Esta semana, el ministro de Hacienda Carlos Sadir junto a su par de Trabajo Normando Álvarez García anunciaron que durante este mes llamarán a todos los gremios para discutir paritarias, por lo que dirigentes de las diversas organizaciones sindicales apuntan a unificar criterios para lo que será el reclamo a las autoridades gubernamentales.
Referentes de distintos sectores de la administración pública mantuvieron un encuentro para ir definiendo los puntos a negociar, luego de ello realizaron una conferencia de prensa donde explicaron que esperan que la convocatoria sea de forma urgente y pueda impactar en los haberes de febrero, tal como planteó el ministro de Hacienda.
Yolanda Canchi, de ATSA recordó sobre el documento que envió el FAG -Frente Amplio Gremial- el pasado 14 de enero, en el cual exigían la reapertura de las paritarias del 2021 para conseguir una mejora salarial para enero y febrero, meses en los cuales no se aplicaba ningún incremento. En la misma dirección, consideraron el pago de un bono de 8 mil pesos, tal como ocurrió en diciembre.
Además, la sindicalista señaló que la reunión tuvo como principal eje poder aunar criterios en las exigencias y llevar un pedido unificado de todo el sector estatal.
Por su parte, Susana Ustarez, como vocera del FAG expuso que hay un pedido general y otros particulares: “lo general es el salario contra la inflación”, en referencia a la pérdia de poder adquisitivo que vienen perdiendo desde que asumió Morales la gobernación y que ha impuesto incrementos por debajo de los índices de inflación.
Asimismo, apuntó que la urgencia de concretar la discusión paritaria responde a la necesidad de “tener tiempo” para llegar a un acuerdo y que se vea reflejado en los haberes de febrero.
Respecto a los puntos particulares, Ustarez recordó que todavía hay otros temas por resolverse como es el pase a planta permanente (que está previsto por ley), blanqueo de sumas que hasta el momento no son remunerativas, la aplicación de un piso salarial que garantice el salario mínimo vital y móvil para trabajadores de la administración pública, incluido el sector docente.