Familias despojadas de La Quiaca Vieja marcharán a Casa de Gobierno, piden que se restituyan sus tierras

Ya son trece los días que tras ser desalojadas, familias de la comunidad de La Quiaca Vieja viven a la intemperie, despojo que se produjo aún teniendo escritura pública, por lo que mañana martes marcharán a Casa de Gobierno para exigir que se restituyan sus tierras.

Fue el pasado 11 de este mes que cinco familias tuvieron que dejar sus viviendas que, como el caso de Francisca Farfán de Trejo, ocupó más de 50 años. desde aquel día, las familias indígenas conviven al costado de la RNº9 con sus animales. A pesar de haber personas adultas mayores, niños y niñas, la única presencia del Estado se da a través de las fuerzas de seguridad: las familias son vigiladas por policías, además de violentarlas.

Frente a la gravedad de las circunstancias que padecen las familias, la Asamblea de Comunidades Indígenas de Jujuy resolvió el repudiar y rechazar el desalojo “ilegal e ilegítimo del Estado Jujeño y de supuestos propietarios privados para arrogarse la propiedad, la posesión y el uso de tierras pertenecientes a las 5 familias indígenas despojadas”, además de pedir a los tres poderes de la provincia -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- que “restituya con urgencia la propiedad y posesión de las cinco familias indígenas de La Quiaca Vieja”.

Así, la primera acción que llevarán a cabo será la movilización a Casa de Gobierno, por lo que concentrarán a las 9 en Ciudad Nieva y desde allí movilizarán por el centro capitalino hasta llegar a Casa de Gobierno.

Apuntando que las tierras despojadas eran de “habitación y pastoreo” de las familias y que tanto las viviendas como los corrales fueron destruidos por “un operativo policial exagerado y violento”, la asamblea denunció que el desalojo responde a “oscuros intereses económicos extranjeros relacionados con la implantación de un parque solar, una zona franca y emprendimientos turísticos e inmobiliarios, entre otros”. La maniobra para el desalojo incluye a otras familias, herederas de Francisca Sales Burgos, quien hizo la denuncia.

En ese sentido, las comunidades indígenas recordaron que las familias despojadas son “poseedoras de sus tierras desde tiempos inmemoriales y herederas de la propiedad con escritura pública”.