Había una vez…Un vanidoso Rey rodeado de aduladores que deseaba vestir el más rico y deslumbrante traje jamás visto. Dos estafadores lo convencen de hacerlo de una magnífica tela que no podría ser vista ni por los estúpidos ni los ineptos. En realidad no había tal traje y cuando se lo probó ningún asesor le dijo nada al mandatario para no quedar como un idiota. Así es que el Rey terminó desfilando desnudo ante una multitud silenciosa que también pretendía ver su traje. Hasta que un niño gritó -¡está desnudo! – y entonces todo el pueblo empezó a murmurar y a reírse de su Rey quien acabó expuesto y humillado.
Las últimas semanas fueron dramáticas y de alta exposición para el gobierno de Gerardo Morales. Conflictos latentes, medidas perjudiciales para los ciudadanos, se hicieron visibles y varios frentes eclosionaron, exponiendo las serias debilidades de la gestión gubernamental.
Casi todos ellos provocados por la mala gestión junto a una inexistente presencia de límites por parte de organismos de control u otros poderes del estado.
Sin embargo el gobernador, su corte de funcionarios y legisladores junto a algunos medios afines insisten en que nada ha pasado y que Jujuy tiene el mejor gobierno de todas las épocas. Pero la negación de cualquier problema y el ocultamiento de medidas tomadas de manera inconsulta, comienzan a hacer mella en la aprobación de la gestión de gobierno y la imagen de Gerardo Morales.
Sobre todo porque sus políticas y forma de gestionarlas quedan expuestas de la mano de una oposición que comienza a despertar y una opinión pública ávida de indagar en los pormenores de cada resolución gubernamental que los perjudica.
Todo a media luz
El aumento de la tarifa de luz se instrumentó mediante una resolución de la Su.Se.Pu del 23 de Diciembre de 2019 –con toda la gente en pleno frenesí navideño- retroactiva a Noviembre pero publicada recién el 3 de Enero de 2020, sin mediar una audiencia previa con presencia de consumidores como manda la normativa. Para decirlo claramente, el gobierno decidió un aumento de la luz, entre misa de gallos y medianoche. De espaldas a los usuarios.
Cuando comenzaron a llegar las facturas, la bronca de la gente se hizo sentir. Hubo manifestaciones en San Salvador, San Pedro, Libertador, Fraile Pintado y otras localidades. ¿Qué esperaba el Gobernador? ¿Que los ciudadanos no se den cuenta? A esta altura de la crisis si algo revisan y rebuscan los argentinos son sus cuentas y sus bolsillos.
Por el contrario esa forma de implementar la medida, a escondidas, como una “avivada” contra los jujeños, solo produjo más rabia entre usuarios ya enojados con la llegada de boletas que hasta duplicaban las anteriores.
La gente comenzó a mirar y cuestionar el detalle de las facturas. Así encontraron que el gobierno cobra un ítem por algo que el usuario no consume. El FOPEJ Fondo Provincial de Energía de Jujuy, un “extra” cuyo cobro fue decidido -una vez más- a espaldas de los ciudadanos, por una simple Resolución de la Secretaría de Energía, sin la aprobación de la Legislatura como correspondía de acuerdo a ley, y que aumentó tres veces en 2019 por decisión del ejecutivo.
Pero además el destino del dinero recaudado por el FOPEJ es desconocido y no es auditado por el Tribunal de Cuentas, sino por la propia Su.Se.Pu que depende del ejecutivo. Eso es lo que informó Mario Pizarro, el Secretario de Energía a un informe pedido por la Diputada Alejandra Cejas. Es decir que el gobierno se controla a si mismo acerca de lo que hace con millones de pesos que cobra a los jujeños, en definitiva, puede disponer de esos fondos como se le plazca. Un insulto a la inteligencia ciudadana.
