Funcionarios que no funcionan y con sueldos que rondan los 8 millones de pesos, el caso de la Auditoria Provincial

Antes de concluir su último mandato, Gerardo Morales envió a la Legislatura un polémico proyecto para eliminar el Tribunal de Cuentas y suplantarlo por una Auditoria Provincial, órgano que hasta la fecha no ha podido aplicar la reconversión de sus funciones, perjudicando así el control de las cuentas públicas. No obstante, los responsables del órgano cobran una sustancial suma en concepto salarial y que ronda los 8 millones de pesos.

En el marco de la movilización de la Intergremial en rechazo al 4% en dos tramos que propuso el Ejecutivo, esta mañana la titular de APOC, Susana Ustárez habló sobre las dificultades que atraviesan trabajadores de la repartición, no sólo por la cuestión salarial, sino también por la imposibilidad de cumplir con las funciones de control que deberían llevar a cabo. “Estamos pasando una situación de conversión que es muy larga, sin avances prácticamente. La verdad que el organismo carece de recursos, por ejemplo, no tenemos un edificio adecuado, no tenemos parque automotor, no tenemos equipos informáticos con la cantidad y calidad necesaria, no hay capacitación interna, salvo la que el gremio provee, no hay carrera administrativa, los reglamentos sacados están plagados de problemas de implementación, no está aprobado ni siquiera un presupuesto, el plan de auditorías para el año que viene no ha ido a la Cámara y la Cámara no está preparada para atender a nuestros informes, a nuestras necesidades”, sostuvo.

En ese sentido, la dirigente lanzó críticas a la Legislatura por haber accedido al pedido de Morales y cambiar el Tribunal de Cuentas por una Auditoría, al considerar que su creación se hizo de manera “irresponsable” para luego “desentenderse, porque en la última paritaria nos dijeron abiertamente que el control no es prioridad de gobierno”.

El rol de la Auditoría es clave: el organismo debe transparentar las cuentas públicas, en las cuales entran empresas estatales como Cannava, JEMSE, Agua Potable, de las cuales hasta la fecha no se sabe nada de sus ganancias. También lleva el control de EJESA y LIMSA, privadas que obtienen incrementos con el avala del Ejecutivo provincial y municipal.

Sin embargo, la conformación de la Auditoría también tiene sus cuestionamientos: la conformación de la misma consta de 5 integrantes, un presidente propuesto por la oposición y 4 vocales generales sugeridos por el Ejecutivo. Si bien es la Legislatura quienes deben avalar dichos nombramientos, el acuerdo que viene sosteniendo el peronismo con el oficialismo, no sólo permitió estos cambios en el Tribunal de Cuentas, sino también con anterioridad la Reforma parcial de la Constitución.

Así, Morales antes de concluir su mandato tomó juramento a Walter Barrionuevo como presidente de la Auditoría General de la Provincia; Nora Millone Juncos, Carlos Alfonzo, René Barrionuevo Lacour, Mariana Bernal, Juan Burgos y Felipe Albornoz como auditores generales; Flavia Ubeid, Luis Sadir, María Guadalupe Vázquez y Jorge Vera como gerentes de la Auditoría General.

Por una labor que todavía no cumplen de forma eficiente, los encargados de la Auditoría perciben sueldos millonarios. “Ellos están adecuados a los vocales de Cámara de la Justicia, hoy están llegando a 8 millones de pesos, mientras los gerentes no alcanzan ni siquiera al 50% de ese valor y que son de carrera, los jefes, los auditores estamos con salarios que rayan la línea de pobreza y tenemos más de 50 compañeros bajo la línea de la pobreza”, reveló Ustárez.

En ese sentido, la dirigente de APOC comparó: “contrasta al reclamo social que hay, hoy todo el mundo habla de auditoría y quién controla, por qué esto no se evitó y nosotros, sin recursos, sin capacitación y sin medios, cuando vamos a pedir mejoras en condiciones de trabajo, en los viáticos, se nos dice que no somos prioridad. Hoy por hoy quieren juntar dinero para pagar deuda, para un bono (de deuda) que no pedimos y que no avalamos o la campaña, está clara que esas son las prioridades y no los trabajadores”, detalló en cuanto a las deudas provinciales adquiridas por el ex gobernador.

La situación parece no querer ser revertida por el gobierno de Sadir, que condena a sus trabajadores con sueldos de pobreza. “La Intergremial ha hecho todo tipo de presentaciones, pero no hay ningún estudio, no hay transparencia, no hay ninguna intención por parte de este gobierno de analizar nada, cuando los guarismos de IPC eran significativos ‘no, no se puede, esto es lo que alcanzamos’, pero nunca dicen de cuánto es la recaudación, no dicen que está juntando en un FCI de más de 170 mil millones de pesos y para qué son esos fondos ‘para pagar aguinaldos, para dar bono’, es mentira, es para pagar deuda, para pagar campaña”, apuntó la sindicalista.

Esa es la herencia que dejó Morales y Sadir, y éste ultimo es quien ahora debe hacer frente a la importante deuda en moneda extranjera para realizar obras como Cauchari, Cannava y el tren solar de la Quebrada y que no cambiaron la matriz productiva de la provincia que tanto se prometió.