El STJ tuvo que intervenir para transparentar los actos administrativos en Caimancito

La jura y asunción de concejales e intendentes en diferentes localidades no ha sido el mejor de los actos democráticos, situaciones irregulares y bochornosas que van contra la Constitución de la provincia como sucedió en Calilegua y Caimancito.

En Caimancito, un hecho escandaloso y donde el voto popular no es respetado y menos aún la constitución de la Provincia y reglamentos de las instituciones.

En las elecciones del 9 de junio, se impuso Daniel Gurrieri (Frente Cambia Jujuy) como intendente, y los concejales electos fueron Diego Mayaregua (Frente Justicialista) seguido por Blas Videla (Copoca). Finalizando el periodo ordinario de sesiones Gurrieri debía haber presentado su renuncia como concejal y presidente del Concejo Deliberante para poder asumir el cargo de Intendente de Caimancito. El hecho no se realizó, no renunció y ante esa situación determinaron que el concejal Videla tome juramento en esas condiciones incompatibles a Gurrieri.

Ante esa situación inconstitucional, el concejal Diego Mayaregua (Frente Justicialista) con el patrocinio del Dr Roberto Moya presentaron una medida cautelar por la irregularidad de los actos administrativos.

Es así que salió una resolución favorable del Superior Tribunal de Justicia por el cual restituye provisoriamente a Diego Mayaregua para ejercer provisoriamente la Presidencia del Concejo Deliberante, por lo tanto, Blas Videla debe abstenerse de ejercer actos del cargo de presidente del Concejo Deliberante.

La medida determina que en 48 horas, deben remitir la documentación de la sesión preparatoria de sesión del 9 de diciembre al juez de paz, y según las pruebas se emitirá pronunciamiento sobre la permanencia o no de la cautelar.

Mayaregua deberá ejercer interinamente también la Intendencia debido a que Videla tomó juramento al electo Gurrieri, quien todavía continúa siendo concejal por no haberse tratado su renuncia. Esta debía haberse expuesto en la última sesión ordinaria.

Es decir, un caso extraordinario, donde Gurrieri pretende ejercer una doble función como concejal e Intendente, situación que es incompatible, y además le caben denuncias administrativas y penales.

Gurrieri, tomó una grave medida como intendente y fue la de despedir a 52 empleados municipales, signo de un gran abuso de autoridad en un marco de ilegalidad.