Después del revuelo, las manifestaciones y el enojo generado por el aumento de la luz que pretendió ocultar, Gerardo Morales se vió obligado a tomar alguna medida. Entonces anunció el congelamiento de las tarifas por 180 días “a partir del 1ero de Enero de 2020”.
Pero nada explicaron sus funcionarios del aumento retroactivo aplicado, ni sobre su anulación. Si bien anunciaron algunos paliativos como el reempadronamiento en la tarifa social y subsidios para los que no puedan pagar las boletas, el congelamiento se aplica luego de un incremento oculto de la tarifa que no está de acuerdo a normativa. Para decirlo de manera directa: el gobierno congela un aumento.
El enojo en la calle
En el génesis del congelamiento de las tarifas aumentadas, en tanto respuesta a una demanda de los jujeños, se encuentra la lectura por parte de Gerardo Morales de un creciente malestar de la sociedad. De allí la necesidad de anunciar algún tipo de contención, amañada y poco clara, pero útil para mostrarse conciliador.
El malestar lo sensó el gobernador en carne propia cuando fue encarado a la salida de una Escuela en Fraile Pintado por vecinos y manifestantes de la CCC que pidieron respuestas y soluciones por los brutales aumentos de la luz. Cuando se vió apremiado atinó a salir raudamente del acto que encabezaba sin dar explicaciones a los reclamantes. –Tienen que reempadronarse- revoleó al aire como única respuesta, mientras huía con gesto siempre sobrador. Algunos de los adulones de siempre exageraron la reacción alejando a un periodista a los empujones, actitud de hostigamiento que comienza a marcar un grave antecedente por parte de este gobierno, pero que para los grandes medios locales pasó inadvertida.
Cuando ya había salido la camioneta de Morales, manifestantes lanzaron dos botellas de plástico contra otros vehículos de la comitiva, en una actitud infantil. Ese mínimo gesto, ahora sí, fue reflejado y magnificado por la prensa tradicional jujeña, de la mano de una operación sembrada por los voceros gubernamentales. “Agredieron al Gobernador en Fraile Pintado”, titularon al unísono. Parece que no tuvieron tiempo de chequear el video de la salida del gobernador y su comitiva para verificar la terrible agresión, que no sucedió.
Luego el guión continuó desarrollándose solo, con el impulso que tienen algunos lugares comunes que el poder viene empleando en Jujuy y sobre los que trabaja con ahínco.
“Mandaron gente a agredir, pero nosotros estamos desarrollando una política pública intensa y no le tenemos miedo a los violentos. Hemos ganado la batalla por recuperar la paz social.” Se regodeó Morales, tan rápido de reflejos como veloz en la huida.
La apelación al eje paz - violencia, buenos - malos, cualquier medida de mi gobierno - reclamo ilegítimo, como lugar común en el discurso oficialista es un recurso que de tan remanido comienza a perder efectividad, sobre todo frente a la exposición pública de actos de gobierno inconsultos que perjudican en forma muy concreta a los jujeños.
Es sabido, semánticamente “violentos” es para Morales y su público igual a Tupac Amaru y a Milagro Sala, prácticamente el mal puro. Lo que trata de hacer el gobernador es englobar cualquier tipo de reclamo de la gente en ese apelativo. Si hay usuarios de la luz disconformes con un aumento brutal, decidido de manera ilegal , ellos también serán ahora “violentos” y listo, quedan fuera del universo de la legitimidad y la civilidad.
El recurso ya se torna absurdo y como toda polarización extrema, amenaza con dejar aislado a quien la práctica. Porque en este curso de acontecimientos todos los jujeños serán considerados “violentos” si se manifiestan en descuerdo con las políticas de Gerardo Morales, muchas de ellas además implementadas sin respetar la legislación, sin la auditoria correspondiente de sus cuentas, ni el acuerdo que por norma la legislatura debe prestar a algunas de ellas.
