En la "Capital Nacional de la Pachamama" la justicia desaloja a una Comunidad Indígena

La Comunidad Indígena Las Capillas, integrante del Pueblo Ocloya recibieron una orden de desalojo. En un comunicado difundido ayer expresaron que miembros de esa comunidad acompañados "por el Consejo de Delegados de las Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya, (CDCAPO), con Personería Jurídica Federal Nº 1.241, reconocida por el Registro Nacional de Organizaciones de Pueblos Indígenas - ReNOPI, en el marco de Resolución INAI 328/10, representados por su cacique y abogada, se apersonaron a primer hora de ayer, en el juzgado de Control Nº 4 para corroborar información recibida el martes pasado: el desalojo a partir del 31 de julio del corriente.

Se trata del Expediente caratulado "Maizares Aldo, Tarifa María Inés, Juárez Mariana, Rueda Ángel; Juárez Adriana; Valdiviezo Rodolfo Daniel y personas a establecer por Usurpación. 

Fueron citados por el Juez de control Nº 4 Dr. Isidoro Cruz, quien ratificó que la orden esta lanzada y que el expediente fue girado al  Fiscal interviniente  Diego Cussel, quien solicitó la medida de desalojo contra los miembros integrantes de esa Comunidad, que cuenta con Personería Jurídica 002/16 reconocida por la Secretaria de Pueblos Indígenas y Carpeta Técnica de ReTeCI, donde el Estado reconoce la ocupación actual tradicional y pública en el marco de la ley nacional de orden público 26.160 y su prorroga 27.400 vigente.

Estas medidas son contradictorias y revelan la hipocresía de las consignas del Gobierno de la Provincia "Jujuy Capital Nacional de la Pachamama",  "Pachamama yo te cuido", o el plan de gobierno “Pachamama” que solo quedan reflejados en rituales vacíos para exhibición y actos simbólicos mientras que en los hechos, avanza con medidas que vulneran derechos adquiridos por los pueblos indígenas, provocando el desamparo sistemático e inseguridad jurídica en las comunidades preexistentes en la provincia de Jujuy.

El estado desconoce así la ley nacional de orden público 26.160 que establece "la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente".

Además, dispone la suspensión por el plazo de la emergencia declarada, de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º de esa Ley.

Incumple también la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 17 y 22, el Convenio 169 de la OIT y tratados internacionales que el Estado ha firmado.

Ante este desalojo el Pueblo Ocloya  "se declara en alerta,  manifestando su preocupación y temor ante la incertidumbre y vulneración de derechos por parte de la Justicia Jujeña" por lo que se están haciendo presentaciones, requiriendo el cese y suspensión de la medida, solicitando a los organismos del Estado INAI y Secretaria de Pueblos Indígenas, su intervención y acompañamiento Institucional, como así también instan a acompañar la defensa legitima del territorio del cual los miembros denunciados son poseedores ancestrales.

Y advirtieron que "responsabilizan al Gobierno de la Provincia, Poder Judicial, al Juez de Control Nº 4 Isidoro Cruz, Fiscal interviniente Diego Cussel, al jefe de la policía de la Provincia y jefe de la Unidad Regional Nº 8 por cualquier daño físico y psicológico que pudieren causarse contra la integridad física de todos los miembros integrantes de la Comunidad Aborigen Las Capillas y Autoridades del CDCAPO."