Dos disparos al cuerpo y siete a la moto en la que se trasladaba son las pruebas el accionar desmedido de los gendarmes del Escuadrón 21 de La Quiaca que terminaron la vida con Rodrigo Torres y que para comunidades indígenas se trata de un caso de gatillo fácil.
Por la gravedad de los hechos, la jueza federal Carina Gregoraschuk resolvió en una audiencia este domingo la prisión preventiva para los 4 efectivos involucrados: el subalférez Alexander Gunther; el cabo primero Marcos Leonardo Wysniewki; la cabo Juliana Enciso y el sargento Walter Álvarez, siendo este último a quien señala como posible autor de los nueve disparos.
En paralelo, el Movimiento Comunitario Pluricultural -MCP- repudió “el asesinato a quemarropa del joven estudiante Ivo Rodrigo Torres”, además de condenar “la actitud cobarde de cacería por parte de Gendarmería a cargo de Patricia Bullrich” que disparó por la espalda al integrante de la comunidad kolla de Barrancas.
Exponiendo que se trata de un claro caso de violencia institucional, el MCP pidió el cese del racismo y justicia por Rodrigo Torres.
En esa misma dirección, el Parlamento de Naciones, Pueblos y Comunidades Indígenas de la provincia de Jujuy también puso el foco sobre la segregación que sufren como pueblos originarios, por lo que responsabilizaron al gobierno nacional de “instalar discursos e ideologías de odio, racismo, xenofobia, discriminación y aplicar políticas de represión a través de las Fuerzas Armadas, violando los derechos consagrados en la Constitución Nacional que resguardan a las comunidades indígenas en cuanto a su preexistencia. La complicidad del gobierno provincial con su silencio también es grave, porque se ejecutó a alguien que solo trataba de ganarse un sustento, frente a los mega emprendimientos de Cannabis en la finca El Pongo que, dicho sea de paso, significó el desarraigo, desalojo de familias enteras, haciendo abuso del poder en beneficio de las familias oligárquicas de Jujuy”.
Así, el consejo consideró que al joven indígena lo “acribillaron” y repudiaron la “política asesina” de Javier Milei y Patricia Bullrich que terminó con la vida de Rodrigo en la mañana del miércoles último cuando se encontraba cerca de La Quiaca cunado transportaba hojas de coca y turrones, actividad que realizaba para pagarse sus estudios. “Son golosinas y el uso de la coca está habilitado por ley, la coca no es droga”, por lo que expusieron que Torres no estaba cometiendo ningún delito.
De esta manera, las comunidades indígenas pudieron justicia para el joven de 22 años y esperan el juzgamiento de los cuatro gendarmes involucrados y recordaron el rol segregador de las fuerzas con los pueblos aborígenes. “Este hecho no es un caso aislado; desde siempre los indígenas tuvimos y tenemos que soportar el destrato por parte de Gendarmería Nacional cada vez que viajamos o en ocasiones cuando estamos recorriendo las rutas de nuestro territorio. La soberbia, el avasallamiento, son situaciones que día a día se reiteran en los puestos de control o en cualquier lugar donde se hacen estas tareas. Hoy, incentivadas por las políticas nacionales”.