Alrededor de las 16:30 horas la Policía de la provincia ide Jujuy allanó residencias y detuvo a Sebastián Emilio Copello, Juan Manuel Chorolque,dirigentes del Polo Obrero, MTR-12 de Abril y MAR respectivamente; la orden también recae sobre Verónica María del Huerto Urzagasti, dirigente social.
La orden de allanamiento, detención y incautación de los celulares de Copello, Chorolque y Urzagasti fue firmada por Rodolfo Miguel Fernández, Juez de Primera Instancia del Juzgado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública. La fiscalía ordenó imputar a los dirigentes por "entorpecimiento del transporte y servicios" (art. 194 del Código Penal) y "desobediencia a la autoridades" (Art. 239 del Código Penal).
De esta manera la justicia jujeña que responde a Gerardo Morales, da un paso más en la criminalización de la protesta social y la persecución de dirigentes que la encabezan, evidenciando la matriz autoritaria de la gestión del gobernador radical
En la orden judicial emitida se cita la “investigación preparatoria” del expediente N° 266973 del Ministerio Público de la Acusación quien inició las causas a raíz de manifestaciones en las calles de San Salvador de Jujuy el 3 y 30 de marzo pasado.
En esas jornadas de protesta de las organizaciones sociales, la Policía reprimió a manifestantes en San Pedro deteniendo a siete personas, entre ellas tres mujeres.
El accionar policial en las marchas de San Pedro
Las organizaciones sociales previo a las detenciones de hoy estaban convocando públicamente a una conferencia de prensa mañana jueves y a una concentración frente al Juzgado Contravencional el viernes 8 de abril ante el inicio del juicio por estos hechos mencionados.
Con los allanamientos y detenciones el régimen policíaco de Morales cumple con las palabras del Gobernador que la apertura de sesiones de la Legislatura el 1 de abril acusó de "delincuentes" a los integrantes de las organizaciones sociales que protestan en la provincia
El gobierno nacional también alienta este tipo de ataques a partir del ministro de Desarrollo Social, Juan Zavaleta, que viene en una cruzada contra las organizaciones sociales, publicó La Izquierda Diario.
En la orden del Juez se fundamenta las detenciones de cara al juicio sosteniendo que “Su preeminencia dentro de las organizaciones que comandan podría ser utilizada para coaccionar a los miembros de dichas organizaciones que eventualmente sean citados como testigos, incidiendo en la libertad de los mismos al momento de prestar testimonio.”
Están diciendo que por su rol dirigente van a afrontar el juicio contravencional en calidad de detenidos. Algo violatorio del principio de inocencia, por ende, de todas las garantías constitucionales.
Hay que rodear del mayor apoyo provincial y nacional del más amplio arco de organizaciones sindicales, sociales, políticas, DDHH, en defensa de las libertades democráticas frente a un gobierno que es abanderado en tener presos políticos y reprimir la protesta social, perseguir y proscribir a sus opositores.
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