Mientras funcionarios del Ejecutivo provincial defienden la necesidad de la reforma parcial de la Constitución para garantizar nuevos derechos que concuerden a los nuevos tiempos, el trabajo de la Convención Constituyente se está dando a espaldas de la sociedad, por lo que exigen que se abra el debate y la participación.
Fue el organismo de derechos humanos ANDHES que hizo la petición de manera pública, luego que este martes comenzaran las reuniones de las comisiones de la Convención Constituyente.
“Desde ANDHES solicitamos a las autoridades convencionales, la habilitación de canales institucionales de participación ciudadana para presenciar y aportar en los debates que se realizaran en las distintas comisiones de la convención reformadora”, indica el documento.
En total son 10 la comisiones: 2 de carácter funcional - Labor Parlamentaria y Peticiones, además de Poderes y Reglamento- y 8 de Reforma - Redactora; Declaraciones, Derechos, Deberes y Garantías Constitucionales; Nuevas Declaraciones, Derechos, Deberes y Garantías Constitucionales; Educación, Cultura, Salud y Seguridad; Sistema Económico y Financiero y Órganos de Contralor; Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Nuevos Organismos de Rango Constitucional; Poder Judicial, Ministerio Publico de la Acusación y de la Defensa, Consejo de la Magistratura y Juicio Político; y Régimen Electoral y Régimen Municipal-.
Si bien cada comisión permitirá el aporte de especialistas, la voz de la ciudadanía no estará presente en el debate.
En ese sentido, ANDHES replicó “entendemos que un proceso tan importante, significativo e histórico como una reforma Constitucional que implica un nuevo pacto político de convivencia democrática no puede menos que partir de un amplio consenso social y tener una clara vocación integradora. Por ello, se necesita de amplias instancias de consultas y audiencias públicas que reflejen la auténtica expresión soberana del pueblo”.
Asimismo, subrayó “teniendo en cuenta la normativa vigente en materia de Derechos Indígenas, resulta fundamental que en todos los puntos atinentes a las comunidades indígenas se habiliten instancias de consulta libre, previa e informada”, tal como expone el Convenio 169 de la OIT.
Así, ANDHES consideró que este proceso reforma debe ser “dialogado, debatido, plural e inclusivo buscando más y mejores derechos para toda la ciudadanía jujeña, sobre la base del respeto a la diversidad, la dignidad, la libertad, la igualdad y la justicia”.
La exigencia tiene su motivo: cuando se abrió la posibilidad de debatir si efectivamente era necesario la reforma de la Constitución, el Ejecutivo permitió que organizaciones sociales, políticas, de la sociedad civil, sindicatos expresaran sus posturas. Sin embargo, las mismas no fueron tenidas en cuenta y envió a la Legislatura el proyecto de ley sin ninguna modificación.