El régimen dictatorial de Morales: son más de 150 las personas imputadas por las protestas contra la reforma constitucional

“Se trata de hechos planificados e ilícitos, de delitos perpetrados por personas violentas, que están atacando el orden constitucional y no se trata de hechos aislados y son ejecutados y planeados por individuos violentos y organizaciones sociales y políticas”, trató de justificar el fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas sobre la escalada de persecución y hostigamiento que propicia el gobierno de Morales en contra de quienes se manifiestan en contra de la reforma constitucional, que ya tiene en su haber más de 150 imputaciones.

En conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía de Estado daba a conocer la de decisión de Gerardo Morales que dicho órgano sea querellante en todas las causas abiertas en el contexto de las manifestaciones en contra de los cambios en la Carta Magna jujeña. El tono de la misma reveló el nivel de persecución en contra de sectores de la oposición, pero también de la ciudadanía en general. “Golpe institucional”, “delincuentes”, “violentos”, “sedición”, “perseguir hasta las últimas consecuencias” fueron algunas de las frases que el funcionario repitió en varias oportunidades para tratar de deslegitimar el reclamo de la población.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Guillermo Corro fue el encargado de brindar detalles sobre las imputaciones. “Hasta el momento, el Departamento Contravencional y los señores jueces contravencionales ya tienen en su poder más de 100 expedientes, esto implica una cantidad aproximadamente de 150 personas físicas que ya han sido imputadas en estos días y se han sentenciado a cinco de ellas, cuyas multas van de los 500 mil a los 2 millones de pesos”, explicó.

Los cortes de ruta no son los únicos delitos señalados, se suman también “escándalos y desordenes en la vía pública; molestias a terceros, omisión de ceder paso a vehículos oficiales como ambulancias, móviles policiales, bomberos, también las reuniones públicas tumultuarias”, enumeró Corro.

Sí, las reuniones tumultuarias en espacios públicos también serán condenadas. Cualquier parecido con las disposiciones de la última dictadura militar son puras coincidencias. O no. Es evidente que Morales con la nueva Constitución ha recrudecido el aparato represivo dándole rango constitucional al MPA, brazo ejecutor de todas las denuncias en contra de opositores, el ejemplo más evidente el de Milagro Sala. Pero también, con el cercenamiento del derecho a la protesta, con la aplicación de multas a quienes corten caminos y rutas, esto último ya comprendido en la Constitución Nacional.

Para no dejar ninguna duda sobre el avance de las protestas, Rivas dijo que la Fiscalía irá hasta las últimas consecuencias respecto a las causas abiertas, las cuales también implican delitos muchos más graves, como el de sedición, privación ilegítima de la libertad, secuestro, tentativa de homicidio, por lo que las penas rondan incluso hasta los 25 años de prisión.

El cálculo monetario tampoco es menor: el propio Rivas señaló que se estima en unos mil millones de pesos los daños a bienes de uso público, además del perjuicio en la actividad turística y la producción. Así, el funcionario, adelantó que se embargará a todos los encausados y encausadas para recuperar la suma.

Nada dijo de las detenciones ilegales y la aplicación de tormentos en los penales. Situación que determinó que organismos de derechos humanos nacionales e internaciones exigieran a Morales que se garantice en Jujuy los estándares en la materia luego de la brutal represión del 20 de junio.