Docentes, empleados públicos, estudiantes, consumidores, organizaciones sociales. Todos los que alguna vez se pronunciaron públicamente contra medidas de gobierno que los perjudicaron han sido tildados de “violentos”. Lo que no se da cuenta Morales es que de seguir así podría quedar sólo con su corte de funcionarios y los medios con los que tiene negocios, frente al resto de la población jujeña.
La persecución consumada
Sería ingenuo pensar que esa estigmatización que propone el gobierno hacia todos los que sostengan un reclamo en su contra es sólo discursiva.
Porque Morales cuenta además con una herramienta concreta para hostigar a quienes manifiesten su inconformidad, es la justicia que tiene bajo su control.
La exposición de los audios del Presidente del Superior Tribunal de Justicia Pablo Baca terminaron de exhibir ante el país la obscena y total falta de independencia del Poder Judicial jujeño y su control por parte del ejecutivo como también su empleo desembozado para perseguir opositores. “Milagro está presa porque ese bendito tribunal entiende que si ella está suelta es un peligro para el gobierno; no por sus delitos (…)”, confesó Baca en la conversación privada que se reveló.
“No vamos a permitir que Milagro Sala quede libre”, declaró en público la expresidenta del STJ Clara de Lange de Falcone, en otra manifestación exuberante de prevaricato y sumisión judicial al poder político jujeño de diciembre de 2019.
A la Falcone su oralidad le costó el cargo de presidenta de ese tribunal, pero igual lo sigue integrando. Baca optó por tomarse licencia y tiene en curso un Juicio Político de resultado incierto, motorizado por una oposición que comienza a mostrar algún reflejo.
A pesar de estas bajas , Morales aún cuenta con otros tribunales e instancias judiciales para perseguir a cualquier protesta de la sociedad civil. Y un instrumento legal para consagrar ese acoso: el Código Contravencional que sanciona y pone multas exorbitantes a los protagonistas de reclamos en el ámbito público, en un exceso punitivista que busca restringir la protesta social.
Ese código fue sancionado por la Legislatura con mayoría peronista en 2014, a instancias del entonces gobernador Eduardo Fellner que buscaba ponerle coto a las manifestaciones de sindicatos y organizaciones sociales y en particular limitar el poder que en las calles tenía por entonces la Tupac Amaru conducida por Milagro Sala. Una de las primeras condenas que recibió Sala fue a partir de un juicio contravencional por el acampe que mantenía frente a la Casa de Gobierno a finales de 2015 y principios de 2016.
A partir de ese momento el empleo de la justicia contravencional para reprimir, restringir, criminalizar, detener manifestantes y en fin, evitar la protesta social, no ha cesado.
En Abril de 2017 la policía jujeña entró en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJU, violando la autonomía universitaria y deteniendo ilegalmente a dos estudiantes que estaban en una celebración autorizada, que supuestamente infringía al código contravencional.
Su aplicación tuvo alcances tan ridículos como la condena en Febrero de 2019 con elevadas multas a estudiantes que manifestaban frente a la Casa de Gobierno contra el cierre de profesorados, contra quienes Gerardo Morales empleó policías de civil infiltrados.
La causa que ahora está cursando en el Juzgado contravencional conducido por el Juez Matías Ustarez Carrillo, mismo que condenó a Milagro Sala, apunta prácticamente contra los representantes de los principales sindicatos estatales jujeños, como ATE, ATSA, CEDEMS, ADEP, Luz y Fuerza varias organizaciones sociales como el Movimiento Evita, la CCC y partidos como el PTS y Unidad Ciudadana, por haber participado de una movilización en la apertura de sesiones legislativas de 2018.
En la manifestación hubo un vasto operativo policial que terminó con varios dirigentes detenidos. La condena tendría multas de 250 mil pesos para cada uno de los 15 acusados por la contravención, algunos de los cuales además tienen un proceso en el ámbito de la justicia penal ordinaria.
