar (hay unas elecciones a la vista, recuerdan?).

Si en verdad la administración de Gerardo Morales le interesa el estado de derecho y la libre expresión debería contemplar la forma en que se le impongan sanciones por este atropello al tiránico funcionario y se cumpla la Ley en lo relativo a todas las acusaciones que sobre él pesan.

¿Que pasara? La respuesta, mi amigo, como diría Bob Dylan, está soplando en el viento.