El recurso ante la CIDH y la ONU para exigir por la liberación de Nahuel Morandini y Roque Villegas

Cumplido poco más de un mes de los 60 días de prisión preventiva, el caso de Nahuel Morandini y Roque Villegas -presos por tuitear sobre la vida privada de Gerardo Morales y Tulia Snopek- llegó a la CIDH y la ONU, organismos a los cuales se pidió por su inmediata liberación.

De forma conjunta, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), ANDHES (Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales), además de Amnistía Internacional Argentina, las que presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas el recurso.

Las organizaciones detallaron que tanto Morandini como Villegas fueron acusados por los delitos de lesiones psíquicas y supresión de identidad respecto a la hija del ex gobernador y su pareja, luego que realizaran comentarios en redes sociales.

“Hasta hoy no hay ninguna prueba seria que permita sostener la existencia de tales delitos, menos aún de riesgos que permitan sostener la necesidad de una privación de la libertad por 60 días”, explicaron desde el CELS sobre los argumentos para que dicha investigación no continue.

No obstante, la justicia jujeña no solamente mantiene detenidos al docente universitario y al trabajador independiente, sino que además también impuso un bozal legal a sus familiares y allegados. A pedido del defensor oficial de Niños, Niñas, Adolescentes e Incapaces, Federico Ruiz Saman, quien presentó un pedido de medida cautelar de “protección persona”, el juez Pablo Pullen Llermanos prohibió hacer cualquier referencia pública sobre el ex gobernador Gerardo Morales, su esposa Tulia Snopek y la pequeña hija de este matrimonio. “Prohibición de ejercer actos de violencia psicológica por sí, o por interpósita persona, particularmente la de efectuar expresiones públicas por cualquier medio, utilizando el nombre de las víctimas de autos y/o la referencia de ambas con relación a su progenitor y esposo, respectivamente, e igualmente en el caso de este último, con la utilización de su nombre, o del cargo público que ocupó u ocupare”, indica el fallo.

Así, desde las organizaciones que defienden a los detenidos subrayaron que “todos estos métodos representan la utilización del derecho penal para criminalizar la libertad de expresión”.

En la misma dirección, recordaron “la situación de los derechos humanos en la provincia de Jujuy viene siendo observada por la CIDH desde hace varios años, en particular desde el ensañamiento, hostigamiento y criminalización contra Milagro Sala. Hace pocos meses, en el marco de las protestas contra la reforma constitucional de la provincia, la CIDH llamó a respetar estándares sobre el uso de la fuerza y el derecho a la protesta social. Aun así, abogados y abogadas integrantes de organismos de derechos humanos, referentes indígenas y activistas fueron sancionados con aplicación de contravenciones o incluso, la justicia provincial los criminalizó y condenó por manifestarse”.

Y agregaron “es fundamental que la CIDH comprenda que la actuación del poder judicial jujeño se aparta de estándares internacionales que Argentina se comprometió a cumplir en materia de libertad de expresión y que le requiera al Estado información al respecto”.

Por último, consideraron que “la utilización de las figuras penales para imputar a Marcelo Morandini y a Roque Villegas por un posteo carece de proporcionalidad o de un fin legítimo, ya que se trata de la restricción de derechos más severa posible que existe en la justicia: la privación de libertad. Los primeros días de detención, además, Nahuel y Roque fueron alojados en celdas de castigo de la Unidad 2 de Máxima Seguridad del Penal Gorriti. Este proceso de criminalización y encarcelamiento tiene efectos disuasorios, disciplinantes y amedrentadores sobre toda la sociedad, que verá limitado su ejercicio a la libertad de expresión, dentro o fuera de las redes sociales”.