En horas de la mañana de hoy, gremios docentes debieron asistir a la audiencia de conciliación dispuesta por el Ministerio de Trabajo para que docentes sigan discutiendo con la cartera de Educación, la cuestión de la grilla de calificación, pese a que ayer fue rotundamente rechazada en la jornada institucional.
Ante el reclamo de los sindicatos por la falta de tiempo para poder estudiar y analizar el proyecto, desde Trabajo se concedió un cuarto intermedio hasta el próximo 26 de diciembre, fecha en que volverán a reunirse. De esta manera, el tratamiento en la Legislatura, previsto para el jueves, debió posponerse hasta el 2020.
Si bien parece acertada la posición tomada desde el oficialismo, con la apertura al diálogo, desde el sector docente consideran que no se toma en cuenta la decisión expresada en el día de ayer.
Consultada por Jujuy Dice, Noelia Alfaro, de la Comisión Directiva del Cedems, explicó sobre la audiencia de hoy “nos parece una absoluta falta de respeto por qué el Ministerio sigue ignorando al colectivo docente. El mensaje de ayer en todas las instituciones de la provincia fue muy claro y contundente. Es un NO rotundo a la grilla tal como la presenta el Ministerio de Educación y es un NO a la forma en la que se manejaron estos 4 años, que fue a través del autoritarismo y las imposiciones”.
Además, la dirigente destacó “nunca hubo diálogo ni una convocatoria real a participar a los actores sociales que son los docentes, en cada una de las transformaciones que se llevaron a cabo. Por suerte los docentes reaccionaron a tiempo, y se autoconvocaron gestionado y organizando medidas de acción directa sin esperar que los gremios intermediaran por qué si participación no fue buena ni representativa”.
Por otro lado, Alfaro cuestionó el llamado desde la cartera de Trabajo.” Que el Ministerio de trabajo intervenga no corresponde. Esto se solucionaría derogando la Junta de Clasificación aprobada de igual manera que pretenden hacerlo con la grilla y la grilla en cuestión. Para ello debería abrirse un nuevo proceso de análisis que convoque a todos los actores sociales de la educación y se habiliten los canales, los medios y los tiempos necesarios para dicha actualización o modificación”.
Por último, destacó “lo mismo que sucede en los procesos de conciliación obligatoria, el Ministerio de trabajo no puede ser juez y parte en un proceso que involucra políticas que el mismo estado impone frente al colectivo docente que no comparte dichas políticas ni sus métodos de aplicación”.
Fuente: El Submarino
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