Esta tarde regresan los integrantes del Tercer Malón de la Paz después de cuatro meses de permanencia en Buenos Aires visibilizando el reclamo de la inconstitucionalidad de la reforma del ex gobernador Gerardo Morales. Una reforma que va contra la Constitucional Nacional, y que avanza sobre los territorios indígenas y los recursos naturales.
Ayer fueron desalojados los maloneros de plaza Lavalle, cuando se sabía que regresaban a la provincia tras la entrega del informe oficial de violencia institucional en Jujuy en la Corte Suprema de Justicia y en el Congreso de la Nación. Dejaron CABA porque era tiempo de volver a la provincia, a seguir la lucha con un paso importante que lograron las comunidades en unidad.
Cerca las 14 horas de esta tarde llegará el colectivo que los transporta a la estación de servicio Sigma, en calle Monteagudo al 2000 en el acceso sur.
Cuatro meses transcurrieron de lucha y ayer el grupo de maloneros era 30 persoans, y en un desproporcionado operativo la policía de la provincia de CABA procedió a desalojarlos también con el Ministerio de Espacio Público con un gran números de efectivos.
El levantamiento de la protesta se había hecho en virtud de los resultados que arrojó el informe de la Comisión de Análisis sobre Violación de los Derechos Humanos en Jujuy, que fue creada por el Decreto 435/2023 del Poder Ejecutivo con el propósito de recopilar denuncias sobre los casos de violencia institucional que se sucedieron en la provincia durante las protestas que se originaron a raíz de la promulgación de la Carta Magna local.
El Malón salió el martes 25 de julio desde La Quiaca y otras localidades de Jujuy provenientes de la Puna, la Quebrada, las Yungas, los Valles, con destino a la ciudad de Buenos Aires decisión determinada en asamblea ante una crítica situación social en la provincia. Ingresaron el 1 de agosto en una gran marcha para iniciar el reclamo social, hubo mucho destrato y hechos de racismo a las comunidades indígenas jujeñas. A pesar de todo lo que vivieron lograron que en un informe oficial se registre los hechos de junio –agosto en Jujuy y todo el contexto represivo del gobierno provincial que se inicio en el 2015.
El informe de violencia institucional presentado en organismos nacionales que plasman las gravísimas violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Jujuy, y además refleja el laboratorio que inicio Morales en el 2015.
En Jujuy desde el 1 de enero de 2016 está vigente un código Contravencional similar al protocolo de seguridad que anunció la ministra Patricia Bullrich. Esas actas contravencionales solo han logrado disciplinar a la sociedad, callando voces sin dar respuesta real a los reclamos sociales. Solo ha sido para criminalizar la protesta social .