El movimiento de Gerardo Morales, desde que asumió la gobernación por primera vez en 2015 fue claro. No sólo buscó polarizar y encarcelar de manera ejemplificadora a Milagro Sala para “pacificar” la provincia, sino también constituir una justicia afín para impedir cualquier protesta en su contra. Al perseguir y acosar judicialmente a fiscales, miembros del Tribunal de Cuentas, sindicalistas, docentes, estudiantes, trabajadores y opositores políticos, pretende generar el consenso de la no protesta, y un poder sin límites ni controles constitucionales.
Es un movimiento común de toda tiranía: plantear la existencia de un enemigo que acecha a la sociedad, los “violentos”, para justificar su persecución y el ejercicio de un poder de rasgos autoritarios y de carácter paternalista. “Voy a cuidar al pueblo de Jujuy como sea”, dijo en la noche de la derrota electoral macrista.
Un nuevo adversario
La soberbia y tendencias autoritarias del gobernador radical no se detienen allí, Morales las exhibe como una actitud no sólo política sino también personal. En los últimos días a raíz de los aumentos tarifarios arreciaron las protestas y manifestaciones callejeras contra el gobierno y esa suba inconsulta.
En Fraile Pintado y en San Pedro la gente conocedora de que el gobernador se presentaría organizó actos para repudiar los aumentos.
Al parecer el fervor popular agrada al gobernador sólo en épocas electorales porque en estas dós últimas ocasiones exaltó negativamente su estado de ánimo. Fue la prensa quien tuvo que soportar la actitud agresiva e insultante de Morales.
Cuando un periodista de Fm La Roca, Marcelo Pastore, le realizó una pregunta por el tema aumento de tarifas, el mandatario le negó la palabra y cualquier entidad periodística, basándose en que el cronista había sido candidato en las elecciones.
“Vos sos militante político querido, así que a vos no te contesto”, le disparó un enfurecido Morales. “Y además te ha ido mal en la elección”, agregó mientras levantaba el tono de voz. “No tenés ni un voto. Es que no sos periodista”.
Pero la cosa siguió, ya ofuscado, una vez más el gobernador comenzó a retirarse precipitadamente de la Escuela de Discapacitados sampedreña donde había encabezado un acto. El periodista lo siguió insistiendo en su pregunta. Morales no lo soportó más. "Sos muy miserable. Venir a hacer política con niños discapacitados…vos vivís una vida miserable", le espetó en la cara. Justo él que salía de un acto con discapacitados.
Esta actitud patotera de Morales no es nueva , el pasado 18 de noviembre, en ocasión del acto por la autonomía política de Jujuy, la había emprendido contra una periodista de Canal 2, Berta Gerónimo, a quien contestó: “Querida no te voy a hacer la propuesta a vos”, en respuesta a una consulta de la cronista.
Luego de la descarga sampedreña el diario digital de un importante canal de cable de la provincia tituló otra vez “Gerardo Morales agredido”. Patético y obvio. Es típico el movimiento del agresor que para ocultar sus acciones quiere pasar como víctima. ¿La prensa será el nuevo sector que el gobierno pretende deslegitimar sumándolo a “los violentos”?
El comportamiento de Morales es antidemocrático porque no tolera escuchar ya no sólo a un cronista y su pregunta, sino a cualquier reclamo de la sociedad civil que suponga un desacuerdo con sus políticas. Sabe que muchas de sus medidas no tienen consenso entre la gente y no pasarían las instancias de control y aprobación legislativa que la democracia exige. Por eso las toma de espaldas a la gente, tratando de ocultarlas.
Pero el pueblo ya se ha dado cuenta que el predicador de la “páz, unión y trabajo” es quien a partir de su autoritarismo y necesidad de polarizar siembra la violencia y la intolerancia para ejercer un poder sin límites ni controles legales. La diferencia es que ahora hay una oposición que empieza a tomar fuerzas y una opinión pública que empieza a interesarse en los pormenores de cada acto de gobierno arbitrario y perjudicial para el pueblo.
El Rey está desnudo.
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