Pasaron cuatro años desde que el tribunal que condenó a Milagro Sala por la causa Pibes Villeros vuelva a repetirse, será la causa por los disturbios en la jura de la Constitución reformada que tiene a 19 dirigentes en el banquillo, la que nuevamente reunió a las juezas María Alejandra Tolaba Ana Carolina Pérez Rojas y Cecilia Sadir.
Fue el juez Rodolfo Fernández quien confirmó recientemente la elevación a juicio por los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones doblemente agravadas y daños a los bienes de uso público, causa que tiene a 19 imputados. Tras ello, el Poder Judicial notificó a la defensa sobre cómo se integrará el tribunal que deberá determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados. Todas mujeres, las mismas que condenaron a Milagro Sala a 13 años de prisión en la causa Pibes Villeros.
El paralelismo entre lo ocurrido en 2019 y este 2024 no sólo se circunscribe a los nombres del tribunal, sino en las condiciones en que se llevó la investigación penal preparatoria: en cualquiera de los casos, las defensas apuntaron a una serie de irregularidades con el efecto de perseguir jurídicamente a quienes se oponían a los designios de Gerardo Morales.
Tras haber sufrido un allanamiento en sus oficinas por orden del titular del MPA Sergio Lello Sánchez, la fiscal Liliana Montiel relató en 2020 el accionar de la justicia a fin de obtener una condena contra Milagro Sala, acusada por el desvío de fondos de la obra pública. Montiel apuntó a durante el proceso nunca se admitió la incorporación de pruebas por parte de la defensa, como así también que la ausencia de Sala durante el juicio hacía que este fuera nulo. La lideresa de la Tupac Amaru se encontraba internada en un hospital, de la cual fue trasladada hasta la sede judicial para presenciar el juicio. En pijama, Sala pidió cambiarse de ropa, por lo que el tribunal la expulsó del juicio.
Montiel fue la responsable de pedir la detención de Milagro Sala por el acampe que inició cuando apenas asumió la gobernación Gerardo Morales. Luego se sumó la causa Pibes Villeros, que también salpicaba al intendente Raúl ‘Chuli’ Jorge y al ex gobernador Eduardo Fellner, sobre quien se negó a pedir su detención, ello le valió a la fiscal ser apartada de todas las causas en que se investigaba a Milagro Sala. El punto de quiebre fue cuando Lello Sánchez mandó un cerrajero para forzar las puertas de su oficina y llevarse los expedientes que tenía en su poder Montiel.
Lello Sánchez sigue siendo el ejecutor de la persecución judicial en Jujuy, con los cambios en la Constitución provincial, el Ministerio Público de la Acusación adquirió la legalidad que carecía desde su creación como órgano extrajudicial.
Fue el MPA el que investigó los hechos ocurridos el 20 de junio cuando Morales juró la nueva Constitución y que tiene en el banquillo de los acusados a referentes sociales. La defensa también planteó diversas irregularidades, pero el juez Fernández desestimó todas, incluida, su pedido de apartamiento por la clara falta de parcialidad, la más evidente, negar la incorporación de pruebas para ejercer la legitima defensa de los imputados. Tal como ocurrió con Milagro Sala en 2019.
El armado de causas judiciales sigue siendo una realidad en Jujuy, no por nada, Miguel Ramos, uno de los acusados ya adelantó que la sentencia ya está escrita y condenará a los 19 dirigentes. El objetivo es uno: sólo es posible avanzar con la política de saqueo con la ciudadanía disciplinada.