Funcionarios imputados por el avance en Caspalá, entre ellos el ex comisionado y la ex ministra Bovi

El 18 de noviembre de 2022 quedará en la memoria de toda memoria de la comunidad kolla de Caspalá, ese día, las fuerzas de seguridad irrumpieron la tranquilidad del pueblo para hacer cumplir la orden de Gerardo Morales: despejar la cancha comunitaria y así avanzar en la construcción de una escuela, hecho por el cual la justicia federal imputó a 6 funcionarios y ex funcionarios, entre ellos el ex comisionado y la ex ministra de Educación.

Fue ayer en la primera audiencia en la que se formalizó 6 imputaciones por los delitos de defraudación a la administración pública, falsedad ideológica, utilización de documentos falsos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por lo que los acusados podrían obtener una condena de hasta 12 años.

Los señalados por la querella son: José Raúl Torrejón, actualmente Director de Proyectos dependiente de la Secretaria de Infraestructura Educativa; María Cecilia Rotondo, asesora legal del Ministerio de Educación; María Victoria Martínez Fascio, secretaria de Infraestructura del Ministerio de Educación y Diego Ignacio Montenovi, quien se desempeña en la Fiscalía de Estado.

Sin embargo, los nombres que reconocidos son el de María Teresa Bovi, la ex ministra de Educación y Natividad Apaza, quien era comisionado cuando se desató la brutal represión y el único imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Hoy es vocal de la comisión municipal. 

A pesar de ello, las víctimas apuntan al ex gobernador como el principal responsable. “El ideólogo es Gerardo Morales, de hecho, la primera denuncia es contra Gerardo Morales y otros funcionarios. Hay funcionarios involucrados, porque esto no se ha podido hacer sin el concurso de varios partícipes”, consideró Alejandra Cejas una de las abogadas de la querella.

Sobre las imputaciones, la abogada expresó que la sorprendió, ya que indica otro delito que no había tenido en cuenta “ayer se habló de corrupción. Estamos hablando de que se le puede llegar a imputar 12 años a cada uno de los partícipes porque hay defraudación, porque hay falsificación de documento público, o sea, es grave”.

En esa misma dirección, Cejas expuso otro tema que habían pasado por alto, la financiación. “Hasta acá nosotros teníamos a la escuela de Caspalá formando parte del cúmulo de escuelas de PROMACE, entonces decían esto se hace con fondos de la provincia y resulta que no, la escuela de Caspalá se hacía con fondos nacionales, girados directamente desde el Ministerio de Educación de la Nación al Ministerio de Educación de la provincia, con un monto total de la escuela que se tenía el presupuesto de 95 millones”.

Y detalló sobre estos fondos “mandaron 43 millones a un lugar donde no hay absolutamente nada. La plata llegó, pero no hay nada, lo único que hay es daño”.

Es por ello, que la abogada considera que esta expropiación violenta no tuvo otro motivo que intentar encubrir “para no responder por la plata que había recibido el Ministerio”.

Algo similar expuso Silvana Llanés, también abogada querellante: “han mostrado dentro de las pruebas la Fiscalía Federal de que ya se ha desembolsado casi la mitad del monto para la construcción de la escuela, que no existe al día de hoy, porque no han tenido en cuenta y por eso justamente los delitos de falsedad ideológica; han utilizado documentos falsos para poder acreditar la elegibilidad del lugar y en uno de esos (documentos) es muy importante, porque manifiestan los diputados de que no había comunidad aborigen en esa zona”, recordando que además la comunidad kolla de Caspalá está registrada “tiene sus estatutos, tiene su asamblea”, por lo que para avanzar sobre el lugar hubo “una consecución de delitos que se han cometido”.

De esta manera, Llanés también manifestó que irán por la ampliación de denuncias contra otros funcionarios “que han participado de este fraude, de esta corrupción, de este tráfico de influencias, ellos son coautores, participes” y subrayó “vamos a ver la responsabilidad penal que les compete a cada uno. Pero vamos por la cabeza de la serpiente y sabemos quién es la cabeza de la serpiente”, en referencia a Morales.

En paralelo a las imputaciones, la comunidad de Caspalá todavía espera la remediación de la cancha que ordenó la jueza Carina Gregoraschuk. “La jueza en la misma audiencia dijo que nosotros vamos a participar y vamos a tener que estar anoticiados de absolutamente todo lo que se haga en el momento de la restitución, restauración y puesta en valor nuevamente de la cancha al estado anterior, a noviembre del 2022”, expuso la abogada.

Así, la causa por Caspalá se ha convertido en un punto de inflexión para Gerardo Morales que, hasta el momento, no había tenido ningún revés judicial por el avasallamiento de comunidades y familias que se interponían en los negocios que emprendió como gobernador.